AEE

El pasado 13 de junio, 36 representantes y senadores federales enviaron una carta al gobernador y a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico solicitando que rechacemos el acuerdo preliminar para la reestructuración de la deuda pública de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con los bonistas. La carta fue iniciativa de los congresistas demócratas Raúl Grijalva y Nydia Velázquez.

Nadie dude que en el Senado de Puerto Rico seremos extremadamente rigurosos al evaluar ese acuerdo preliminar. Si no le conviene a Puerto Rico lo rechazaremos, sin contemplaciones. En nuestro caso particular, cualquier transacción final con la deuda pública de la AEE deberá ajustarse a las metas del nuevo marco regulatorio que aprobamos para proteger a los consumidores. El acuerdo, además, deberá viabilizar la transformación más abarcadora y rápida posible de la infraestructura eléctrica para hacerla resistente a las inclemencias de nuestro clima tropical, y proveyendo energía más limpia, eficiente y al menor costo posible. Para que sea viable, el acuerdo deberá ser razonable para todas las partes: trabajadores, pensionados, consumidores y bonistas, pero sin afectar la transformación de la AEE que autorizamos en la ley estatal 120-2018. Un acuerdo con los bonistas es indispensable para lograr la transformación y el mejoramiento de la AEE. Sin un acuerdo a nadie le interesaría la AEE y las consecuencias serían desastrosas para todos.

Nadie pierda de vista que el acuerdo preliminar de este negocio que tanto preocupa a estos congresistas ha sido negociado por la Junta Federal de Supervisión Fiscal, a la que esos mismos congresistas le entregaron todo el poder de administración de esta colonia a través de la ley federal Promesa de 2016. Esa junta está compuesta por siete miembros nombrados por el Congreso sin ninguna participación de Puerto Rico. La ley Promesa, incluso, le otorga a esa junta federal poderes plenarios y por encima de los oficiales elegidos democráticamente por los ciudadanos americanos de Puerto Rico.

Desde que se habló por primera vez de la ley Promesa, levantaba sospechas que varios congresistas —republicanos y demócratas— mostraban más “interés” en los negocios y la eventual “privatización” de la AEE que en otros asuntos más importantes para Puerto Rico, como lo es la descolonización. Inversionistas, empresarios, cabilderos y oportunistas visualizan la AEE como la “joya de la Corona” en Puerto Rico. Merodean el Congreso y las agencias federales empujando sus respectivos intereses. Distinto a los estados de la Unión —donde el servicio eléctrico está privatizado—, la AEE es la corporación pública eléctrica más grande de Estados Unidos, con un monopolio del gobierno estatal que tiene una clientela cautiva de 1.5 millones de consumidores residenciales, comerciales e industriales e ingresos anuales de $3,450 millones.

Esta carta de los congresistas también levanta sospechas. Evidentemente, unos firmaron la carta porque responden a la agenda de los sindicatos que se oponen a cualquier acuerdo que viabilice la transformación de la AEE. Algunos responden a los intereses empresariales que tienen contratos multimillonarios con la AEE y temen perderlos a partir de un acuerdo que culmine con una transformación que los saque del negocio. Mi opinión es que otros firmaron la carta porque se dejaron persuadir por los “cantos de sirena” de aquellos congresistas que tienen intenciones ocultas y que, realmente, nada tienen que ver con el bienestar de Puerto Rico. Con relación a las opiniones de los llamados “expertos” a los que alude la carta para sostener su rechazo al acuerdo preliminar, debo anotar que ninguno es objetivo ni imparcial. Cada experto responde a los intereses de quien le pague.

Sean cuales sean las variadas motivaciones de los firmantes, lo cierto es que el peor negocio que ha tenido que enfrentar Puerto Rico no es con los bonistas de la AEE. Ese está sujeto a revisión. El peor negocio que se le ha hecho a Puerto Rico es la condición colonial que se nos impone hace 121 años, y que nos ha arrastrado a la pobreza, la desigualdad, la privación de nuestros derechos y la quiebra. En cuanto a la prioridad suprema de descolonizar a Puerto Rico, menos de cinco de los 36 congresistas firmantes han dado pasos afirmativos de solidaridad con la descolonización y los derechos de igualdad para los 3.2 millones de ciudadanos americanos que habitamos esta isla. A esos congresistas que nada hacen por los derechos y la calidad de vida de los americanos que sufrimos la más abusiva condición colonial bajo la bandera de nuestra nación, les exhorto a que se preocupen por el tronco del verdadero problema de Puerto Rico, que es el colonialismo, y desistan de perder el tiempo en las ramas. ¡Estadidad, Ahora! Esa es la solución de Puerto Rico.