La Fortaleza

Puerto Rico ha venido atravesando por una etapa de deterioro económico y social con pocos precedentes en su historia. En la actualidad, y sobre todo a partir de la crisis económica y fiscal que enfrenta el País desde 2006, se constata una creciente preocupación por el aumento en la apatía política y cívica por la desconfianza y la falta de credibilidad en las instituciones gubernamentales y por el incremento de los casos de corrupción. Es evidente que la reciente salida de la secretaria de Educación y del presidente del Banco de Desarrollo Económico por posibles actos de corrupción vuelve a poner en el centro de la discusión pública las debilidades de las instituciones gubernamentales y la negligencia en el manejo de los recursos fiscales.

Las cortinas que esconden los secretos y la información de interés público han dado paso a las posibles actividades ilícitas que se apartan de los más altos estándares de transparencia gubernamental y han permitido las deficiencias en las contrataciones y las debilidades en el proceso de selección y nombramiento. En este contexto, la falta de información y la irresponsabilidad fiscal no han permitido que los ciudadanos conozcan de primera mano cuáles son las prioridades de política pública, el detalle de las contrataciones, las asignaciones y reasignaciones presupuestarias y han propiciado un proceso de fiscalización débil e inadecuado.

Continuamos observando la opacidad y la discrecionalidad con que se formula y se ejerce el presupuesto, moviendo recursos sin definir las necesidades esenciales y sin rendirle cuentas a nadie. Esta práctica malsana ha permitido que, por ejemplo, el presupuesto de La Fortaleza aumente en menoscabo de los servicios esenciales y el gasto de publicidad oficial crezca cada año, aunque en el presupuesto que presenta el Ejecutivo se presupuesta menos, pretendiendo dar a entender que se redujo, pero luego se incrementa de manera discrecional y sin rendir cuentas.

Todos estos males podrían evitarse, en gran medida, si la ciudadanía tuviera posibilidades reales de acceder, de forma rápida y sencilla, a la información pública, lo que permitiría una mejor fiscalización de la gestión gubernamental. Por décadas los ciudadanos han dejado claro sus demandas de transparencia y mayor y mejor acceso a la información, así como su interés de participar en los asuntos públicos. El problema es que no puede haber mejora en la transparencia y la responsabilidad fiscal si no hay un compromiso serio de mejorar las capacidades de gobernanza y del manejo correcto del gasto púbico.

Para alcanzar resultados positivos es esencial adoptar un marco regulatorio que establezca normativas claras de transparencia para la construcción del buen gobierno; abrir espacios para la inclusión ciudadana en la formulación de las políticas públicas y del presupuesto y elevar las capacidades de gobernanza. En este sentido, el objetivo es crear un nuevo marco de gobernanza pública y una arquitectura estatal renovada que permita construir a todos los niveles instituciones transparentes, eficaces, responsables e inclusivas que rindan cuentas por los resultados de su gestión. Es apremiante que el ciudadano, que es el verdadero dueño de la información, se apodere de los datos para transformarlos en nuevo conocimiento para cogobernar y fiscalizar la gestión gubernamental. Los datos de libre acceso y de fácil lectura pueden ser usados por la sociedad, la academia y los medios de comunicación para participar en la toma de decisiones gubernamentales con el fin de propiciar mejores respuestas a las necesidades de la población.

Orientar la acción gubernamental al logro de resultados que atiendan las necesidades esenciales de la población y medir el impacto y los beneficios generados en la calidad de vida de la gente obliga a romper con una serie de prácticas inadecuadas en la actuación del gobierno, lo que, a su vez, permitiría instalar una nueva ecuación para cambiar la premisa tradicional de que el gobierno controla la información al interior de sus instituciones porque la información es igual a poder. La verdadera oportunidad que tiene el País para mejorar la gobernanza y fortalecer la democracia es la adopción de políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas que atiendan de raíz las posibilidades de esconder la negligencia en el desempeño de las funciones gubernamentales y los malos manejos de las finanzas públicas.

Para erradicar la corrupción que empobrece nuestro país y nos afecta a todos es necesario romper con el círculo vicioso de la desinformación y el despilfarro y adoptar la transparencia como el instrumento más efectivo para retomar el desempeño económico y la calidad de vida de la sociedad. Solo así llevaremos el mensaje de que no se tolerarán ni el clima de desinformación ni las prácticas de corrupción.

Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa