Colectiva Feminista

La Colectiva Feminista en Construcción ha realizado una serie de manifestaciones en los pasados meses.

El flagelo de la violencia de género que tantas vidas ha cobrado y mutilado, ha llegado a una crudeza tal que podría afirmarse que —por décadas— Puerto Rico ha albergado un estado fallido, sin fuerza, sin sensibilidad social y sin voluntad en materia de protección y seguridad de la mujer.

Por eso, sin importar cómo haya sido designado, el estado de “alerta nacional” que en derecho ha decretado la gobernadora Wanda Vázquez Garced para enfrentar la epidémica cruzada machista contra las mujeres, debe elevarse, de hecho, a la altura de una emergencia nacional.

Si los componentes de esta estrategia de seguridad, de educación y de transformación no entran al ruedo con esta visión y mentalidad, el proyecto que se articula por mandato ejecutivo y a petición de los grupos de mujeres y múltiples sectores del País, correría el riesgo de quedarse en el camino… como un proyecto natimuerto.

Para evitarlo, es necesario que la gobernadora de inmediato exija rendición de cuentas sobre el cumplimiento con sus directrices, a sabiendas de que —ante una crisis como esta— son las acciones proactivas y los resultados los que pueden salvar vidas y crear un marco de seguridad en esta población azotada por la violencia machista.

En componentes como los departamentos de Justicia, de Educación y de la Familia, así como los cuerpos policiales y otros, recae la enorme responsabilidad de ponerse las botas ya, sin caer en las trampas burocráticas que lo dilatan todo.

La realidad de la violencia machista en Puerto Rico es muy trágica.

En menos de una década —entre enero de 2010 y agosto de este año— 171 personas, 150 de ellas mujeres, han perdido la vida en incidentes de este tipo. Aunque otras están pendientes de lo que arrojen las investigaciones, solo en lo que va de este año nueve mujeres han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas.

A su vez, 93,257 casos de violencia machista fueron reportados entre enero de 2010 y diciembre de 2018, de acuerdo a estadísticas del Negociado de la Policía manejados por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Pero, esa no es toda la magnitud del problema, toda vez que, por años se ha documentado el hecho de que, por cada delito reportado en la Isla, por lo menos 10 no lo son.

Estas cifras no son simples estadísticas. Son mujeres asesinadas. Son mujeres física o emocionalmente heridas. Son familias destrozadas.

Urge entonces detener esta vorágine. Y hay que hacerlo por varias vías.

En primer lugar, tiene que reeducarse y movilizarse de inmediato todo recurso de respuesta rápida, porque muchos casos han terminado en tragedia por la falta de una intervención gubernamental a tiempo o por la ausencia de una alerta de la familia o la comunidad.

El procesamiento criminal y la aplicación de mecanismos verdaderamente de protección de las víctimas o potenciales víctimas debe asumirse como un asunto de vida o muerte.

Siendo la violencia de género en el País un problema también de salud pública, es necesario poner mucho rigor en la prevención a través de la educación temprana y la reeducación.

Porque de la misma manera que se deben aplicar programas de rehabilitación y reeducación de los agresores, es imprescindible la ejecución de programas en todos los niveles de la educación pública y privada, que forjen en nuestros niños, niñas y jóvenes una consciencia de igualdad entre el hombre y la mujer.

Creemos que el estado de alerta nacional decretado por la gobernadora debe ser seguido, en todas sus fases, en concurso con organizaciones de mujeres, como la Colectiva Feminista en Construcción y otras, que han llevado el liderazgo en la propuesta de una estrategia social y gubernamental contra el crimen de la violencia de género.