Lorenzo González

La estrategia diseñada para el manejo de toda emergencia, sin importar la naturaleza que esta encierre, debe estar vacunada contra el virus devastador de la improvisación.

De no ser así, una tormenta de incertidumbre azotará cada fase del operativo, provocando disloques en el uso de los recursos y en la prestación de los servicios que en medio de tal emergencia reclama la ciudadanía.

En un síntoma de esa enfermedad endémica de la improvisación, ayer la gobernadora Wanda Vázquez Garced se vio obligada a “rectificar” públicamente el anuncio que había hecho el martes, en el sentido de que haría obligatorio que todo pasajero que llegue por cualquiera de los aeropuertos lo haga trayendo consigo una prueba molecular negativa a Covid-19. Explicaba que, de no venir con esos resultados, ese visitante o residente de la Isla tendría que, en el mismo aeropuerto, someterse en forma obligatoria a la prueba rápida o serológica de la enfermedad.

Aun con la rectificación de lo que describió como su “opinión”, la primera ejecutiva no estableció entonces en qué dirección van las nuevas disposiciones que formarán parte de la nueva orden ejecutiva que entra en vigor la semana próxima.

Lo que sí quedó claro es el efecto de falsas expectativas que puede tener la simple “opinión” de un mandatario o mandataria, cuyo marco de autoridad le obliga a trazar, anunciar y conducir políticas públicas con base real y sustentable, y no con base en la suposición y la especulación.

Para la gestión de las distintas fases de reapertura o de camino a la llamada “nueva normalidad”, lo más práctico y prudente es que el gobierno afine su trabajo con los expertos de los comités médico y económico para que no se den palos a ciegas.

La opinión de cada figura gubernamental involucrada en el manejo de la pandemia debe estar asistida por la posibilidad de recursos y, sobre todo, por expectativa de viabilidad.

Ya explicaba el ayudante general de la Guardia Nacional, el general José Reyes, que – en el escenario de las pruebas obligatorias – al momento en que el País reabra sus puertas al turismo ese cuerpo militar tendría que contar con la cantidad de personal y de pruebas necesaria para su administración a más de 12,000 pasajeros cada día, solo en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Fue enfático en que, para un escenario así, la institución no tiene a mano las pruebas suficientes.

Creemos, sí en que la próxima orden ejecutiva debe disponer un refuerzo de las medidas de seguridad antipandemia en puertos y aeropuertos, incluyendo más y mejores recursos para el trabajo que, con limitaciones, pero con gran empeño realizan en el Muñoz Marín los efectivos de la Guardia Nacional. Esto incluye disposiciones más exigentes para la detección de posibles contagios y una seguridad absoluta de disponibilidad de pruebas aprobadas por el gobierno federal y un suplidor confiable.

Razones para este refuerzo en el aeropuerto son evidentes cuando, tras la reapertura, se han reportado brotes de la enfermedad en algunos municipios, atribuido ello a personas que han llegado del exterior a visitar a sus familiares.

Ante una pandemia, las tareas concretas de un gobierno no pueden dilatarse a costa de imprecisiones. Es inaceptable también que se pretenda manejar una crisis echando a un lado la lista de prioridades para darle paso simplemente a una lista de deseos que no ha sido corroborada con lo que realmente amerita una situación altamente peligrosa, y descrita por la gobernadora Vázquez Garced como “mi opinión”.

El gobierno exige prudencia y sensatez.