caravana protesta del 1 de mayo 2020

“Comida para los pobres” clamaba el activista a favor de los derechos humanos, mientras fue arrestado por la policía de Puerto Rico el pasado 30 de abril. El atropello de la policía convierte a Giovanni Roberto en símbolo de los contrastes entre un Estado que abusa del poder y un pueblo que exige justicia alimentaria. Recabando suministros, donativos de dinero y tiempo para confeccionar los alimentos, se presta un servicio fundamental para subsanar la hambruna. La inequidad social y falta de soberanía alimentaria en un país en que se mató la riqueza de la producción agrícola -importando la gran mayoría de comestibles- va a la médula de la injusticia política que abona a la raíz profunda de la pobreza en PR. El arresto del fundador del Colectivo Comedores Sociales, quien a través de su iniciativa de Compras Solidarias, brinda alimentos a personas necesitadas, pone al relieve la cartilla invertida de un gobierno que actúa divorciado de la realidad de “su pueblo”. En lugar de un gobierno solidario que respalde y solidifique dicha gestión comunitaria movida por la nobleza y solidaridad humana, se les criminaliza.

La falta de atención de parte del gobierno de actuar con premura y sensibilidad ante sectores hambrientos en este país, va al tuétano de cómo se han trastocado los valores. El sinsentido de la dirección gubernamental está fuera de tono con las necesidades humanas más elementales. Las múltiples crisis de marca mayor de la quiebra fiscal, los huracanes, terremotos, y una pandemia letal que nos azotan, una tras otra en Puerto Rico, descorren el velo de la pobreza que se profundiza. El desafecto de un gobierno se pone de manifiesto al tornarse ciego, sordo y mudo ante el dolor humano que se multiplica exponencialmente. Más allá del pantalleo del oportunismo fotográfico electorero, políticos(as) deben emular a personas como Giovanni Roberto, y tantas otras, que sí trabajan a diario desde un paradigma de solidaridad humana. Para quienes se alimentan vorazmente de la explotación de trabajadores, su lente ideológico empañado les impide ver sus propias carencias al no brindar ayuda humanitaria. No obstante, un activista social que cristaliza su clamor de justicia, pone el dedo en la llaga de la desigualdad económica y la falta de soberanía alimentaria. Las contradicciones absurdas que a diario sobrevivimos acentúan la falta de compromiso real para subsanar las necesidades de un pueblo desprovisto de los recursos más elementales. ¿Cómo es posible que el gobierno atente contra la libertad y derechos constitucionales de quienes levantan su voz de alerta ante la hambruna, mientras se hace de la vista larga ante el pillaje y corrupción gubernamental que lejos de subsanar, solo alimenta y perpetúa la pobreza de un pueblo?   

En dirección contraria del compromiso genuino de activistas que velan por los intereses de necesidades básicas que retratan la pobreza, se cuajan acciones concertadas de parte de políticos(as) y funcionarios(as) públicos(as) que agilizan el desvío y despilfarro millonario de fondos públicos para enriquecer a sus allegados garantizándoles su “dolce vita”. Increíblemente, se actuó para desembolsar $19 millones casi con la misma rapidez que se arrestó a Giovanni Roberto, así enviando un mensaje represivo para oprimir a quienes levantan su voz crítica en contra de la negligencia reiterada gubernamental. En esta ocasión no se hizo para atender el hambre de los sectores pobres, sino a los(as) “amigos(as) del alma” hambrientos(as) de fondos públicos para enriquecerse de forma rápida. Para ello, se desviaron de los procesos reglamentarios usando como charada una compra aparentemente fatula de un millón de pruebas rápidas para el diagnóstico del Covid-19. La ristra de testigos ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que participaron en la cadena de la “aprobación” del desembolso millonario en menos de 24 horas, demarcan su diferencia de activistas que al no tener acceso directo a las arcas públicas, se ven obligados(as) a clamar con altavoces por justicia alimentaria. La red de activistas del PNP pensaron que circunvalando la autoridad de la entonces secretaria interina de Salud, doctora Concepción Quiñones de Longo, y el secretario de la Gobernación, Lcdo. Antonio Pabón Batlle, podrían pasar gato por liebre por debajo del radar de la emergencia de una pandemia letal para alimentar su mezquindad.

En fin, en este momento crítico, salvar vidas debe ser la brújula para guiarnos como colectivo. Lamentablemente, se pone al relieve la doble vara de quienes ejercen el poder para amedrentar a quienes honestamente exigen justicia, mientras quienes gobiernan se despachan con la cuchara grande. ¿Hasta cuándo los toleramos? ¿Por qué esperar a noviembre?