Capitolio

El Capitolio de Puerto Rico. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

El Presupuesto General de Puerto Rico es la ley más importante que se aprueba anualmente en nuestra Asamblea Legislativa. En principio, el presupuesto es la herramienta con la cual el gobierno delimita sus prioridades de gasto e inversión pública para mejorar la calidad de vida de la sociedad. En un presupuesto encontramos partidas de inversión social para salud, educación, carreteras, seguridad, Universidad, entre otras prioridades. La inversión social es la base sobre la cual los ciudadanos montamos nuestras expectativas y proyectos materiales de vida.

Desde la entrada en vigor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952, hasta la Ley Promesa de 2016, el proceso legislativo para evaluar y aprobar un presupuesto comenzaba con una presentación del Gobernador de turno en la que explicaba la situación macroeconómica del País y las expectativas de recaudo en el Departamento de Hacienda.

Con esta información, se radicaba una resolución de presupuesto en la Cámara de Representantes que era evaluada a través de vistas públicas con los jefes y secretarios de las diferentes agencias de gobierno, para determinar cuánto dinero de los contribuyentes hacía falta para financiar la operación gubernamental y las inversiones públicas.

Una vez el presupuesto era aprobado en la Cámara, pasaba a evaluación y aprobación en el Senado, y finalmente era referido para firma del Gobernador, convirtiendo el presupuesto en Ley.

Con la entrada al escenario gubernamental de la Ley Promesa, el Presupuesto General dejó de ser el resultado de un acuerdo entre nuestros poderes constitucionales, y pasó a ser parte de la política pública de la Junta de Supervisión Fiscal, una institución creada por dicha ley para establecer controles fiscales con el fin de organizar las finanzas públicas y cumplir con los acuerdos alcanzados con los acreedores y bonistas tenedores de la deuda del País.

A raíz del nuevo estatuto, la Asamblea Legislativa del pasado cuatrienio prefirió delegar sus poderes constitucionales a la Junta, renunciando a ser parte de la discusión teórica y práctica del presupuesto del gobierno.

Pero, en 2021 una nueva composición de la Asamblea Legislativa decidió reclamar su espacio político en la discusión presupuestaria, y desde la Comisión de Hacienda comenzamos a hacer vistas públicas con las agencias gubernamentales para discutir el presupuesto del año fiscal entrante, a pesar de que la Junta y el Gobernador no habían presentado su propuesta.

Finalmente, la Junta presentó su versión de presupuesto el 10 de mayo de 2021, mientras que el gobernador presentó el suyo el 18 de mayo de 2021. El presupuesto del gobernador es mayor al de la Junta por $233 millones, razón por la cual la Directora Ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, dejó claro que no lo firmaría. Debemos tener claro que la aprobación del presupuesto por parte de la Junta es condición indispensable para que el presupuesto pueda ser convertido en ley.

Por ello, la mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa radicó la Resolución Conjunta de la Cámara 144, que contiene el texto presupuestario de la Junta para poder iniciar los correspondientes trámites legislativos.

En esta etapa del proceso, le hemos expresado a la Junta que vamos a respetar la “restricción presupuestaria” a su medida, ascendente a $10,111,870,000, pero también vamos a hacer varias reasignaciones en algunas de sus partidas.

La Cámara de Representantes tiene como objetivo mitigar el impacto de los recortes a la Universidad de Puerto Rico, traspasar competencias y fondos a los municipios, y asignar recursos a partidas de alto interés, como la Estación Experimental Agrícola para cumplir con la agenda urgente de seguridad alimentaria, y programas clínicos del Recinto de Ciencias Médicas, asegurando al pueblo acceso a servicios de salud.

La mayoría parlamentaria reconoce la importancia de la disciplina fiscal y la restricción presupuestaria que busca la Junta, pero es imperativo que prevalezcan el diálogo y la flexibilidad, para que el tope establecido por este organismo permita hacer reasignaciones presupuestarias dirigidas a la inversión social que ayuden a mejorar la calidad de vida en nuestro País, que ya ha sufrido y tratado de superar múltiples crisis: meteorológicas, geológicas, de salud y, quizás la peor de todas, la corrupción.