Wanda Vázquez

Los tiempos preelectorales son siempre propicios para la discusión abierta y transparente de las oportunidades y los desafíos que enfrentamos como sociedad. Resulta claro que la falta de transparencia ha obstaculizado la deliberación necesaria para que los sistemas y los procesos de gobernanza produzcan decisiones colectivas inteligentes y políticas públicas eficientes. En este sentido, la auténtica mejora de la gobernanza abierta y transparente que requiere el País solo puede surgir y funcionar si logramos cambiar las malas prácticas de gobernar que nos han traído hasta aquí.

Sin embargo, el hecho de que por primera vez en la historia reciente contamos con una gobernadora que no pasó por un proceso electoral abre nuevas oportunidades para la mejora de la gobernanza y debe garantizar que no hay compromisos ni ataduras con quienes financiaron una campaña electoral. Este nuevo contexto sin duda apunta hacia oportunidades para la generación de soluciones que impulsen los cambios radicales que reclama la sociedad, la mejora en la prestación de servicios a la ciudadanía, la modernización de nuestro marco institucional y de las prácticas de gestión estratégica y toma de decisiones para guiar los cursos de acción para instituir el nuevo arte de gobernar en gobernanza.

De igual forma, hemos comprobado el poder de la información y el dilema del uso constructivo o destructivo de las tecnologías de información (TIC). La dimensión constructiva de los medios sociales tuvo su fase centrífuga en las acciones de las relaciones simbióticas de rechazo a las prácticas malsanas de gobierno armadas por los ciudadanos mediante las redes sociales y apoyada por artistas, deportistas, los medios de comunicación, la prensa y la ciudadanía en general. Estos hechos extraordinarios evidenciaron el poder y la fuerza creadora de los medios sociales para implantar reformas de la gobernanza pública sustentadas en la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha anticorrupción.

Por otro lado, la dimensión destructiva y perversa que entraña el mal uso de los medios sociales la vimos en el uso perturbador del chat de Telegram que terminó erosionando la confianza y la legitimidad de un gobernante y cuestionando la institucionalidad. Además, la falta de transparencia y la desinformación abrieron espacios a la corrupción que culminaron en arrestos de funcionarios y de ejecutivos del sector privado, que de acuerdo con las entidades federales continúan en curso.

Estos hechos abren una oportunidad sin precedentes de adelantar un verdadero cambio en el modo de gobernar, en la mejora de las capacidades de la gobernanza, en los procesos de formulación de las políticas públicas y en el fortalecimiento de las capacidades institucionales. La desinformación debe ser sustituida por el desarrollo de las capacidades de gobernanza en redes, la transparencia y el acceso a la información para el diálogo reflexivo, deliberativo y el ejercicio de un juicio crítico. Sin información veraz y oportuna que sirva de base a los mecanismos de deliberación que permitan tomar mejores decisiones no hay posibilidad de avanzar en la construcción de un mejor país.

En este sentido urge resolver las deficiencias de las leyes 122 y 141 de 2019 aprobadas apresuradamente por el gobernador saliente, las cuales limitan y reducen la obligatoriedad del gobierno de divulgar sus acciones y los resultados de su gestión. Nuevamente las leyes aprobadas no cumplen con los indicadores de mejores prácticas de transparencia y acceso a la información reconocidos internacionalmente, son contrarias a la transparencia activa, y no establecen sanciones por su incumplimiento.

Por ello el Centro de Gobernanza ha insistido que la falta de voluntad política de aprobar una auténtica ley de transparencia no ha permitido que Puerto Rico avance en materia económica y social. La legislación peticionada por el centro en 2015 (P de la C 2469) propone un modelo para articular la cultura de buen gobierno de lo público basado en el principio rector de la transparencia y el derecho a la información como bien público para fortalecer las capacidades de gobernanza, abrir espacios de colaboración entre el gobierno, la sociedad y el sector privado, mejorar la toma de decisiones gubernamentales y promover la innovación y el bienestar social y económico. Todo ello permitirá mejorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, generar respuestas acertadas para el bien común y desalentar la corrupción.

La transparencia de la información nos debe mover a incentivar el desarrollo del conocimiento de los ciudadanos para avanzar hacia decisiones compartidas, la inclusión, la deliberación y la corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Para lograrlo debemos instituir la transparencia como el eje transversal para construir una gobernanza abierta, deliberativa e incluyente comprometida con los valores de la integridad, la veracidad, la razonabilidad y la imparcialidad.

Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa