Congreso

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó una resolución concurrente para solicitarle al Congreso de los Estados Unidos igual trato a los puertorriqueños y a Puerto Rico —como jurisdicción— como se hace con los ciudadanos americanos en toda la nación. Es un eco de lo que el abolicionista negro Frederick Douglas dijo en el siglo 19: “Debemos ser iguales en la guerra como en la paz.” La resolución pide igualdad de condiciones con los cincuenta estados en incentivos y en la participación de programas federales. No es un trato especial al territorio, lo que podría conllevar unos privilegios que beneficiarían solo a algunos con evidente afán de lucro, sino el trato igual a todos los ciudadanos americanos que aquí residen.

Los incentivos que plantea la resolución no son únicamente para ser establecidos en el territorio. Todo lo contrario. Se trata de que en todo plan o estrategia económica que se establezca para activar la economía y fomentar el crecimiento económico en la nación, Puerto Rico sea incluido como parte de ello y pueda beneficiarse para su desarrollo económico local y en contribución a la economía de los Estados Unidos. La manufactura es necesaria para toda la economía por la creación de empleos que es parte fundamental del desarrollo económico. Se trata de que lograr la igualdad debe de superar los impedimentos que establece la actual condición política de Puerto Rico. O sea, la integración de Puerto Rico a la economía nacional en igualdad de condiciones con los cincuenta estados fomentaría el pleno desarrollo de nuestra economía.

Si los puertorriqueños pagáramos contribuciones federales no habría quiebra y el sistema de retiro de los empleados públicos estaría saludable y las pensiones aseguradas; los bonos y deudas del gobierno de Puerto Rico estarían sin la morosidad que hoy tienen. Igualmente tendríamos trato igual en todos los programas y políticas federales, que a quienes realmente beneficia es a los más necesitados: pobres, envejecientes y personas con impedimentos. Seríamos una jurisdicción estable y segura para la inversión privada, que es la que realmente crea empleos y fomenta el desarrollo económico y no el gobierno.

Contrario a esta propuesta de sensatez y acorde los tiempos, vemos la que ha hecho —de manera forajida y demagógica— Aníbal Acevedo Vilá, quien busca resucitar los créditos contributivos de antaño para las empresas foráneas, como las farmacéuticas, y que estaban protegidos por la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. Es una propuesta de trato preferencial que le daría vida a la condición de inferioridad política y ausencia de derechos que tenemos los puertorriqueños y no una propuesta de trato justo e igualdad de derechos para el pleno goce de las libertades y del fortalecimiento de nuestra economía ausente de privilegios.

Tal vez a Acevedo Vilá se le haya olvidado que los datos certificados por el Departamento del Trabajo confirman que las tasas de desempleo más alarmantes en Puerto Rico se produjeron durante el apogeo de la Sección 936: 1982, 22.8%; 1983, 23.4%; 1984, 20.7% y 1985, 21.8%. De hecho, son las tasas de desempleo más altas registradas en Puerto Rico entre 1970 y el presente. La actual tasa de desempleo fluctúa entre 8.4 a 8.9%. Durante esos años, por cada dólar de salarios pagados por las multinacionales bajo la Sección 936, obtenían $2.37 en privilegios contributivos. Esas empresas multinacionales promediaban un beneficio contributivo 147% mayor que la compensación promedio que pagaban a sus trabajadores. Simultáneamente, dejaban de pagar más de miles de millones de dólares al Tesoro federal.

Puerto Rico no necesita —tampoco desea— un modelo económico tan injusto e improductivo como lo fue el “Paraíso Fiscal” o “Corporate Welfare” que vivió durante la vigencia de la sección 936. Puerto Rico necesita que el gobierno de los Estados Unidos lo trate igual que a los estados como participante activo de cualquier iniciativa federal para fortalecer la producción doméstica en productos farmacéuticos, dispositivos médicos y hospitalarios; principalmente aquellas iniciativas federales dirigidas a las áreas deprimidas socioeconómicamente dentro de la Nación.

La propuesta que se le hace al Congreso mediante esta resolución está avalada por todo el liderato electo del Partido Nuevo Progresista; y esto incluye a la comisionada residente, Jenniffer González, y a la gobernadora, Wanda Vázquez. Se trata de trato justo e igualitario para todos los ciudadanos americanos que viven en los Estados Unidos que incluye a los cincuenta estados, la capital federal y los territorios. Es una propuesta de igualdad y no de privilegios.