Jesús Santa

El gobierno ha declarado un estado de emergencia con amplias restricciones a los derechos civiles y constitucionales amparándose en la pandemia ocasionada por el coronavirus. La inmensa mayoría de los puertorriqueños nos hemos ceñido al mismo, muchos sin cuestionar que este encierro no responde a las recomendaciones de las autoridades de salud internacionales ni la experiencia de los países que han enfrentado con éxito los contagios y las muertes asociadas con el virus. Estas medidas son punitivas e irracionales, especialmente en el marco de la falta de juicio y abuso del poder de este gobierno, pues nada tienen que ver con controlar los contagios y las muertes.

Desde que fue conocida la existencia de este virus, los países tomaron controles para identificar contagios y minimizar las tasas de infectados y letalidad. El enfoque de los que más éxito han tenido fue la administración temprana de pruebas, el seguimiento de contactos, el aislamiento de positivos y sus contactos, el lavado de manos y uso de mascarillas, y el distanciamiento social. En ese orden.

En Puerto Rico, el gobierno optó por hacerlo al revés, implantando como primera opción el aislamiento social y medidas altamente punitivas, tan confusas desde su arranque que han requerido ser aclaradas en más de diez ocasiones.  

Esta decisión hubiera estado justificada si junto al aislamiento social se hubieran administrado, desde hace un mes, las pruebas para la detección de los contagios y el rastreo de contactos. Pero, las pruebas no llegaron, porque el gobierno prefirió comprarlas a precio exhorbitante a unos amigos donantes del Partido Nuevo Progresista sin cumplir con especificaciones federales ni contar con suplidores validados para que estas llegaran con celeridad para minimizar los contagios y las muertes. Gracias a la intervención de la prensa, la misteriosa orden fue cancelada, pero a un mes del encierro, seguimos sin las pruebas.

Datos disponibles en la herramienta de búsqueda Worldometer validados por epidemiólogos del País, prueban de forma irrefutable que, lejos de estar controlada la crisis en Puerto Rico, la tasa local de letalidad es la misma que la de uno de los países más afectados por el virus, España, y ambos se colocan en un cuatro por ciento.

Todo esto sucede mientras se corrobora científicamente que el encerramiento de los ciudadanos durante el pasado mes no detuvo los contagios ni las muertes. De acuerdo con Worldometer, temprano esta semana el promedio de pruebas administradas en Estados Unidos fue de 5,855 por cada millón de habitantes. En Puerto Rico solo se habían administrado 1,628 por cada millón de personas. Con esto, la Isla se coloca como la segunda jurisdicción de todos los Estados Unidos que menos pruebas de detección ha administrado entre sus estados y territorios. 

Otro dato revelador es que, mientras la cantidad mundial de contagiados por cada millón de habitantes ronda los 175, en Puerto Rico llegamos a 180 por millón, echando por tierra la estrategia del gobierno de encerrar a todos los ciudadanos sin recurrir también a la administración de pruebas, el rastreo de contagios y el aislamiento preventivo.

La ausencia de criterios respaldados por verdaderos peritos en el manejo de esta crisis de salud resultará en más contagios y muertes, y en un colapso sin precedentes de la economía del País, que ya reporta un aumento en la pérdida de empleos, el cierre de empresas y la pérdida de capital. 

Y todavía falta lo peor, porque las complicaciones asociadas con esta crisis están por venir, y los responsables ocupan los puestos más altos en el gobierno y sus grupos de asesores, quienes antepusieron sus intereses políticos y personales por encima de la vida humana, cuando optaron por ordenar un millón de pruebas a sobreprecio para beneficiar un grupo de contribuyentes políticos, y las mismas nunca llegaron. Esta decisión, evidentemente motivada por los intereses más viles y repudiables, acarrearán consecuencias de rango criminal en un momento en que el pueblo se encuentra en su punto más vulnerable en los últimos años.

En esta ocasión, esperamos que todos los responsables enfrenten la justicia.