Plebiscito (copy)

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Nuevamente, Puerto Rico está en el redil del amo para reclamar su derecho inalienable a la “libertad” e “igualdad” mediante la admisión de Puerto Rico —como estado o su independencia para negociar entre iguales— las condiciones de una nueva relación política con EE.UU. Para los creyentes en el engaño del “pacto” entre el “estado libre asociado” y EE.UU., hablar de un “ELA mejorado” refleja la negación del alcance de las recientes decisiones del Tribunal Supremo de EE.UU. (TSEU). El caso Sánchez Valle (2016), fundamentado en que Puerto Rico no tiene soberanía propia, prohíbe el procesamiento criminal en el tribunal local y federal por los mismos delitos por ser doble exposición. En Aurelius Investments (2020), el TSEU confirmó los poderes plenarios del Congreso para la selección de los(as) integrantes de la Junta de Control Fiscal bajo la ley Promesa (2016) que ocupó el campo del “autogobierno” promulgado por la Constitución de Puerto Rico (1952) ratificada por el Congreso.

Como súbditos(as) que comparecían ante “oidores” monárquicos, declarar ante el Congreso con poder absoluto sobre sus territorios, retrata una humillación indigna colonial. Puerto Rico está bajo la jurisdicción, no de una comisión de asuntos del exterior, ni jurídicos, sino del Comité de Recursos Naturales como una finca que los EE.UU. adquirió como botín al terminarse la Guerra Hispanoamericana (1898). Es lastimoso observar puertorriqueños(as) que inmigraron al norte insertados(as) en las esferas del poder del Congreso, comportarse como capataces de la hacienda, reproduciendo el poder del amo.

La discusión reduccionista con respecto a dos proyectos de ley (HR 1522 y HR 2070) trazando mapas distintos para la descolonización, está desnaturalizada del efecto que tendrá la crudeza de la persecución política que soslaya siglos de opresión colonial. A un pueblo que le han coartado su libre albedrío mediante la imposición de la ideología dominante, se encamina a una votación sobre su futuro político. La colonización europea del Nuevo Mundo desde el siglo XV fue una conquista sangrienta entre imperios que batallaban su supremacía política; aniquilando naciones originarias en este hemisferio. Para orgullo de algunos(as) y vergüenza de otros(as), desde 1493 a 1898, Puerto Rico estuvo esencialmente bajo el dominio de la corona española. A diferencia de países en América que se independizaron de las monarquías europeas, con exiguos intentos de rebelarse contra España —como el Grito de Lares (1868)— Puerto Rico pasó de un dominio imperialista a otro. Contradictoriamente, los EE.UU. que nace de independizarse de la corona británica mediante una revolución armada, con su Doctrina Monroe (1823) de expansionismo de su poderío político subyugaba a otros países. El nuevo imperio invasor en Puerto Rico, no dudó en imponer su dominio sobre su nueva colonia.

EE.UU. convirtió a la Isla en su gran hacienda azucarera, paraíso fiscal para emisión de bonos libres de impuestos, mientras estableció su base militar de vigilancia estratégica caribeña contra sus enemigos como Alemania y Rusia, entre otros. Frenando la insurrección de movimientos separatistas, adeptos al dominio de EE.UU. ejecutaron la masacre de Ponce (1937); la imposición de la Ley de la Mordaza (1948); la criminalización de la bandera de PR; la persecución política mediante el carpeteo en la Policía (Noriega vs. ELA, 1988); asesinaron como escarmiento a dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla (1978); arrestaron desobedientes civiles en Vieques (1979) y a partir de la muerte de David Sanes (1999); criminalizaron a los Macheteros (1985), y para capturar al prófugo federal Filiberto Ojeda, le asesinaron (2005).

El Congreso descorre el velo de la mentalidad de colonizados(as) que han sobrevivido en un país al que se le cortaron sus alas de producción económica para defender su identidad. Intentar convertir esta discusión del futuro político de Puerto Rico, sin tocar con una vara larga la razón tras las pugnas odiosas partidistas de persecución y discrimen político con que los dos partidos principales aprueban referéndums amañados, desvirtúa el intento de descolonización.

Es un asunto más complejo que la pretensión de convertirlo en la selección simplista entre opciones “descolonizadoras” en las urnas. Más allá de impulsar un referéndum con un resultado vinculante, el Congreso de EE.UU. debe designar una Comisión de la Verdad. En la búsqueda de alcanzar la “libertad” entre iguales, hay que abrirse a la “reconciliación nacional” con un proceso serio para escudriñar el daño ocasionado por su colonización, incluso aceptando su responsabilidad mediante la indemnización. Hay que atravesar el camino de “sanación política” hacia la búsqueda de un nuevo consenso en las urnas para la descolonización. De lo contrario, el odio promovido por décadas entre los distintos sectores, nublará cualquier estrategia “descolonizadora”.