Wanda Vázquez

La democracia retrocede —y en muchos casos llega casi hasta morir— cuando un gobierno se vuelve alérgico a la transparencia y decide coartar a sus ciudadanos, entre otros, el derecho constitucional de libre acceso a la información.

La negativa de la gobernadora Wanda Vázquez y la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, a hacer público el informe elaborado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el escándalo del almacén en Ponce —en el que cuantiosos suministros eran mantenidos sospechosamente ocultos mientras miles de damnificados los necesitaban tras la emergencia sísmica del pasado 7 de enero— hace pensar en la posibilidad de que este comportamiento no sea un “caso aislado” o un “simple error de juicio”, sino uno de los primeros pasos en la implantación gubernamental de una calculada política de opacidad contumaz.

Los hechos parecen llevar al País a esta conclusión, toda vez que —según establecido en un tribunal— nada contiene el llamado informe preliminar que pueda clasificarse como confidencial ni con el potencial de afectar una pesquisa si se divulgara su contenido.

En una sentencia de la jueza Lauracelis Roques Arroyo, en la demanda radicada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), se establece que no existe información privilegiada o confidencial que justifique ninguna restricción.

Adjudicando que “el balance de intereses (en este caso) se inclina a favor del derecho constitucional y fundamental de acceso a la información”, la jueza ordenó a las partes demandadas la entrega del informe, decisión esta que entonces fue frenada por el Tribunal Apelativo, tras un recurso de Justicia elevado ante este foro por disposición expresa de la gobernadora Vázquez.

Este irreflexivo proceder debe ser enérgicamente rechazado por los sectores sensatos —incluidos los medios informativos— porque puede infligirle daños irreparables al País, en momentos en que tanto se necesita reparar la confianza pública ante los retos de la reconstrucción, la economía, la seguridad y la salud.

La crisis de confianza que se vive es tal que, en respuesta a un pedido del Apelativo, la misma jueza Roques Arroyo ha expresado que a ella no se le acreditó que el documento que le entregó Justicia para su examen constituyera “copia fiel y exacta del informe preliminar que originalmente (el NIE) preparó”.

El caso en corte va en paralelo con las vistas en la Cámara de Representantes, en las que empleados del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) han dicho bajo juramento que altas figuras gubernamentales —como la mandataria y el secretario de Estado, Elmer Román— habían sido informados sobre los suministros por el destituido comisionado del Nmead, Carlos Acevedo. Esto exige serias explicaciones.

Pero las amenazas se complican aún más para el derecho a informar y ser informados en Puerto Rico, si el catálogo de acciones del gobierno lo tomamos en el contexto de la carta circular de la titular de Justicia a los jefes de agencia, en la que les instruye sobre cómo manejar los pedidos de acceso a la información radicados por ciudadanos y medios. Dichas directrices, tal como se trazan, tendrían como resultado neto la tardanza en las entregas, si alguna, y la negación de información.

La secretaria Longo Quiñones alega fundamentar sus directrices en la llamada Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito, una criticada pieza legal que requiere ser derogada o profundamente enmendada por ser —en letra y espíritu— contraria al nombre que la designa. La fuente de la carta circular, es precisamente esa legislación restrictiva votada en Cámara y Senado, que fue cómodamente firmada por el entonces gobernador Ricardo Rosselló, días antes de su salida.

La gobernadora y la titular de Justicia deben entregar el informe, adoptar la transparencia como norma y aferrarse a la Constitución, garantizando todos los derechos ciudadanos que de ella se derivan. Hacerlo sería una clara demostración de su parte de que no hay nada que ocultar y que respetan el derecho básico que a todos nos corresponde de tener acceso a la información.