Capitolio

El Capitolio de Puerto Rico. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

Al inicio de la sesión legislativa, la delegación del PPD en la Cámara prometió diversas reformas legislativas, específicamente radicando proyectos para derogar dos leyes del cuatrienio pasado que fueron objeto de múltiples críticas: la Reforma Laboral y el Código Electoral. Hace unas semanas, en su primer ‘strike’ sobre reformas legislativas, el PPD incumplió su promesa de derogar la Reforma Laboral y, en cambio, aprobó un proyecto aguado de enmiendas que no restituye todos los derechos eliminados o reducidos por la Ley 4-2017.

La delegación del PPD ahora se encamina a un segundo ‘strike’. Al igual que hizo con la Reforma Laboral, la delegación del PPD está promoviendo un proyecto sustitutivo que solo contempla enmiendas al Código Electoral, en vez de derogarlo. La delegación de Victoria Ciudadana se opone a este curso de acción por el proceso utilizado para elaborar ese proyecto sustitutivo y, también, por el contenido de la medida.

Sobre el proceso, es importante destacar que la comisión legislativa a cargo de este proyecto solo ha celebrado cuatro vistas públicas sobre asuntos electorales y no todas se han enfocado en el Código como tal, sino que la mayoría de las vistas han versado sobre las irregularidades de las pasadas Elecciones. Compárese, por el ejemplo, con la comisión legislativa que investiga el contrato de LUMA, que ha celebrado sobre veinte vistas públicas solamente sobre ese contrato. ¿Cómo es posible que el Código Electoral no conlleve igual o mayor rigor legislativo?

Peor aún, la discusión sobre cambios al Código Electoral ha estado principalmente en las manos de las delegaciones del PPD y el PNP, ya que se está utilizando la medida como ficha de negociación entre el Legislativo y el Ejecutivo ante los nombramientos pendientes de confirmación en la Cámara.

Por ello, la única reunión grupal sobre este proyecto se sostuvo entre aliados del PPD y el PNP. A los representantes de otros partidos se nos han solicitado recomendaciones por separado sin tomar en cuenta que este tema precisa de diálogo sostenido, retroalimentación entre las partes y coherencia legislativa.

Sobre el contenido del proyecto sustitutivo, este no garantiza un balance real entre los partidos políticos, pues define “balance electoral” como la participación de tres partidos: dos partidos con más de 25% de los votos en la pasada elección y un partido con menos de 25% de los votos. Bajo el escenario actual, el “balance electoral” en las distintas instancias de la CEE significaría la participación del PNP, el PPD y un partido adicional a ser escogido entre los demás partidos (MVC, PIP y PD). Eso no es balance electoral real y solo protege el agotado bipartidismo.

El proyecto tampoco reconoce la necesidad de innovar nuestro sistema electoral a tono con los tiempos, como sería: (1) adoptar medidas para ampliar y facilitar la participación electoral, como un Registro Automático de Electores/as; (2) facilitar el recogido de endosos, inscripción de partidos y retención de la franquicia electoral tanto de partidos como de candidatos/as independientes; (3) eliminar la prohibición contra las candidaturas coaligadas y reconocer su validez jurídica y democrática y (4) revisar los mecanismos de votación a puestos legislativos para promover mayor representatividad y proporcionalidad.

Como sabemos, el Código Electoral del 2020 se aprobó a la ligera y con el mero aval de un solo partido político. Eso provocó una improvisación enorme, lo que se evidenció en eventos electorales acompañados de resultados cuestionados y litigados. Consecuentemente, se generó un llamado a estudiar con urgencia lo ocurrido y aunar esfuerzos para producir un código nuevo. A esos fines, la delegación de Victoria Ciudadana propone la creación de una “Comisión Conjunta” en la Asamblea Legislativa con representación multipartita y multisectorial.

Esta Comisión tendrá la encomienda de facilitar vistas públicas y mesas participativas, recoger el insumo de organizaciones civiles, personas con ‘expertise’ electoral y la ciudadanía en general, para elaborar durante el cuatrienio un borrador de Código Electoral robusto e innovador. Así, la confianza en ese andamiaje democrático dependerá tanto del proceso como del contenido que caracterice esa nueva ley electoral.

La delegación del PPD cometería un grave error si insiste en apresurar en esta primera Sesión Legislativa meros parchos al Código vigente. El Código Electoral de Puerto Rico no debe ser una ficha momentánea y apresurada de negociación, sino el resultado de una deliberación amplia sobre el marco legal que protege lo más sagrado de una democracia: la voluntad del pueblo. 

Además de autoinfligirse un segundo ‘strike’ de promesas legislativas incumplidas, estarían negociando con el asunto menos indicado. La confianza democrática en el sistema electoral es innegociable.