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 En la foto la alcaldesa de San Juan Carmen Yulin Cruz. (Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO)

En Puerto Rico se ha venido desarrollando lo que podríamos llamar la tiranía de la comunicación; un término usado por el periodista Ignacio Ramonet que magistralmente lo desarrolla en un libro del mismo título. No es un fenómeno nuevo, pues durante las décadas del cuarenta y cincuenta el PPD obstaculizaba aquellos periódicos con una línea editorial distinta a la del popularismo. Al periódico El Mundo, por ejemplo, le crearon un periódico alterno para que le sirviera de competencia y afectar sus ingresos.

El PPD buscó la manera de crear la hegemonía de medios de la que habló Antonio Gransci para mantener adoctrinado al pueblo y mantenerse en el poder. Es un fenómeno que se repite cíclicamente en la historia porque los intereses de uno se convierten en los intereses del otro. Lo político y económico se dan la mano, y por eso vemos a personeros de la independencia coadyuvando a los del PPD en la agenda oprobiosa de coartar el derecho de expresión del disidente por el pecado de caer en el diferendo político.

Las expresiones de índole vulgar o altisonante -como quiera llamársele- son una subcultura en el periodismo radial en Puerto Rico y dentro del escenario político. Muchas de las expresiones caen dentro de la doctrina de hipérbole retórica, acuñada con precisión jurídica por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 2002 en el caso de Asociación de Medicina Podiátrica v. Dr. Romero Bassó: “Una expresión alegadamente difamatoria que no es accionable si se utiliza en sentido figurativo, flexible y no necesariamente por su significado literal.”

Durante esta semana al periodista y analista político Luis Dávila Colón lo han atacado a mansalva por expresiones que caen dentro de los alcances que esta doctrina establece y la reacción dentro del sector independentista del popularismo y del independentismo realengo, por igual, ha sido visceral. La doble vara salta a la vista cuando nos viene a la memoria casos anteriores donde los ataques son parecidos, pero a figuras del movimiento estadista. Si no hubo aplausos y algarabía, por lo menos, hubo silencio cómplice.

Dávila Colón usó la hipérbole retórica como en el pasado lo hicieron Juan Manuel García Pasalacqua y en tiempos recientes Luis Francisco Ojeda, Kobo Santarosa, el Molusco y, desde la música, René Pérez y Bad Bunny, como pudimos ver en el verano de 2019. O sea, el uso de la hipérbole retórica garantizado por el derecho de expresión se ha utilizado innumerables veces y la reacción ha sido ninguna hacia los practicantes de esta doctrina. Sin embargo, en este caso particular se levanta una bandera porque el practicante es una persona que cree firmemente en la estadidad.

Cuando creíamos que lo último que veríamos en Puerto Rico era un Tribunal Supremo de la cultura, como lo es el popularismo independentista en contubernio con el independentismo realengo -ambos con el siniestro poder de certificar quién es puertorriqueño-, surge ahora el tribunal supremo de los medios de comunicación. Aníbal Acevedo Vilá y Carmen Yulín son los miembros exoficio. Sus prejuicios y demagogia congénita hieren el tímpano hasta del más incauto, y su prejuicio vomitivo hacia todo lo que es estadista es manifiesto.

Mientras esto sucede nadie protesta. El silencio es ensordecedor y el PNP no se da cuenta que se trata de la única voz que hay en los medios que piensa distinto a los demás e igual a los que diferimos de gente como Acevedo Vila y Carmen Yulín. Sin embargo, el problema ante nosotros no es si el PPD logra amordazar a El Azote. El problema es peor. Esta andanada la comenzó Aníbal Acevedo Vilá en Radio Isla, competidora de WKAQ. Le hizo coro, de la misma emisora, el comunicador de Carmen Yulín, Armando Valdez. Y Carmen Yulín terminó montando la orquesta con los recursos de su municipio. El objetivo es lograr el copo y control comunicativo de todos los medios electrónicos en Puerto Rico para excluir y destruir al PNP y a los estadistas como Luis Dávila Colón

Cuando habíamos superado en Puerto Rico los prejuicios raciales, de religión, de origen nacional, y de sexo y orientación sexual resurge con fuerza telúrica el prejuicio político, dirigido hacia los que creemos en la estadidad. Esto incluye influir sobre agencias publicitarias para lograr la censura de anuncios y amedrentar a los medios. Los antiestadistas -reaccionarios a la ley y el orden con pellejo de guabina para escaparse de la justicia en el momento oportuno-, buscan ansiosamente la manera de políticamente capitalizar en este asunto.

Mario Ramos, Historiador