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De ordinario, el último día de clases evoca mucha emoción para las y los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Se despiden acaloradamente las amistades, se agradece la labor del profesorado y se le da la bienvenida al verano, que traerá consigo un muy merecido ocio o alguna experiencia extracurricular. Pero este año, el anuncio del último día de clases llegó temprano para las y los residentes del programa de neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas, quienes en abril se enfrentaron no al fin del semestre, sino al fin de su programa.

El programa de neurocirugía perdió su acreditación pues deficiencias presupuestarias ocasionaron una escasez de personal de apoyo e impidieron la adquisición de equipo crítico para sus labores. Suficiente se ha reseñado ya sobre el nefasto impacto que tendrá esto para el cuidado médico en Puerto Rico y para las y los integrantes del programa. Lo que quizás algunos no entienden todavía es que ese mismo futuro enfrentan otros programas y recintos enteros de la UPR si continúan los recortes presupuestarios a esta institución pública.

Los últimos años han sido devastadores para la UPR en términos fiscales. El presupuesto del fondo general para el año fiscal 2017-18 supuso una reducción de $164 millones en las asignaciones presupuestarias a la universidad comparado con el año anterior. Esta reducción de por sí representaba casi una quinta parte, o el 18.81%, de las aportaciones del gobierno central. Los dos años fiscales que le siguieron supusieron recortes de $62 millones y $84 millones, representando en conjunto otra reducción de 21%. La magnitud de estos recortes sería paralizante para cualquier institución; en el caso de la UPR la mantiene en un estado de decaimiento y sin recursos para reclutar profesores y fortalecer sus programas.

Pero eso no es todo. El presupuesto propuesto por la Junta de Control Fiscal para el próximo año fiscal contempla otra reducción de $94 millones, o de 16.79% comparado con el año fiscal corriente. Y desafortunadamente, el liderato legislativo ha asumido una actitud de sumisión a la Junta de Control Fiscal, aceptando a grandes rasgos la inminencia de esos recortes y optando por alternativas irreales para “mitigar” sus efectos a corto y largo plazo. Por su parte, la comunidad universitaria lleva advirtiendo hace años sobre la amenaza existencial que suponen los recortes sostenidos a la UPR.

En el recinto de Río Piedras, el aumento insuficiente de plazas —solo 32 concedidas de 204 solicitadas— pone en riesgo la calidad de la enseñanza y el desarrollo de sus programas académicos. Y en 2018 la Middle States Commission on Higher Education puso en probatoria a los once recintos precisamente debido en parte a la inestabilidad fiscal que representa sostener recortes anuales de decenas y cientos de millones de dólares. De más está decir que la nueva reducción de $94 millones a la UPR contemplada en el presupuesto propuesto por la Junta imposibilitará evidenciar estabilidad fiscal en los próximos años.

La Junta ha justificado las sucesivas y drásticas reducciones al presupuesto de la UPR con proyecciones de concomitantes reducciones en la matrícula. Pero la reducción en la matrícula no es la causa de los males de la UPR, es el efecto. Sin duda, ante los aumentos en los costos de estudio y el debilitamiento de la oferta académica, menos jóvenes optarán por estudiar en la UPR. En ese sentido, la reducción proyectada en la matrícula no es una variable irremediable, es más bien una decisión política por parte de la Junta que promete ser desastrosa para el sano desarrollo de Puerto Rico.

No siempre fue así. La Ley Núm. 2 de 1966 le garantizaba a la UPR un porciento fijo de los ingresos del Estado y así reconocía el importante rol de la educación pública para el desarrollo social, económico y cultural. Esa perspectiva de la UPR como servicio público esencial y como inversión —en vez de gasto— hace mucha falta en 2021. Pues si no asumimos un compromiso contundente con la UPR y no presentamos un frente común contra los últimos recortes presupuestados por la Junta, muchos programas y recintos enteros podrían enfrentarse pronto a su último día de clases. No lo permitamos.