Congreso

El 6 de enero una turba de seguidores de Donald Trump asaltó el Capitolio. >Manuel Balce Ceneta/AP

El compromiso que Puerto Rico tanto ha buscado de parte de EE.UU para que inicie el camino hacia la descolonización es un cuchillo de doble filo. Contradictoriamente, no importa el título de los proyectos de ley recientemente presentados ante el Congreso de EE.UU para trazar el mapa hacia la descolonización de Puerto Rico, ambos reproducen su poder absoluto sobre su territorio colonial. En uno el Congreso aparenta desvincularse inconstitucionalmente “pasando gato por liebre”. En el otro complican exponencialmente la tabulación de los resultados y el acceso directo al liderato del Congreso de EE.UU. Veamos.

Los dos proyectos de ley son un entrampamiento colonial. Ninguno parte de la premisa de la soberanía política del pueblo de PR para autoconvocarse libremente en sus propios términos hacia su descolonización obligando a los EE.UU a respetar su voluntad. Tras 123 años de subyugar su territorio colonial a los intereses del imperio bajo la camisa de fuerza de los poderes plenarios del Congreso, EE.UU so color de “autorizar”, ordena el trámite para descolonizar a Puerto Rico. Implícito en ambos proyectos de ley, se retrata la desconfianza en la capacidad de su territorio colonial en obrar de forma limpia al tomar una decisión trascendental para todas las partes. No obstante, ¿los dos proyectos de ley están libres de truco y treta?

Tanto el proyecto de ley HR 1522 para la “Admisión de Puerto Rico como Estado”, como el HR 2070 para la “Autodeterminación de Puerto Rico” pautan el trámite de un nuevo referéndum para que sus resultados sean vinculantes. Independientemente se esté o no en acuerdo con la forma amañada para lograr una mayoría a favor de la estadidad en el pasado referéndum del 2020, en el HR 1522 dichos resultados no ponen en movimiento la admisión de Puerto Rico como estado. Sin establecer si es por mayoría simple o una súpermayoría de al menos 2/3 partes de quienes ejercerán su derecho al sufragio o la base de los(as) electores(as) registrados, el HR 1522 ordena la celebración de un nuevo plebiscito comprometiéndose a respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Dando otro turno al bate para hacer valer los resultados, se formulará la pregunta: “¿Puerto Rico habrá de admitirse inmediatamente como estado a la Unión”…? (Sec. 7(a), p.8).

Si la “mayoría” en Puerto Rico, favoreciera la admisión, el HR 1522 obvia el mandato constitucional para la ratificación mayoritaria necesaria del Congreso. Abdicando a su poder, el Congreso autoriza al Presidente de EE.UU a promulgar una certificación de los resultados oficiales de dicha votación del referéndum según le comunicase el Gobernador de PR. La proclama del Presidente de EE.UU será lo que conceda la estadidad a PR. “Upon issuance of the proclamation by the President, Puerto Rico shall be deemed admitted into the Union as a State.” (HR 1522, Sec. 7 (c), p. 9). Ello viola el mandato de la Constitución de EE.UU (1787) que dispone: “Nuevos estados podrán ser admitidos (“may be admitted”) por el Congreso a la Unión” (Art. IV, Sec. 3). La interpretación evidente de dicha cláusula es la afirmación que sí se pueden admitir nuevos estados, siempre y cuando sea por el Congreso. ¿Se pretenderá litigar para ampliar la interpretación del alcance de dicha expresión para significar que no es solamente el Congreso quien tiene esa autoridad constitucional? ¿Será el truco para circunvalar la doctrina de que un Congreso no puede obligar al próximo a actuar sobre algo que no es fruto de su aprobación? ¿Será la píldora venenosa que anule el trámite completo? ¿O será que estadistas de Puerto Rico desconocen no solamente la letra, sino los fundamentos filosóficos de la Constitución de los EE.UU? Por otra parte, del trámite encontrarse inconcluso al conformarse el nuevo Congreso en el 2022, requerirá acciones proactivas para deshacer dicho entuerto legislativo, enmendando o derogando dicha ley con aplicación retroactiva. Ello levantaría la roncha del reclamo en contra de la supresión del voto.

Además, cabe la posibilidad que este Congreso, sin enmendar la Constitución de EE.UU, busca liberarse del mandato para viabilizar la admisión final de Puerto Rico como estado. Tal como el Congreso fue atacado por terroristas domésticos que intentaron frenar la certificación de los resultados electorales a favor del presidente Joseph Biden, el HR 1522 expone a la Casa Blanca. Le torna en blanco de ataque para frenar que se promulgue a Puerto Rico como un estado con una composición racial distinta a quienes interesan proteger la “supremacía blanca”. En fin, lejos de perseguir un trámite prístino, ‘ab initio’ el HR 1522 aparenta ser un enigma del truco. (Próximamente analizaremos el HR 2070).