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.>Brandon Cruz González / EL VOCERO

Esta semana entra en funciones el contrato de administración respecto a la transmisión y distribución de energía eléctrica. Es por eso que es necesario que hablemos de LUMA al margen de intereses partidistas y particulares.

Es un hecho que los fondos federales —sobre 10 mil millones— aprobados para la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico no serán desembolsados para dejarlos en manos de políticos, teniendo en cuenta lo que ha sido la historia de la AEE. Es otro hecho que los niveles de rechazo de la ciudadanía a la AEE —ya sea por el deficiente servicio al cliente, por los altos costos de energía, por los escándalos de malgasto y malversación, entre otros— eran altísimos a la fecha de la aprobación de la legislación para privatizar la agencia. Continúa siéndolo al presente. Por eso es que políticos de la oposición —quienes hubiesen querido ser ellos los que repartiesen el bacalao— y sindicatos han estado hablando durante las últimas semanas de “posposición” hasta enero de 2022 de la entrada en vigencia del mencionado contrato. Sin embargo, sus expresiones denotan que lo que desean es que se rescinda el contrato y que todo siga igual. Pero no se atreven decirlo de esa manera por miedo al repudio generalizado que recibirían en la opinión pública. Pero si se pospusiera la vigencia del contrato hasta enero de 2022, para esa fecha pregonarían que se moviese para 2023, y así sucesivamente.

Es un hecho que en Puerto Rico existe un derecho de rango constitucional a la organización sindical en el sector privado y las entidades gubernamentales que operan como empresas privadas. Por ende nada impide que el principal sindicato de la AEE se organice como tal ante el nuevo ente administrativo para defender a sus trabajadores. Sin embargo, los dirigentes de la Utier prefieren la posposición o derogación del contrato de LUMA porque su interés primordial no es defender los derechos de los trabajadores de su matrícula. Su interés principal es mantenerse como grupo sindical de una agencia de gobierno para desde ahí presionar a los políticos en el adelanto de agendas ideológicas que van más allá de los derechos de los miembros de su unión, y que tienen que ver con visiones en el espectro político mundial que van desde socialismo, neomarxismo, hasta nuevos embelecos anticapitalistas. Durante muchos años los empleados de la AEE —sin darse cuenta— han sido rehenes de esas agendas. Ahora, tanto los dirigentes del sindicato como los políticos que les han servido de alicates andan desgarrándose las vestiduras con el tema de los traslados de empleados a otras agencias, lo que según ellos es denigrante. Veamos.

En cualquier empresa en el mundo que enfrente una quiebra, ante cualquier tipo de adquisición, fusión o traspaso sin patrono sucesor, los empleados de la misma tienen dos opciones: (1) entrevistarse e impresionar positivamente al nuevo patrono para continuar trabajando; o (2) rechazar la nueva oferta y continuar su vida desarrollándose profesionalmente en otra empresa o probar suerte en el mundo empresarial haciéndose su propio jefe. Con el caso de la AEE se dio la truculencia —mediante legislación— de que los empleados de esa empresa en quiebra pasarán a una agencia gubernamental a: (1) ganar un salario más alto que los empleados ya existentes en esa agencia por similares funciones; (2) en el caso de algunos sin motivación para ello, y (3) en áreas que nada tienen que ver con su experiencia y destrezas relacionadas.

Muchos de los políticos que andan criticando la manera en que se han realizado los traslados eran legisladores en 2018 cuando se aprobó la Ley 120. Algunos hasta presidían cuerpos y comisiones legislativas. Pero a ninguno de ellos, ya sea por pereza o incapacidad, le dio por analizar cómo llevar a cabo ese traslado, por ejemplo, con un celador, ya que en ninguna otra agencia hay postes para hacer ese trabajo. Manosearon la ley, se montaron en el populismo y ahora critican a su propia criatura.

Sobre el costo futuro de energía es un hecho que se incrementará, no importa quien administre. El problema no es el kilovatio por hora. El problema son los subsidios desmedidos y deficiencias contenidas en el resto de las partidas de la factura, junto con la reducción de demanda. Pero ningún político se atreverá meterle mano a eso.