Domingo Emanuelli
Domingo Emanuelli, secretario del Departamento de Justicia. >Archivo/EL VOCERO

En esta semana trascendió la noticia de que el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) acudirán al Tribunal Supremo federal para solicitar la entrega de las grabaciones realizadas cuando Andrea Ruiz Costas acudió en dos ocasiones a los tribunales de justicia de la ciudad de Caguas en busca de protección ante supuestos actos de violencia de género.

Esas dos entidades periodísticas crearon la Alianza Pro Transparencia para acudir al tribunal de mayor jerarquía en EE. UU. La familia de la fenecida Andrea está de acuerdo con la gestión periodística.

La fiscal de Caguas, Aracelis Pérez, escuchó la grabación y expresó que había suficiente evidencia para tomar una medida cautelar. La jueza Ingrid Alvarado Rodríguez le habló fuerte a Andrea y al agente de la Policía, Ernesto Zayas.

El 5 de mayo de 2021 la familia de Andrea le solicitó al tribunal que entregaran copia de las grabaciones. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, directamente por un auto de certificación, asume jurisdicción sin pasar por el Tribunal Apelativo y en votación de 5 a 3 decide que esas grabaciones son confidenciales, que no se pueden divulgar. Esa acción del Tribunal Supremo local levanta sospechas ante la ciudadanía con relación a la falta de transparencia y a la abierta protección hacia otros miembros de la judicatura.  Se comprueba que un juez no opinará en contra de otro juez, ni evaluará su actuación excepto en una apelación. 

El Tribunal Supremo federal solo acepta 1% de todos los casos que le son sometidos. Pero existen antecedentes con relación a la libertad de expresión en Puerto Rico. Es conocido que una de las mayores contribuciones de Gaspar Roca, además de fundar el periódico EL VOCERO, fue la de apoyar juicios a favor de la libertad de expresión. Gaspar Roca logró que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarara inconstitucional la regla del poder judicial de Puerto Rico que le prohibía a la prensa participar en más de 30,000 audiencias preliminares a puerta cerrada al año. En 1992 obligó a los candidatos políticos a hacer públicas sus finanzas personales.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, expresó que no irá en contra de la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico; estará defendiendo la ausencia de libertad de expresión según decidido por ese tribunal.

Aunque la Oficina del Procurador General, unidad adscrita al Departamento de Justicia, defiende a los oficiales gubernamentales, incluyendo a los jueces, también la función del secretario de Justicia es defender a los ciudadanos del País. Así lo expresó el licenciado Emanuelli antes de su confirmación e indicó que podía someter hasta al gobernador a un proceso de investigación. Pero el licenciado Emanuelli le teme al poder de los jueces del Tribunal Supremo, por lo que accederá a defender su postura ante la demanda de los grupos periodísticos ante el Tribunal Supremo federal.

Si el Tribunal Supremo federal falla a favor de la libertad de expresión, el Tribunal Supremo local y el secretario de Justicia recibirían un rudo golpe a su prestigio y credibilidad ante el pueblo de Puerto Rico.  

En un gobierno de tres poderes, el poder ejecutivo es el que hace la política pública y ejerce más poder que los otros dos poderes. El ejecutivo es el que designa a los jueces del Tribunal Supremo y estos son confirmados por el Senado. Por tanto el gobernador, si se atreviera para salvar a su secretario de Justicia, puede ordenarle que no intervenga en la defensa de los jueces del Tribunal Supremo. Aunque la rama judicial es la más débil, en Puerto Rico es la más temida.

Médico y exsecretario de Salud de Puerto Rico