Legislatura

En un momento de crisis recurrente, reducción de la confianza pública en el gobierno y el aumento de la desigualdad, es evidente que el progreso en la transparencia que requiere el País no se ha materializado aún. La reincidencia del deterioro del proceso presupuestario es patente. Continuamos observando las grandes brechas en los niveles generales de información del presupuesto público, la exclusión de la ciudadanía en las etapas del proceso presupuestario, no hay coincidencia entre las prioridades y las asignaciones presupuestarias del Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal y la Legislatura no tiene prácticas adecuadas para su formulación, supervisión y fiscalización.

En el ámbito gubernamental, el proceso presupuestario se compone de un conjunto de etapas cíclicas: (1) formulación; (2) discusión y aprobación; (3) ejecución; y (4) evaluación y control. Mediante la formulación del presupuesto se busca establecer un plan de acción social, determinar las necesidades que han de ser satisfechas y racionar los recursos limitados de manera eficiente. De igual modo, el proceso presupuestario en sí mismo es el centro de la asignación de recursos, por lo que resulta indispensable elaborarlo con una mirada de largo plazo, que integre objetivos estratégicos entrelazados con metas de desarrollo.

La insuficiencia de la información que publica el gobierno sobre el gasto, los ingresos y la ejecución y evaluación de los resultados es un desafío a la transparencia que debe ser superado. Los presupuestos públicos son considerados la piedra angular de la arquitectura de la confianza de la sociedad en la que la existencia de una economía transparente es un elemento clave de bienestar y de seguridad. Un presupuesto eficiente es aquel que aboga por la estabilidad fiscal y está basado en un plan estratégico donde las actuaciones gubernamentales siguen unos objetivos.

La histórica opacidad de las decisiones presupuestarias de los gobiernos y las administraciones públicas, el incremento de las necesidades de transparencia fiscal y el deterioro económico-fiscal ha profundizado las carencias de la población y la ampliación de las brechas sociales y económicas que continuamos enfrentando. Estas deficiencias son preocupantes porque para elevar el nivel de vida, el gasto público debe producir resultados para mejorar el bienestar de la sociedad.

En este contexto, el presupuesto público de este año es más crucial que nunca. Tiene una dimensión extraordinaria por tratarse de un proceso que se lleva a cabo en el contexto de la pandemia del Covid-19 que, en el caso de Puerto Rico, estuvo precedida por las catástrofes ocasionadas por los huracanes Irma y María y la crisis político-administrativa que vivimos. Las carencias que provocaron estos eventos revelan los problemas subyacentes mayores asociados con las dificultades económicas, la desigualdad y la percepción de la corrupción. Es evidente que cuando la población percibe que se amplían las divisiones y se benefician solo a unos pocos, los ciudadanos exigen una transformación que brinde mayor equidad y demandan tener una voz en las políticas que afectan sus vidas.

Por ello, la amenaza a la salud pública, el daño a la economía y la interrupción de la vida cotidiana provocada por estos eventos hace que sea aún más urgente que el gobierno atienda el llamado a aplicar políticas presupuestarias que mitiguen los efectos nocivos causados por estos eventos catastróficos y adoptar procesos presupuestarios que restablezcan la confianza pública y forjen un futuro más inclusivo. Existen indicios claros de la importancia creciente del proceso presupuestario para mejorar la comprensión del deterioro económico y social del País.

Los estudios de investigación del Centro de Gobernanza han advertido por años la necesidad de propiciar una mejor articulación y alineación entre la planificación estratégica, el presupuesto y la gestión orientada hacia los resultados para mejorar la calidad y la eficiencia en la gestión de los asuntos públicos. De hecho, estos estudios empíricos han planteado que la falta de visión estratégica y el énfasis al corto plazo propicia la ausencia de una clara definición del rol y las políticas de Estado, lo que dificulta aún más la adopción de políticas públicas que permitan afrontar las reformas estatales de carácter estructural necesarias y ha agudizado los problemas relacionados con la gobernabilidad y las capacidades institucionales del sector público.

En el contexto actual, es impostergable mejorar las prácticas de transparencia presupuestaria como herramienta clave para potenciar la economía y atender la lucha contra la desigualdad. Cuando las personas comunes tienen acceso a la información del presupuesto junto con las oportunidades de participar en el proceso presupuestario el compromiso resultante entre el gobierno y los ciudadanos puede conducir a mejoras sustanciales en la gobernanza, elevar la calidad en la prestación de los servicios y combatir la corrupción.

Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa