Capitolio, Sesion Ordinaria, Camara de Representantes

Las víctimas de crímenes violentos prevalecimos en la legislatura. Al filo de la medianoche del pasado 25 de junio -último día para aprobar proyectos de ley en este cuatrienio- bajó el veredicto del pueblo, vía sus representantes, a favor de las víctimas. En la Cámara de Representantes no se aprobó el P de S 1590 para imponer la aplicación retroactiva de jurados unánimes, ampliando el alcance de las decisiones de Ramos v. Louisiana (No.18-5924), y Pueblo de PR v. Torres Rivera (CC-2019-0916) que aplicaba solo a casos pendientes y prospectivamente. Nuestra defensa de las víctimas de crímenes violentos triunfó al advertirle al País que reabrir casos finales y firmes era una afrenta a nuestros derechos constitucionales a la dignidad y honra. La representante María Milagros Charbonier, presidenta de la Comisión de lo Jurídico, cumplió con su palabra cuando esa mañana públicamente reiteró que no contaba con los votos, ni se bajó sorpresivamente debajo del radar para su aprobación.

No obstante, no podemos quitarle la vista al balón en la cancha legislativa, hasta que se termine el juego este cuatrienio. En entrevista radial el 26 de junio del corriente, el discurso de la representante Charbonier se tornó ambiguo. Nuevamente, sigue robándole la paz y tranquilidad a las víctimas de crímenes violentos. Charbonier dejó la puerta abierta para que el P de S 1590 pudiese aprobarse en una sesión extraordinaria. Con dicho discurso político grisáceo, ¿se dirige a las gradas de potenciales electores dentro de las cárceles y abogados(as) criminalistas para calmar las aguas en su contra por no aprobarse la retroactividad? ¿Se le olvida que las víctimas y sus familiares también votan? Aparentemente la representante está ajena al impacto que dichas declaraciones tienen sobre las víctimas y sus familiares. Le advertimos a la representante que dicha conducta como política, nuevamente revictimiza, hurgando en la cicatriz de la desconfianza. Un asunto es atender el trámite legislativo, y otro es “jugar” con la psiquis de quienes se ven afectados(as) por sus decisiones. Violentar la tranquilidad de las víctimas de esta manera, ocasionando el estado de aprensión ante la posibilidad de tener que enfrentar los rigores judiciales nuevamente, raya en la insensibilidad. Las víctimas aprendimos a defender nuestra vida con “dientes y garras”; aun en los peores escenarios en que nuestros verdugos nos torturan, nos dejan descansar para volver a la carga. No nos damos por vencidas ante quienes pretendan violentar nuestra dignidad, honra y el derecho a vivir en paz.

En el aspecto procesal legislativo, la posibilidad de que sesiones extraordinarias se convoquen en lo que resta del cuatrienio, por un lado, depende de que la gobernadora Wanda Vázquez lo haga promulgando una agenda específica. “La Cámara también podrá considerar en una Sesión Extraordinaria convocada por la Gobernadora cualquier asunto interno del Cuerpo” (Sec. 18.3(a), R de la C 1, 2 enero 2017, p. 74). Por otro lado, los presidentes de ambos cuerpos legislativos también pudiesen convocar sesiones extraordinarias. A pesar de que cuando el presidente del Senado convoca, el Reglamento del Senado prohíbe explícitamente “tratar proyectos de ley y resoluciones conjuntas” (Sec. 21.3(b), R del S 13, 9 enero 2017, p. 76), el Reglamento de la Cámara de Representantes guarda silencio al respecto (Sec. 18.3(b), R de la C 1, 2 enero 2017, p. 74). El presidente de la Cámara de Representantes podrá convocar para “tratar asuntos urgentes” o “asuntos que consten en la convocatoria”. Además, la segunda sesión anual que usualmente “comienza el tercer lunes de agosto y termina el martes previo al tercer jueves del mes de noviembre”, no se celebra el año de elecciones generales (Ibid, Sec. 18.2(b), p. 73).

En cuanto al tema de falta de estadísticas que menciona la representante Charbonier, no solamente la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, sino el País, carece de la información en torno a la magnitud del problema. No se tiene el número total de casos que tendrían que reabrirse para celebrar juicio nuevo, ya fuese a casos pendientes de revisión a partir de la jurisprudencia establecida en EE.UU. y PR, ni si se decidiera legislar retroactivamente a 1948. Tanto la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, como la propia secretaria de Justicia, deberán exigir una auditoría del mantenimiento de los expedientes de la fiscalía para cotejar expediente por expediente verificando si preservan las hojas de veredictos, o si la Oficina de Administración de Tribunales, tendrá que ordenar una investigación en la Secretaría y el Archivo de Casos Inactivos para cotejar lo propio. ¡No bajamos la guardia!