Pierluisi
El gobernador Pedro Pierluisi. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

El plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal en abril de 2021 es una reafirmación de la continuidad de las políticas de recorte del gasto público, lo que representa una derrota simbólica para el gobernador Pedro Pierluisi. Desde la campaña para las elecciones de 2020, el gobernador ha insistido en construir su imagen vendiéndose como un gran negociador capaz de enfrentar los recortes del gasto público, planteando que ha sido abogado de la junta y conoce mejor que nadie las entrañas del monstruo. Bastó con que el nuevo plan fiscal certificado viera la luz del día para confirmar que todas las propuestas de Pierluisi fueron echadas por el piso, ratificando su verdadera posición, que es a favor de continuar con las políticas de austeridad. Este asunto va más allá de la política pública y pudiera representar un punto de inflexión en las condiciones de gobernanza del gobernador Pierluisi. Analicemos.

El gobernador fue comisionado residente por ocho años, entre 2009 y 2016. Durante este período, argumentó que pertenecía al Partido Demócrata y que hacía causa común con el pensamiento liberal comandado por el entonces presidente estadounidense Barack Obama. Luego de una derrota primarista en 2016, Pierluisi regresó a la práctica privada a defender los intereses de los bonistas y las políticas de recorte de la junta. En agosto de 2019 ocupa la gobernación por cinco pírricos días, en el convulso “Verano 2019”, insistiendo en que merecía el cargo porque sabía enfrentarse y negociar con la junta. Durante el mes de febrero de 2021, presentó un borrador de plan fiscal que contenía tres propuestas fundamentales: detener los recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR), no aplicar recortes a los sistemas de retiro y mantener las transferencias económicas a los municipios. La respuesta de la Junta de Control Fiscal fue contundente, rechazando de plano las propuestas del “gobernador de la junta”.

El plan fiscal sostiene los recortes en áreas fundamentales de la inversión social. El 25% de los retirados recibirá un recorte de 8.5%, sin que exista seguridad de que no habrá otros en el futuro. Además, el plan propone continuar reducciones presupuestarias a la UPR, hasta un piso de $450 millones. Esto provocará que continúen aumentando los costos de matrícula para los estudiantes, convirtiendo la educación en un lujo disponible solo para los que puedan costearla.

Con estas decisiones, la junta demuestra su falta de compromiso con el desarrollo integral de Puerto Rico por la vía de la justicia social. También prueba un claro menosprecio por la importancia de las instituciones locales para enfrentar la desigualdad con el fin de crear clases medias capaces de realizar proyectos materiales de vida en nuestro país. Además, el plan certificado mantiene recortes a los municipios, dejando en cero las transferencias a estos. Como sabemos, estos son la primera línea de representación institucional para los ciudadanos luego de eventos como huracanes, temblores o pandemias.

Esta política pública sostenida por la junta, ratificada en las disposiciones del nuevo plan fiscal certificado, revela la realidad de que el gobernador -distinto a las representaciones que le hizo al pueblo- no posee los contactos, la influencia ni las destrezas para negociar cambios estructurales con dicho ente. Por esta razón, la Cámara de Representantes y el grupo de legisladores de mayoría continuaremos proponiendo, educando y negociando sobre formas distintas de hacer política pública y contrastarlas con los planes fiscales de la junta y el gobernador.

Por ello, la agenda de trabajo de nuestra oficina continuará siendo defender la justicia social y utilizar los recursos disponibles para invertir en educación, salud, el mejoramiento de la infraestructura y otras necesidades para encaminarnos a una vida mejor. Las políticas de austeridad deben ser aplicadas al gasto político, como el despilfarro en publicidad, contratos sin causa y redundancias en servicios. Estos recortes en áreas que sabemos que no son productivas para el País son las que deben servir para liberar recursos que nos permitan recomponer una nueva generación de trabajadores del gobierno y la empresa privada, fortaleciendo la productividad y el desarrollo económico, mientras nuestras instituciones cumplen su deber ministerial de servicio al pueblo puertorriqueño.