Código Electoral

Ciudadanos y figuras de la política han llegado hasta La Fortaleza para manifestarse en contra del nuevo Código Electoral.

A pesar de que existen distintas clasificaciones del “carácter”, una definición conceptual sencilla es la manera en que una persona reacciona habitualmente ante las situaciones. Sin entrar en asuntos teóricos entramados, el carácter es la capacidad de mantener las decisiones propias por encima de las circunstancias e influencias externas. Se dice que la persona con un carácter débil es aquella cuya voluntad es fácilmente dominada por otros, se presta para la manipulación y muestra constante ambivalencia sobre sus decisiones.

El sábado pasado, la gobernadora Wanda Vázquez volvió a demostrar cuán peligroso puede ser para nuestro país un gobernante sin carácter. Después de meses en que la mayoría legislativa amasara el proyecto para enmendar el Código Electoral, a pocas semanas de la celebración de las primarias y menos de cinco meses para las elecciones generales, la gobernadora lo firmó a pesar de serios defectos que abren la puerta al fraude electoral.

Esta firma se dio después de que Vázquez asegurara, hace meses, que no aprobaría el proyecto a menos que fuera enmendado y que contara con el consenso de los partidos de minoría y otros sectores políticos con standing. Otra vez, actuó contra su propia palabra.

A raíz de este nuevo desvarío de Vázquez, varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados y Abogadas, entidades políticas como el Partido Popular Democrático y varios precandidatos electorales han expresado que estudian la posibilidad de impugnar el nuevo Código por la vía legal, por entender que afecta y limita los derechos fundamentales del acceso a la democracia a través del voto único, secreto y libre, y por no respetar la intención del elector.

Esta ley no solo interfiere con la intención del elector residente de Puerto Rico de escoger aquellos candidatos que desea que lo representen en el descargo de sus funciones para establecer la política pública del País y administrar sus recursos. También amenaza el derecho de los aspirantes con las competencias necesarias que, en buena lid, buscan limpiamente ocupar puestos electivos y, como resultado de la estafa, podrían resultar derrotados por la vía del truco. Tampoco reconoce la voluntad del elector de votar por un candidato fuera de insignias políticas, y permitiría que personas que ya no residen en Puerto Rico ni aportan con su trabajo e impuestos al desarrollo de la Isla, decidan quiénes gobernarán, legislarán y determinarán el presente y futuro del País. Todo este panorama abre la puerta al fraude y atenta contra la democracia.

A ello hay que sumar las actuaciones sospechosas del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila Rivera, que avaló el nuevo Código Electoral a pesar de afirmar que desconoce cuánto costará la implantación del mismo y cómo operará. No olvidemos que la Comisión arrastra fallas crónicas, incluyendo una base de datos de un universo electoral cuestionable y la falta de confiabilidad por el estado de las máquinas de escrutinio electrónico. A esto hay que añadir la reducción en el presupuesto asignado para este año por la Junta de Control Fiscal de un cuarenta y nueve por ciento, más una insuficiencia en el presupuesto operacional para nómina de seis millones.

Ante la crisis de la Comisión Estatal de Elecciones y sus problemas presupuestarios y operacionales, más el corto tiempo que resta para las primarias y las elecciones generales, es imperativo impugnar este nuevo Código por innecesario y peligroso para la democracia.

Gobernar un país no es juego de niños, pero aún en los juegos de niños existen reglas que nunca se cambian en medio de la competencia, y mucho menos por parte de uno de los jugadores con el fin de robarle el tiro a los contendores con mejor capacidad y rendimiento. Esto no se trata únicamente de un atentado antiético, inmoral y vil contra la voluntad de la mayoría -a saber con qué intenciones-, sino un comportamiento que solo se observa en los países donde rigen las dictaduras que buscan dominar al pueblo a la fuerza para menoscabar el pluralismo y las libertades adquiridas a través de la historia.