Computadora

La orden del día es telemedicina, teletrabajo, la línea Pas (Primera Ayuda Sicosocial), información para evitar la propagación del coronavirus, conferencias de prensa, actividades para los niños en cuarentena, solicitudes de ayudas para mitigar la falta de ingresos, solicitudes de desempleo… Todo, a través de Internet, partiendo de la falsa premisa de que todas las personas en Puerto Rico poseen computadoras, laptops, tabletas, teléfonos inteligentes y conexión a Internet de alta velocidad. Y es que desde la abundancia es muy difícil reconocer la necesidad del otro. No todos poseen acceso a esas tecnologías.

Entendemos que esto ocurra en el África Sub-Sahariana, donde ni siquiera muchos cuentan con teléfono. Mas no en Puerto Rico, donde se han asignado miles de millones de dólares para integrar la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje desde los tiempos del exsecretario del Departamento de Educación (DE) Víctor Fajardo, pasando por la exsecretaria Julia Keleher y su subsecretario, y ahora secretario, Eligio Hernández Pérez.

Somos un país que vive bajo los niveles de pobreza, en el que la corrupción ha saqueado los recursos y medidas para paliar la brecha digital. Hasta muchos de los llamados “residenciales” para capacitar maestros fueron puro engaño. Además, existe otra pobreza: la de criterio: la del padre que prefiere comprarle a su hijo un vehículo “four track” antes que una computadora. La de la madre que se endeuda para celebrar un quinceañero. Y ni pensar en los niños criados por abuelos que carecen de herramientas y destrezas tecnológicas. Es mucho lo que se puede reflexionar sobre las dimensiones de la brecha digital en Puerto Rico, pero en esta ocasión nos enfocaremos en la educación a distancia.

En un artículo reciente alertaba sobre el impacto de la desigualdad en el acceso a las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) en la atropellada educación a distancia que nos quieren hacer creer que se está impartiendo en el sistema educativo público de Puerto Rico. El Departamento de Educación (DE) no posee ni el equipo, ni la infraestructura adecuada, ni un programa debidamente estructurado para ofrecer educación a distancia basado en estándares de calidad. Los estudiantes no cuentan con las condiciones favorables para esa modalidad de educación. Por ejemplo: para cumplir con las tareas se requiere la impresión de ejercicios y el “feedback” o retroalimentación para el estudiante es prácticamente inexistente.

La semana pasada, una maestra de escuela elemental con 20 años de experiencia tuvo la valentía de denunciar ante los medios de comunicación lo que es un secreto a voces: que los maestros del sistema público no cuentan con los materiales y recursos necesarios para impartir sus clases a distancia y que no todos los estudiantes tienen acceso a computadoras e Internet. Los maestros realizan malabares para impartir el pan de la enseñanza, usando sus dispositivos personales y la conexión a Internet que costean con su escaso salario, enviando tareas por WhatsApp o mensajes de texto a los teléfonos de los padres. Los estudiantes no pueden identificar qué destrezas deben mejorar. Muchos padres solo cuentan con los teléfonos móviles básicos otorgados gratuitamente mediante el programa Obama para la comunicación familiar. Estos teléfonos tienen límites de minutos y de mensajes de texto. Y esto no es nuevo; estas situaciones se dieron durante el huracán María y tras los sismos del suroeste, pero no se actuó para corregirlas.

Aun quienes cuentan con las tecnologías necesarias, deben lidiar con la lentitud y vulnerabilidad del Internet, pues las compañías privadas proveedoras de este servicio no están preparadas para la gran cantidad de usuarios simultáneos. En los hogares se suscitan situaciones incómodas, que alteran la convivencia familiar, pues los miembros de la familia tienen que torear las pantallas congeladas y disputarse el uso del equipo para el teletrabajo, la educación, la telemedicina y las solicitudes de ayudas para la mitigación de la crisis por el Covid-19, entre otros. Todo esto impacta el desarrollo de las destrezas requeridas por grado y, por ende, el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes. Pero para el secretario de Educación todo está bajo control.

No es justo ni razonable que se insista en hacernos creer que se está impartiendo educación a distancia, cuando en realidad se trata de un proceso improvisado, errático, fallido, ilusorio y falaz, a costa de los sacrificios de maestros, padres y estudiantes. El DE es una de las agencias gubernamentales que recibe más fondos federales para reducir la disparidad tecnológica. Desde tiempos del exsecretario Fajardo se están recibiendo millones de dólares para reducir la brecha digital y hacer accesibles la infraestructura, la conexión a Internet, el equipo tecnológico, los recursos de información digital confiable en las bibliotecas escolares y públicas, programas y adiestramientos que conduzcan a una educación en línea de alta calidad. Existen ayudas federales para la conectividad de hogares de bajos recursos. Pero esos fondos no han sido utilizados responsablemente por las agencias correspondientes. Hoy deberíamos estar listos y no lo estamos. Pero en lugar de hacer un acto de responsabilidad, humildad y honestidad intelectual, insisten en la farsa de que todo está bajo control. En algunos casos los maestros tienen que imprimir el material para enviarlo por correo postal a los estudiantes. Ante esas condiciones deplorables de enseñanza-aprendizaje, algunos maestros solicitaron que se detenga el semestre académico.

