wanda vazquez

Gobernadora Wanda Vázquez.

Algunas lecciones sobre buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas vividas en crisis pasadas parece que no han sido aprendidas aún. Es indudable que el coronavirus ha acelerado el curso cotidiano de nuestro quehacer que ya iba acelerado, y que ahora con la gobernabilidad fracturada y el aumento de la corrupción amenaza con una disrupción que no pudimos prever. Lo disruptivo del virus ha generado una encrucijada que nos exige gobernar bien y explorar horizontes que permitan continuar cerrando la brecha entre el corto y largo plazo y los problemas estructurales y los incipientes.

Si algo ha quedado claro en esta crisis es que los desafíos que enfrentamos superan las capacidades de un gobierno. Es evidente que nuestras instituciones de gobierno no están preparadas para manejar cambios acelerados. La crisis ha puesto de manifiesto que el deterioro es sistémico y las condiciones de incertidumbre exigen que manejemos los riesgos inherentes que tenemos que gestionar de manera más ágil y con múltiples insumos de conocimiento y saberes. La capacidad de buen gobierno es considerada como un conjunto de medidas político administrativas dirigidas a transformar instituciones públicas disfuncionales en proveedoras de servicios eficientes y transparentes con el objetivo de promover la gobernabilidad.

Asimismo, es evidente que la corrupción ha irrumpido como un factor disruptivo en nuestro quehacer económico, político y social. La disrupción es una perturbación que no anticipamos y crea nuevos niveles de complejidad y aceleración en la velocidad del cambio. Cuando ocurre la disrupción nuestros esfuerzos para mitigar el daño y maximizar la oportunidad son obstaculizados cuando no podemos obtener a tiempo las competencias claves.

Hemos constatado que el País continúa experimentando un deterioro acelerado en la gobernanza pública y un aumento recurrente en la corrupción propiciado por el partidismo y el clientelismo político. El precio electoral de la corrupción tiene sus raíces en las puertas giratorias. Por décadas, hemos visto que los incumbentes de un cargo público van a trabajar a la empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública y produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada, en beneficio propio y en perjuicio del interés público.

El problema de la corrupción está instalado hace mucho tiempo como una de las principales preocupaciones de nuestra población. Muchas de las prácticas de corrupción que continuamos viendo se encuentran muy vinculadas a la opacidad, el secreto y la ausencia de la transparencia en el quehacer público. Está comprobado que la opacidad es el escenario de cultivo que permite la proliferación de actuaciones corruptas. La evidencia empírica señala que la corrupción disminuye la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad, a la vez que compromete la productividad y el crecimiento de las economías al distorsionar la asignación de recursos. Más importante aún son las consecuencias sobre las instituciones gubernamentales.

La propagación del virus pone a prueba a todos los actores políticos: gobernadores, legisladores, alcaldes, empresarios, líderes comunitarios y la ciudadanía en general. Nos enfrentamos a un futuro cada vez más desconocido y enigmático que exige habilidades que hoy no tenemos, por lo que hay que movilizar el conocimiento y la información como recursos indispensables para generar respuestas inteligentes. La indignación ante los actos de corrupción debe ser constante porque el dinero público no sobra y es indispensable para salvar vidas y pagar servicios básicos. Hay que romper con la premisa de que la corrupción en tiempos de normalidad no es importante y que el dinero público no nos pertenece porque no podemos disponer de él ni de su destino.

El coronavirus sellará un antes y un después en el acontecer político, económico y social. Lo más esperanzador de esta crisis pandémica que vivimos, precedida por las catástrofes naturales y los terremotos, es que ha puesto encima de la mesa asuntos que parecía imposible siquiera discutir desde el valor de lo público. Por décadas, la atención a la competencia electoral acaparó todos los momentos de la vida pública. Sin embargo, en esta instancia no podemos olvidar que la política tiene tres grandes momentos: el electoral, el de la configuración de los gobiernos y la gestión gubernamental propiamente. Los tiempos electorales son propicios para romper el círculo vicioso de un proceso político concebido como mecanismo de manipulación y medio para medir fuerza a una política que sea instrumento de integración y composición de fuerzas para el bien común.

El desafío no es trivial, no es fácil y hay mucho trabajo por hacer. Si no somos capaces de aprovechar las crisis para llevar a cabo las reformas necesarias, el futuro no será nada prometedor. Es tiempo de actuar en favor de la configuración de buen gobierno.