Pensiones

Finalmente, el gobierno ha decidido revelar lo que le cuesta al País la gran gama de exenciones contributivas concedidas a diversos sectores. Estas exenciones van desde las más meritorias hasta las que rayan en lo absurdo y que, lejos de representar un estímulo a la economía, representan una carga para el Fondo General, o sea, a nuestro bolsillo. Por las particularidades de cada exención es que el Partido Independentista Puertorriqueño, por más de tres décadas, venía solicitando formalmente en la Legislatura y a los gobiernos de turno que se revisaran los decretos contributivos y exenciones, en aras de determinar su eficiencia y si en efecto representaban algún tipo de ganancia o beneficio para el pueblo de Puerto Rico.

El Departamento de Hacienda reveló en un estudio reciente que los decretos y exenciones contributivas le cuestan al País la suma de 20,000 millones de dólares: más del doble del presupuesto general del País. A pesar de este alto costo, los generosos beneficios concedidos no se han traducido en desarrollo o crecimiento económico. Al contrario: mientras se solidificaba esa costosa base de incentivos, el País seguía hundiéndose en una recesión económica, al punto en que llevamos más de una década en recesión y con las cifras de crecimiento en negativo. No hay que ser una eminencia en economía (como lo son varios que ya lo han planteado) para entender que, en ese escenario, solo puede ser perjudicial el insistir en ese modelo fracasado, que a pesar de eso es reforzado por exenciones como las que contienen las leyes 20 y 22 de 2012, que en nada aportan al crecimiento económico del País.

Sin embargo, dando la espalda a esa realidad y operando bajo el esquema provisto por Promesa, el gobierno, la Junta Federal de Control Fiscal y el Tribunal federal, a través de la jueza Laura Taylor Swain, ya llevan tres años, aprobando y haciendo operacionales planes fiscales que empobrecen cada vez más al País. Ejemplos de ello son el masivo cierre de escuelas, el acuerdo de Cofina, el aumento en el crédito de la UPR que tuvo como consecuencia el que se quedaran 1,400 estudiantes sin poder matricularse, y ahora la amenaza del plan de ajuste de la deuda que pretende reducir los derechos de los pensionados y pensionadas. Este nuevo plan de la junta, al igual que tantas medidas anteriores, pretende dar el golpe a nuestro bolsillo como primera y única opción para asegurar un pago anual a la deuda de 1,500 millones de dólares. Termina pagando quien menos culpa tiene.

Cuando ya el gobierno ha admitido que dejamos de percibir 20,000 millones de dólares al año, urge más que nunca AUDITAR estos decretos y exenciones. Tan solo un 10% de esos 20,000 millones de dólares, representarían 2,000 millones de dólares anuales disponibles para el pago de la deuda sin tocar a los pensionados, Cofina, ni la UPR y equivaldría a un ajuste cuatro veces mayor al recomendado por la propia junta.

Los números que por fin revela Hacienda, a pesar de ser solo un estudio preliminar, arrojan ya suficiente información como para hallar posibles soluciones al repago de una deuda odiosa, cuya legitimidad es cuestionada y que tanto la junta como el gobierno se niegan a auditar. Ahora, no basta una auditoría contable: hay que realizar una “auditoría política” que identifique las y los responsables de la crisis económica; y que exija rendición de cuentas a los culpables de que llevemos décadas dejando de percibir billones de dólares anualmente, aun cuando se les venía advirtiendo que era necesario revisar esos decretos y exenciones. Porque para añadir sal a la herida, son esos responsables los que ahora se presentan ante el País como opciones para recuperarnos de la crisis. Queda, además, la pregunta esencial sobre la sostenibilidad de la deuda: más allá de la legitimidad jurídica, hay que determinar, de forma absolutamente transparente cuánto y a qué costo social podemos pagar. Lo que estamos padeciendo va más allá de la bancarrota fiscal, de la mala administración y la corrupción. Es el único resultado posible de un régimen colonial diseñado para empobrecernos.