En días recientes, mediante un tour mediático, el secretario de Educación informó con la mayor candidez que aquellos maestros que confronten situaciones con las tareas de los estudiantes, las refieran a los directores escolares o trabajadores sociales para que se hagan los “ajustes correspondientes para la intervención individualizada”. No expresó cuáles son esos ajustes en medio de una pandemia. En otra entrevista, Hernández Pérez admitió que “el DE no puede proveer asistencia tecnológica ni enviar personal a los hogares para ayudar en forma alguna, pues estarían violando lo establecido en la orden ejecutiva para mantener el distanciamiento social y evitar así la propagación del letal virus”.

Otra estrategia genérica, fútil, superficial, trivial e insustancial que promueve el secretario del DE es que, si un estudiante del nivel elemental no cuenta con acceso a Internet en su casa y está trabajando destrezas de lectura, “se le podía orientar a los padres que trabajaran con alguna película que viera con papá y mamá y luego explicara el orden cronológico; luego podía hacerlo con sus actividades del día, y luego describir cómo sería el día siguiente, y así desarrolla la habilidad de secuencia de eventos”. Llamó a eso una “adaptación curricular”… Eso es insólito e incongruente con los más elementales fundamentos educativos. La educación no se improvisa. Ahora resulta que los padres, abrumados por la escasez y tratando de sobrevivir a una pandemia, por acto de magia se transforman en educadores de todas las materias y seleccionan material didáctico de la televisión. Con la propuesta del señor secretario de Educación, el material didáctico seleccionado podría tener contenidos no aptos para la edad de los niños.

También señaló que como se han sobrepasado 4 millones de visitas a la página del DE en menos de un mes, “tenemos una gran cantidad de ciudadanos con acceso”. Ese no es un indicador adecuado para la métrica de la penetración de Internet en el País. Cabe destacar que a esa página se accede para muchas otras gestiones administrativas, procesales, laborales, entre otras.

Les invito a examinar las metas y objetivos del DE y observar si se está cumpliendo con las mismas. El deber ministerial del secretario de Educación es velar y salvaguardar la calidad de la enseñanza, pero parece que ya tiró la toalla. En declaraciones recientes, Hernández Pérez señaló: “Si el secretario, como ente nominador, tiene que decretar que los estudiantes serán promovidos y graduados conforme a los poderes que me da la ley, pues esa determinación se estará anunciando”. Es decir, anticipó que, pese a que la educación a distancia es un fracaso, él promovería a los 294,000 estudiantes del sistema público sin que hayan completado su semestre escolar. Ello significa que los estudiantes de cuarto año entrarán a la universidad y los demás pasarán de grado sin poseer las destrezas básicas para cumplir con los requisitos del próximo nivel. No se observa un interés genuino en utilizar todos los poderes, recursos y estrategias posibles para que nuestros estudiantes alcancen el nivel académico correspondiente. Todo lo contrario, están preparándolos para fracasar. El plan está trazado: perpetuar la política no escrita imperante del país de los rezagados. Algunos afirman que mientras más rezagados estén los estudiantes, más fondos federales recibirá el DE.

Lamentablemente, el titular del DE cumplió su palabra: Hernández Pérez anuncia hoy, con bombos y platillos, que el cierre del año académico será adelantado y que todos los estudiantes pasarán de grado, bajo la consigna de que “ningún niño debe ser penalizado”.

El 19 de abril pasado, el secretario anunció una medida aprobada que le otorga $124 millones al DE para la compra de dispositivos electrónicos. A estos, se le sumarán otros $120 millones en fondos federales de recuperación Restart, detalló. También declaró que, amparándose en la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced para la flexibilización de los criterios para la contratación y compra, se habían identificado ya a dos compañías para la compra de más de 250,000 tabletas.

Como resultado de tanto fraude y corrupción suscitados bajo ambos partidos predominantes, entre ellos: el escándalo de Yamil Kourí y el Instituto de Sida de San Juan, la convicción de un secretario de Educación (Víctor Fajardo) y las acusaciones de otra (Keleher), el caso Anaudi, el escándalo Whitefish, almacenes de suministros ocultos y ahora las pruebas para detectar el Covid-19, es inevitable ver con suspicacia esas compras. El propio secretario del DE afirmó en un rotativo del País que no posee la cifra de los estudiantes que no cuentan con la tecnología necesaria disponible en sus hogares. Entonces, ¿a base de qué criterios están adquiriendo esos dispositivos de forma expedita sin los datos necesarios? ¿Existe un plan coherente y sistemático para el uso de ese equipo para fortalecer la educación a distancia? ¿Y qué hay de la conectividad a Internet? ¿Cómo los estudiantes accederán a Internet? ¿Las compañías privadas que proveen Internet han ofrecido servicio gratuito en Puerto Rico por la crisis del Covid-19? ¿Se les ha peticionado que lo hagan, como ha ocurrido en otras jurisdicciones de Estados Unidos?

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son un medio, no un fin. Deben integrarse dentro del marco de un plan metódico con misión y metas definidos y objetivos operacionales medibles y de conducta observable.

Exhorto a los maestros, padres, madres, encargados y a todas las entidades concernientes a exigir transparencia respecto a estas compras, a exigir la educación de excelencia que nuestros niños y jóvenes merecen y requieren por la disposición constitucional que establece que “toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”.

Prácticamente toda la corrupción de nuestro país atenta contra los más vulnerables, los desprovistos, los pobres, los desamparados, los necesitados… Los hijos de este pueblo no merecen una educación silvestre. Prohibido olvidar a Víctor Fajardo y a Julia Keleher. ¿Acaso, al igual que los espartanos, seguiremos conduciendo a nuestros estudiantes a Apótetas (lugar de abandono) al pie del Monte Taigeto y arrojándolos al vacío?