Facebook

>Richard Drew/AP

El final de esta semana sorprendió con la disputa pública entre la red social Facebook y el gobierno de Australia. La misma se suscitó a través de la consideración de una legislación pendiente de debate y posible aprobación que requeriría de las redes sociales pagar por el contenido de medios tradicionales —televisión, prensa impresa y radio— en sus páginas. Énfasis en consideración; la legislatura australiana delibera sobre el proyecto que, según el Wall Street Journal, goza del apoyo de los principales consorcios mediáticos de ese país, al mismo tiempo que recibe críticas de otros sectores económicos. La queja del gremio patronal Australia Industry Group se centra precisamente en que la legislación privilegia a los medios por encima de otros sectores. Pero ese no es el centro de la polémica, sino la desafortunada reacción de Facebook a la acción formulada desde el poder público.

La red social decidió remover páginas de conjuntos mediáticos a nivel nacional este pasado jueves. Ese día, los australianos encontraron páginas en blanco en el lugar donde su periódico, noticiario televisivo o estación de radio favorita publicaba su contenido. Igualmente, si algún usuario intentaba publicar directamente un enlace a uno de estos medios de comunicación, se encontraba con un mensaje de que no podía hacerse. El castigo evidente, la presión obvia de Facebook al gobierno australiano se revirtió agriamente cuando las autoridades y el público en general se percataron que el ‘blackout’ no era solamente para los medios de comunicación. Los perfiles de Facebook de las agencias del gobierno en Canberra —la capital australiana, no es Sidney ni Melbourne— también desaparecieron. El trago amargo que siguió fue considerable. De pronto, información de interés público, especialmente aquella que mantiene a la ciudadanía informada en medio de la pandemia de Covid-19, no estaba disponible. El acto —desaconsejable y prepotente— deja lastre y consideraciones sobre el rol de las redes sociales en lo que el filósofo alemán Jürgen Habermas llamó ‘esfera pública’ y la laceración de lo que la también filósofa belga Chantal Mouffe designó ‘el pluralismo agonista’, necesario en la estabilidad de las democracias contemporáneas.

La reacción al acto arbitrario de Facebook —que alega no fue intencionado— no se hizo esperar. Los gobiernos australiano, británico, canadiense y el representante estadounidense, David Cicilline, criticaron la movida. Remarcaron en esencia el daño que esto hizo a la relativa cordialidad de la relación entre el poder público y las plataformas sociales, donde la gran mayoría de nosotros consumimos —paralelamente— información y desinformación. Esta dinámica necesita estar clara e íntegra, especialmente en tiempos de crisis y susceptibilidad de públicos que deberían saber —y actuar— mejor. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y otras precisan de practicar, pero sobre todo mantener una conducta intachable en aras de lo que el parlamentario británico Julian Knight llamó una ‘buena ciudadanía global’. También es importante enfatizar en los matices porque en estas faenas —la política y las redes sociales— nada es blanco y negro.

Es difícil concebirlo en tiempos en que un segmento del público y de la élite política, poco educados y sofisticados, no aprecian la diferencia. Las redes sociales —se lo hemos permitido— al igual que otras compañías tecnológicas como Apple, Google, Microsoft y Amazon, reinan supremas en la cultura. Pocas labores, procederes y decisiones individuales y colectivas se toman sin la mediación de estas. Ese poder, necesariamente, debería conllevar la exigencia a estas plataformas de no tomarse atributos que no les corresponden, especialmente en actos que pueden hacer daño —no intencionado, tal vez, pero igualmente real— a la integridad física —véase el asalto sedicioso al Capitolio federal—, como en la necesidad ciudadana de acceso irrestricto a la información. Lo que Twitter hizo —esperar al daño irreparable producido por la perversa demagogia del anterior presidente de EE.UU., Donald Trump—, como el acto impropio de Facebook de vedar fuentes noticiosas de su plataforma, tienen efectos nocivos en el mundo real. Y como tal, las consecuencias a ser sobrellevadas por ambas deben ser reales.

El Estado, como concreción de poder público, no pierde jurisdicción sobre la propiedad ni el sector privado. Del mismo modo el público —ese componente del conglomerado humano que llamamos sociedad— debe exigir un comportamiento íntegro de las herramientas que utiliza para hacerse presente en la esfera pública. El acto deliberado formulado desde ese espacio privado debe ser consciente de que el mismo acarrea consecuencias. Cada palabra, cada llamado, si no es regulado, está sujeto a ser interpretado desde la ignorancia, el fanatismo, el oscurantismo y ser puesto en acción con terribles implicaciones.