La Junta de Control Fiscal
En la foto los miembros de la junta Andrew Biggs, Antonio Medina, John Nixon, David Skeel y Arthur González. >Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO

Los años en el servicio público le enseñan a uno que las instituciones se engrandecen —y los funcionarios que las componen— cuando en momentos de mucha adversidad se toman decisiones correctas y justas, con alto sentido de responsabilidad y absoluta prudencia.

En cambio, el liderato endeble, poco edificante y oportunista es aquel que usa el miedo y la desinformación como punta de lanza para adelantar sus causas; máxime cuando antepone la inmediatez sobre lo trascendental. Es decir, el liderato hueco es aquel que en los momentos de la verdad no llena las expectativas porque fija la mirada en el árbol y pierde el bosque.

Ese es el caso de la Junta de Control Fiscal, cuyas declaraciones contra el Senado de Puerto Rico denotan una ausencia total de respeto hacia la verdad y una intromisión inoportuna en el complicado debate de allanar espacios de diálogos dentro de los procesos legislativos.

Tras la aprobación del Proyecto 1003 de la Cámara que autoriza, entre otros asuntos, una emisión de bonos de $7,400 millones, la junta fiscal lanzó unas declaraciones totalmente destempladas e irresponsables contra el Senado, intentando adjudicarle culpa sobre el posible fracaso de las negociaciones de la reestructuración de la deuda.

Según la junta, la inclusión “sorpresiva” de 10 propuestas del presidente del Senado, José Luis Dalmau, en la legislación “costará decenas de billones de dólares”, ya que, según ellos, el Senado pretende evitar recortes en las pensiones y comprometer “gastos masivos” que ponen en peligro la aprobación del plan de ajuste, e inclusive la disposición de los acreedores para aceptar los términos de la transacción.

Luego de esas desafortunadas declaraciones —como siempre ocurre— salieron algunos lacayos a criticar al Senado, citando datos incorrectos y obviando lo más básico en cualquier controversia: revisar el contenido de las imputaciones y comprobar si, en efecto, las propuestas conllevan gastos de “decenas de billones de dólares no presupuestados”.

Los hechos, claramente desmienten a la junta. Estos son los datos:

El pasado 26 de septiembre —es decir, 11 días antes de que el Senado actuara sobre la legislación del plan de ajuste— el presidente del Senado le envió una carta al presidente de la junta fiscal, David Skeel, en la que le esbozaba 10 objetivos específicos de política pública que, a su juicio, debían ser incluidos de forma complementaria al Plan de Ajuste de Deuda.

La razón era simple: la legislación propuesta para la emisión de bonos obliga el cumplimiento de pagos prospectivos del gobierno por las próximas tres décadas y establece la hoja de ruta gubernamental que impactará las próximas ocho administraciones.

La carta  —que se hizo pública— solo fue reseñada por el periódico EL VOCERO, que fue el único medio que entendió la seriedad del tema.

Un examen de su contenido demuestra que de las 10 propuestas sometidas, ninguna de ellas conllevaba la obligación de desembolsos obligatorios —mucho menos billonarios— precisamente porque cualquier propuesta futura tiene que estar atada a la realidad fiscal del País. El lenguaje aprobado, inclusive, expresa que cualquier costo tiene que estar sujeto a la disponibilidad de fondos.

En la carta se buscaba validar el acuerdo alcanzado con la junta sobre las protecciones de las pensiones hasta $2,000 y establecer el mecanismo de la cláusula de restauración; se incluía, además, una estrategia para combatir la pobreza, la desigualdad social, proteger a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y proponía estudiar alternativas para la ausencia de cubiertas médicas para 225,000 personas de clase media, entre otras medidas de justicia social.

De hecho, con una lectura somera de la carta se puede observar que el lenguaje pretendía obtener el apoyo de la junta hacia estos objetivos e inclusive le solicitaba la colaboración técnica para validar los estimados. Nunca dispuso asignaciones presupuestarias obligatorias.

Esa carta, lamentablemente, nunca fue contestada por la junta.

Cuatro días más tarde, el 30 de septiembre, tras la aprobación del proyecto de ley 1003 por la Cámara de Representantes —en donde se excluían los recortes a todas las pensiones— Dalmau envió una segunda carta —que se hace pública por primera vez en esta columna— en la que solicitaba la posición de la junta sobre tres escenarios distintos, incluyendo el lenguaje aprobado por la Cámara. En otras palabras, se solicitaron respuestas y datos antes de que el Senado votara.

No obstante, la junta tampoco contestó la segunda carta.

El Senado descargó entonces su deber constitucional sin contar con la ayuda de la junta, que irresponsablemente optó por esconderse a pesar de tener el tiempo suficiente para ayudar a redactar un lenguaje conciliatorio. En cambio, prefirieron responder tardíamente de forma virulenta, responsabilizando al Senado por su propia dejadez.

Por eso, de cara al futuro, la junta debe demostrar más apego a la verdad y más seriedad en su proceder.