Constitución

En la imagen la urna de la Constitución en la Rotonda del Capitolio.

Los tiempos en los que la democracia se satisfacía solo con llevar a cabo elecciones periódicas y una rendición de cuentas limitada han quedado en el pasado. Es amplio el consenso general de que la buena gobernanza va unida a procesos y resultados indispensables para la gobernabilidad. Podemos convenir que una democracia es gobernable cuando los gobernantes toman y ejecutan decisiones que son aceptadas por la ciudadanía. Los gobiernos tienen legitimidad cuando la población percibe que la clase política antepone sus intereses particulares al bien común y evalúa como eficaces las políticas públicas adoptadas para resolver los problemas que le afectan.

Sin embargo, en Puerto Rico no ha sido posible gestionar y resolver la complejidad de los problemas públicos por un andamiaje de hacer gobierno que está obsoleto, anquilosado y desgastado. Hemos vivido por años sin tomar decisiones prioritarias para atender las necesidades sociales. No porque no sepamos que hay que tomarlas, sino simple y llanamente porque no hay la voluntad de tomarlas, no hemos formulado la visión de país y acordado las metas colectivas compartidas que nos movilizarán a alcanzarlas y no se generan los consensos necesarios para implantar los cambios. En el sector público todos sabemos lo que no funciona; que no hay recursos para hacerlo todo; que las instituciones no tienen el nivel de calidad mínimo aceptable; todos sabemos dónde hay duplicidad y redundancia; y dónde hacen falta más recursos. La pregunta es, ¿dónde está la voluntad de tomar las decisiones que, todos sabemos, que tendremos que tomar tarde o temprano?

Los resultados de los estudios de investigación del Centro de Gobernanza han subrayado que la falta de focalización y rigor en la articulación de las decisiones que se dan como parte de la progresiva politización han generado disfuncionalidad en el proceso de gobernar, lo que afecta la orientación de largo plazo de las políticas públicas. Esto crea las condiciones para que los marcos institucionales y jurídicos sean eludidos, distorsionados o modificados de acuerdo con los intereses de los grupos involucrados en los procesos de decisión con sus respectivos matices sectoriales y político-partidistas. Se suma a esto la falta de capacidades y competencias administrativas y directivas, el alto costo de la operación del aparato público y la alta tasa de rotación de los funcionarios políticos que cambian luego de cada elección, haciendo el entorno aún más inestable y costoso.

Por el contrario, la realidad económica y social que vivimos hace imperativo gestar una nueva forma de gobernar. A diferencia de épocas pasadas en las que las soluciones surgieron de la clase política que luego se responsabilizó por gobernar a la altura de los tiempos, en esta ocasión este sector se ha convertido en el problema. Hoy día el quehacer de lo público no se trata solo de acciones gubernamentales, sino de fortalecer lo colectivo, lo de todos, con plena conciencia, con derechos y responsabilidades de todos los implicados para satisfacer las necesidades de la sociedad.

La acción de gobernar en nuestros tiempos es un proceso interactivo, en el que fluyen nuevas fuerzas, nuevos espacios de articulación y colaboración para trabajar en redes. Ningún actor, público, privado o ciudadano, tiene las capacidades, los conocimientos o recursos suficientes para resolver por sí solo los problemas de la sociedad. Esta realidad puntualiza la interdependencia entre las instituciones y actores que intervienen el proceso de gobernanza de los asuntos públicos. Es por ello que la gobernanza trae al terreno de juego una nueva forma de relaciones entre lo público, lo privado, lo no gubernamental y los ciudadanos.

En suma, el buen gobierno que Puerto Rico necesita debe definir una ruta de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser eficaz, honesto y austero y tener la confianza del pueblo, capacidad de negociación política y herramientas claras y transparentes para lograr mejores resultados para la sociedad en general en forma ágil y con responsabilidad fiscal. En este nuevo contexto a la ciudadanía le corresponde asumir un papel activo en la solución de los problemas y fiscalizar al gobierno. El sector privado debe generar actividad económica, riqueza, crear empleos, hacer inversión social y asumir la responsabilidad por la prestación de aquellos servicios que el gobierno no tiene la capacidad de prestar y costear.

Si como país logramos elevar las exigencias respecto a las capacidades, competencias e integridad de los gobernantes que elegiremos en el proceso electoral que se avecina y no nos dejamos deslumbrar por la hueca retórica electoral y la propaganda mediática, podemos convertir las elecciones de 2020 en una verdadera oportunidad para instituir una nueva forma de gobernar.

Para más información puede visitar nuestros portales en la web gobernanzapr.org y puertoricotransparente.org.

Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa