Capitolio

El Capitolio de Puerto Rico. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

La decisión de la mayoría de la Cámara de Representantes tomada la noche del pasado martes, de rechazar el nombramiento del designado secretario de estado Larry Seilhamer —aprobado en el Senado por mayoría absoluta—  es otra demostración de lo que hemos mencionado en nuestras páginas editoriales en reiteradas ocasiones: decisiones de impacto para Puerto Rico que se toman motivadas por razones políticas y que no atienden lo que realmente importa, que es legislar para beneficio de la democracia y el desarrollo de la Isla.

Aunque dicha decisión no fue una sorpresa, quedaba la esperanza de que en el último momento surgiera un cambio de dirección de la Legislatura —dentro del ejercicio constitucional que le corresponde— y que por lo menos se diera la oportunidad de iniciar un diálogo entre ellos y el poder ejecutivo, a fin de buscar un punto de encuentro en común. Pero no ocurrió así.

Figuras del propio Partido Popular Democrático —colectividad que controla la Cámara— como los exgobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla, y el exalcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, emitieron una declaración conjunta donde expresan su insatisfacción con la decisión de no aprobar la designación de Seilhamer; decisión que consideran injusta. Planteamientos similares realizaron el expresidente del Senado, Eduardo Bathia, así como muchas otras figuras públicas.

La realidad es que el proceso pareció —a todas luces— una acción coordinada políticamente en represalia por el veto del gobernador Pedro Pierluisi, al Proyecto de la Cámara PC550 que restituía algunos poderes constitucionales que se le quitaron a la Legislatura en 2017, según expresó el presidente de la Cámara Rafael “Tatito” Hernández.

Seguiremos repitiendo hasta el cansancio que todos los políticos de nuestro País involucrados en la administración pública —ya sea de una agencia gubernamental, rama judicial o legislativa— tan pronto asumen sus funciones no se deben a sus intereses político partidistas, sino al pueblo de Puerto Rico. No entendemos por qué se les hace tan difícil entender que los principios de buena gobernanza se enfocan hacia el bienestar del pueblo y no al de la colectividad política y mucho menos a las agendas personales.

Es complejo y difícil manejar gobiernos donde los poderes se comparten entre diversas fuerzas políticas. Pero cuán satisfactorio es cuando todas esas facciones logran trabajar por un fin común, que debe ser lograr —de manera transparente— una mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños.

Sin embargo, cuando dichos poderes se mantienen en controversia y utilizan su tiempo para demostrar quién es el más fuerte, le hacen un flaco servicio a quienes los eligieron.

No podemos pretender que en un gobierno dividido todo sea armonía; eso es una quimera. Pero sí le podemos pedir a aquellos que tienen el deber y la obligación de echar este país hacia adelante, que usen el sentido común, la prudencia y la sensatez.

Simplemente es inaceptable que actuaciones como las del pasado martes en la noche vuelvan a suceder.

Desaprueben, pero por falta de méritos o por falta de capacidad.