Manifestación en el Capitolio

Vivimos momentos de gran turbulencia e incertidumbre económica y política y de gran debilidad de la gobernanza pública. La gobernanza del País está a punto de perecer por culpa de las malas prácticas de gobierno, el deterioro de sus instituciones, el vertiginoso aumento de la corrupción, la incompetencia y la irresponsabilidad de sus líderes, el cortoplacismo impuesto por los objetivos electorales y el creciente menosprecio de los derechos y libertades individuales que ponen en peligro el bienestar colectivo y el anclaje de la democracia. La encrucijada de ingobernabilidad y corrupción que enfrentamos vuelve a plantear la urgencia de delinear y ejecutar los cambios estructurales que requiere el País para gobernar con eficiencia y eficacia a favor del bien común.

Los denunciados escándalos de corrupción divulgados en los medios de comunicación en las pasadas semanas hacen impostergable que los gobernantes se aprieten el cinturón ante el imperativo ineludible de erradicar la corrupción. Peor aun, las conversaciones del chat de Telegram publicadas por la prensa atentan contra la democracia y la dignidad de la gente. El perverso ataque a la integridad y la salud fiscal de agencias claves que prestan servicios esenciales, así como las investigaciones de presuntos actos delictivos en la legislatura —al presente bajo investigación federal— debilitan las posibilidades de recuperación del País y de propiciar la gobernabilidad para encaminar el desarrollo social y económico en el largo plazo. Estos hechos son un claro ejemplo de la indisociable relación entre un gobierno disfuncional, las nocivas prácticas de corrupción, sus vicios de conflictos de interés, abuso de poder e impunidad.

El impacto social y económico de la corrupción y las debilidades de las capacidades de gobernanza van mucho más allá de los fondos malversados. La pobre calidad institucional y la corrupción generan desigualdad y pobreza; reducen los niveles de inversión porque disminuyen la rentabilidad de los proyectos empresariales y aumentan su incertidumbre; desvían recursos humanos y financieros hacia la venta de influencias en lugar de asignarlos a actividades productivas; y orientan los esfuerzos hacia la búsqueda de privilegios para unos pocos desincentivando el emprendimiento y la innovación.

En un momento extremadamente difícil para nuestro País, debido a las debilidades institucionales y el aumento de la corrupción, es inaplazable fortalecer la gobernabilidad y mejorar la capacidad de las instituciones gubernamentales. Los estudios de investigación empírica realizados por la red de investigadores del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa han propuesto reiteradamente plataformas concretas para que los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la calidad de la respuesta hacia los principales problemas que enfrenta el País. Los resultados de los estudios puntualizan la necesidad apremiante de que Puerto Rico mejore su capacidad de gobernanza para impulsar su proceso de desarrollo social y económico. Sin embargo, los gobiernos de turno no han adoptado las políticas públicas de buena gobernanza necesarias para mejorar la transparencia gubernamental y los planes de acción concretos para erradicar la corrupción.

Al hacerse común el incremento de los actos de corrupción y el mal hábito de una conducta antiética en la vida pública, las estrategias para atender este grave problema deben afrontarse de manera sistémica y apoyándose en diversas disciplinas. Para atender esta disyuntiva tenemos que impulsar las reformas radicales que se requieren y atender las verdaderas causas de la corrupción. No podemos continuar resistiendo enfrentar los cambios y continuar perpetuando la perversa discrecionalidad burocrática y la corrupción. La presente crisis de gobernabilidad nos debe movilizar a proponer, actuar y resolver los problemas estructurales que encaramos.

El reto de mejorar la gobernabilidad y erradicar la corrupción, no es trivial si no imprescindible. Hay que atenderlo sin titubeos, para lograrlo tenemos que: (1) mejorar los resultados y el uso prudente de los recursos públicos para posibilitar el bien común de la sociedad, el crecimiento de la productividad, la generación de capital y el aumento en las oportunidades de empleo; (2) fortalecer las instituciones de gobierno y la ética pública poniendo al centro de la gestión gubernamental las necesidades de los ciudadanos, la protección del interés público y el bienestar colectivo; (3) robustecer el marco jurídico vigente y afianzar los principios rectores de buen gobierno para darle un giro a las conductas que se apartan de los valores y de las mejores prácticas de sana administración pública.

El imperativo categórico de procurar el bienestar y la calidad de vida de la mayoría y no de unos pocos es impostergable. Urge institucionalizar las prácticas de buena gobernanza pública para impulsar las reformas. La voluntad, la integridad y la valentía de los gobiernos debe ser el vehículo para forjar un mejor país.

Para más información puede visitar nuestros portales en la web gobernanzapr.org y puertoricotransparente.org.

Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

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