prueba coronavirus

En emergencias de la magnitud del coronavirus que vivimos, la transparencia de la información que se genera adquiere un lugar protagónico para atender exitosamente la emergencia. La articulación para una respuesta eficiente y transparente precisa de capacidad institucional, de un sistema robusto de información y datos de vigilancia de casos y de los recursos disponibles del sector de la salud que permita una planificación y ejecución eficaz para atender los incrementos en la demanda de servicios, mitigar riesgos, salvar vidas y desalentar la corrupción.

En esta instancia, para asegurar la administración eficiente de los recursos públicos, el presupuesto designado para atender la emergencia debe ser administrado bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia e imparcialidad según lo establecen las guías de los organismos internacionales. Además, la información sobre las compras y las contrataciones en la emergencia deben publicarse en formatos abiertos y asegurando su accesibilidad para diferentes tipos de audiencia y estandarizando su contenido.

No obstante, vemos que la falta de claridad y de transparencia en el manejo de esta emergencia de salud pública impide vigilar el problema, generar respuestas efectivas, y contar con la información que necesita la comunidad científica para tomar decisiones, hacer proyecciones y salvar vidas. Las denuncias más recientes sobre las irregularidades y posibles actos de corrupción en las compras y las contrataciones han puesto de manifiesto la punta del iceberg de lo que debemos considerar como uno de los problemas más serios que enfrenta la gobernanza pública en nuestra democracia. Muchas de estas denuncias revelan modalidades ya conocidas y recurrentes de corrupción administrativa y política.

Hemos llegado a la paradoja donde las soluciones gubernamentales están creando mayores problemas que los problemas originales. Continuamos viendo que las malas decisiones públicas surgen por la ausencia de estrategia adecuada y la falta de capacidad institucional. Se apuesta a soluciones parciales, en principio acertadas, para enfrentarse a un problema y acaban por generar dificultades mayores por no tener en cuenta los posibles efectos secundarios en otros sectores.

Ciertamente, Puerto Rico se encuentra en una peligrosa encrucijada donde las actividades corruptas en la administración pública son un elemento estructural de la crisis política y administrativa que vivimos. El sistema de salud ha sido una de las modalidades más frecuentes del fenómeno de la corrupción del ejercicio de poder público. Pero en estos momentos se trata del tipo de corrupción que más atención y medidas de actuación requiere. Enfrentamos uno de los retos de salud más importantes de nuestra historia con un sistema de salud frágil, desarticulado, sobrecargado y con baja rotación de equipos, infraestructura y suplidos. Siempre ha existido corrupción en múltiples ámbitos, pero nunca ha sido tan nociva para la sociedad y para el sistema democrático.

Ante este panorama de corrupción percibida en el espacio de la política y la administración pública, como sociedad tenemos que realizar un esfuerzo serio y concertado para configurar una agenda pública para cambiar el rumbo del País. La lección básica y primordial es volver al camino original de la política que es la que los gobernantes deben estar al servicio de las necesidades del pueblo. Es decir, los gobiernos solo tienen legitimidad si cumplen su propósito y el Estado debe trabajar para la sociedad.

En suma, enfrentar la paradoja exige darle un giro a las prácticas y las conductas de los gobernantes hacia el buen gobierno. Para ello se tienen que dar ciertas condiciones sine qua non para mejorar la gobernanza y desarrollar las capacidades institucionales que requiere el momento presente. El País no puede avanzar si su sistema de gobernanza, sus partidos políticos, su economía, su ecosistema empresarial y su desarrollo social sigue anclado en el pasado y no afronta los cambios y las reformas de sus instituciones, sus estructuras y sus procesos.

El momento histórico que vivimos nos obliga a entender que la función pública debe de estar libre de ataduras políticas para que realmente sirva a los intereses de los ciudadanos y de la sociedad, no de los partidos políticos. Se requiere que estas instituciones se replanteen cuál es su responsabilidad en la sociedad y erradiquen las malas prácticas administrativas y de gestión que tanto daño le han hecho a la administración pública.

Por ello en 2020 debemos actuar para superar el liderazgo fallido de los gobernantes de las pasadas décadas que amenaza con continuar restándole capacidad de transformación al País. Las lecciones aprendidas nos deben convocar como sociedad a configurar la capacidad de gobernar para construir un futuro mejor.

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Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa