Violencia

Inadmisible. Un asesinato de una mujer por su exparejo no se puede normalizar. Intolerable. Cuando una víctima sobreviviente de violencia doméstica da un paso al frente para denunciar a su agresor, un funcionario llamado a velar por el cumplimiento de sus protecciones no puede posponer por días la investigación criminal. Inexcusable. Ante el nivel de violencia alegado en torno a la amenaza de muerte inminente, no hay razón que subsane la falta de diligencia para tomar medidas de prevención. Injustificable. Arrestado el sospechoso, se le libera sin radicarle acusación. Incuestionable. El desenlace del asesinato vicioso de una mujer se pudo evitar.

Son muchas las dudas que surgen en cuanto al cumplimiento adecuado del protocolo por parte de las autoridades para prestar los servicios disponibles a una víctima de violencia doméstica ante la amenaza de matarla de parte de un exparejo, y de suicidarse, para manipularla. El cuestionamiento de por qué el fiscal Diego Velázquez Fas aparentemente no refirió el caso de inmediato a la División Especializada de Violencia Doméstica del Distrito de Mayagüez pone al relieve su falta de capacidad para ocupar el cargo. ¿El fiscal Velázquez Fas —nombrado bajo la administración de Alejandro García Padilla al final de 2014— aprobó los cursos en la escuela de derecho sobre la Ley 54 (1989)? Posteriormente, ¿tomó los adiestramientos ofrecidos por el Departamento de Justicia sobre el protocolo de intervención en violencia doméstica?

Las órdenes de protección por sí solas no salvan vidas. A raíz de experiencias de otras víctimas de violencia doméstica, durante la vista pública en el Senado de Puerto Rico para aprobarse la Ley 54 (1989) advertimos que no se podía promover una ilusión falsa en cuanto a que las órdenes de protección les salvarían sus vidas. A pesar de que es un mecanismo civil que las víctimas pueden activar —sin necesidad de que se procese criminalmente a su parejo o exparejo— una orden de protección no puede ser la única opción de seguridad cuando la vida peligra.

Por ende, un punto de partida para evaluar la aparente falta de diligencia de las autoridades para proteger debidamente a la hoy fenecida Lourdes del Carmen Cuevas Natal (42 años) de su asesino Javier Acevedo Rodríguez (40 años) es examinar por qué se solicitó una orden de protección, sin que ello fuese acompañado de que se radicara denuncia criminal ante el tribunal en contra de quien se convirtió en su asesino. Hace años que el Departamento de Justicia liberó a la víctima de la responsabilidad de tomar la decisión de si interesa proceder criminalmente en contra de su victimario. Así se le quitó al victimario un frente de chantaje emocional y amenaza, si la víctima no desistiese de proceder criminalmente en su contra. “La determinación en cuanto a si someter cargos criminales contra una persona sospechosa de haber cometido violencia doméstica no dependerá del interés de la víctima en el encausamiento criminal, sino en la evaluación independiente e imparcial de la prueba que deberá hacer el fiscal” (Departamento de Justicia, Orden Administrativa Núm. 2007-02, Art. VI-A, Inciso #14, p. 6).

Por otra parte, ¿el fiscal Velázquez Fas, Distrito de Mayagüez, le tomó la declaración jurada a la víctima, Lourdes del Carmen Cuevas Natal, dentro de las primeras 24 horas de haber recibido la consulta de la agente Soto, placa 21660 (Rivera Puig, El Vocero, 9 junio 2019), según le requiere el protocolo (Ibid, Inciso #1, p. 5)? ¿El fiscal Velázquez Fas no tuvo conciencia para aquilatar que la seguridad de la víctima estaba en riesgo para ubicarla en un lugar seguro, ya fuese con la ayuda de la agente policiaca o un(a) técnico(a) del Programa de Asistencia de Víctimas y Testigos (Ibid, Inciso, #19 y #20, p. 7)? ¿A Lourdes del Carmen Cuevas Natal se le orientó para entender la peligrosidad que su vida corría para apoyarla en tomar la decisión de trasladarse a un albergue?

El sentido de urgencia para salvar una vida no se puede perder por parte de los(as) funcionarios(as) llamados(as) a implantar el protocolo para la prevención y prohibición de la violencia de género. Las autoridades de ley y orden tienen una gran responsabilidad en guiar a las víctimas de violencia de género por el complejo laberinto jurídico, ayudándolas a tocar fondo con el nivel de riesgo que enfrentan para que puedan tomar decisiones difíciles con mayor claridad. Ello requiere validarle, en lugar de minimizarle, el peligro que su vida corre. ¡Quienes no entiendan el alcance de su labor en el ministerio fiscal, no pueden ocupar dichos puestos!

(3) Comentarios

Carlo Del Valle

Cada vez que sucede un caso de criminalidad o corrupcion por aparente indiferencia en el entrenamiento y la supervisión no podemos quedarnos de brazos caídos y asumir que ese es el estadod de normalidad de nuestra sociedad. La impunidad no puede regir. Para el funcionario estatal negligente o corrupto, castigo o carcel según su grado de culpabilidad.

Eric Ruiz

Bodrogo es pesado que nadie lo soportaría según Agapito. El postulado el bateo el pasado no cuadro. No existe ningún partido que resuelva los problemas por comunistas. Ahora se dan en pecho yo te resuelvo. Coherentes.

ST FU

Por qué seguimos insistiendo que en esta isla algo realmente importa? Esta persona está muerta porque no importa. El asesino estaba libre porque no importa. El fiscal no hizo su trabajo porque no importa. El policía que sí hizo su trabajo es una anomalía cultural. La única forma de vivir en Puerto Rico es siendo apático, pa’ que tú lo sepas.

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