Colectiva Feminista

Entre desobedientes civiles, víctimas y “verdugas” continúa la persecución contra mujeres. Penetrar los espacios públicos desafía la integridad y sabiduría de mujeres que intentan hacer valer su dignidad en espacios anteriormente vedados a nosotras. Tras siglos de menoscabo, todo paso que se da para asumir nuestra voz, será filtrado por quien ejerce el poder para dar, o no, permiso a ser escuchadas. Veamos.

El jueves 3 de junio, el País despertó al son de congas y estribillos de la Colectiva de Mujeres Contra LUMA en el Expreso #22 denunciando el contrato leonino que privatiza la operación de la distribución y transmisión de electricidad. Su reclamo se hunde en la discusión de si su táctica política era o no válida por haber formado parte del tapón infernal mañanero usual en dicha ruta en horas pico de tránsito vehicular. Sus seguidores(as) promovían la consigna “lamento que mi protesta colapse tu tránsito, pero tu indiferencia colapsa mi país”. Si es o no un acto de desobediencia civil que acarrea sanciones o un ejercicio de libertad de expresión, posiblemente se dilucidará en los tribunales. Los cambios en el devenir histórico de los pueblos acarrean sacrificios conscientes que amplifican la desigualdad en el ejercicio del poder político. Mientras algunos(as) puedan sentir satisfacción por razones políticas con su posible encausamiento criminal, para otros(as) su desafío es un acto de afirmación. No obstante, el procesamiento criminal no puede ser selectivo. ¿Qué sucedió con Joleyxson Martínez Rodríguez, “Mezclita”, que paralizó el Expreso Las Américas el pasado abril?

Por otra parte, la orden ejecutiva (OE-2021-013) que declaró un estado de emergencia para atender la violencia contra la mujer se hace sal y agua ante la ineficiencia discriminatoria en el procesamiento criminal en contra de maltratantes y asesinos de mujeres. Luego de un fin de semana de incertidumbre, el fiscal Ángel García Rodríguez puso en jaque la posibilidad de que se ordenara el arresto del sospechoso por el asesinato de Nilda Álvarez Lugo, ocurrido en noviembre de 2020. Después de haberse desaparecido, para justificar su ausencia e inacción, el fiscal García Rodríguez provocó una dilación innecesaria ordenando una línea de confrontación para someter al testigo que lo conocía, a quien le había hecho admisión de culpa por los hechos, además de a los agentes que atendieron su detención. Fuentes expertas en trámite criminal consultadas coinciden que era claramente innecesario. Si no llega a ser por el fiscal Orlando Velázquez, a cargo del Centro Metropolitano de Investigaciones, quien logró reencaminar el caso ingresando involuntariamente al deambulante José Luis Román Elías a un centro de tratamiento, en donde fue evaluado como apto para enfrentar trámite judicial, el sospechoso pudo haber escapado de enfrentar su día en corte como presunto asesino. El pasado lunes 31 de mayo, finalmente se le encontró causa para arresto, sin necesidad de ser identificado en línea de confrontación. Ante su error garrafal, ¿por qué la jefa de fiscales Melissa Vázquez Sandoval insiste en asignarle al fiscal García Rodríguez el caso del asesinato de una mujer cuando hay indicadores previos de sus deficiencias?

En otro aspecto judicial, ya son tres juezas recientemente puestas bajo la lupa crítica pública por no garantizar la protección a víctimas de violencia doméstica. La jueza Mariela Miranda, se une al coro de las juezas Ingrid Alvarado Rodríguez y Sonya Nieves Cordero que aparentemente no aquilataron correctamente el testimonio de alegadas víctimas de violencia doméstica. En el caso de Andrea Ruiz Costas, la consecuencia fue su asesinato. En el caso de Mariliz Pérez, el aura reiterado de intocable que cobija judicialmente a Jerome Garffer, acaba de ser superado por la jueza Mariela Miranda, quien no le creyó su declaración del patrón de alegada conducta de violencia psicológica y física. El acecho y vigilancia continua, los insultos y vejaciones en público y privado, como los golpes físicos —incluso la ocasión en que la “restrelló” contra un espejo que se le partió encima cortándola—, ¿no constituye una cintilla de evidencia? ¿Cuál es el lavado de cerebro que someten a las mujeres cuando pasan por las escuelas de derecho y visten sus togas para convertirlas en “verdugas” de otras mujeres que buscan su amparo? Como bien expresó la alegada víctima: “Según la justicia de Puerto Rico, tengo que esperar a que me maten. Desgarrador que me saquen de sala y no tuvieran la valentía de decirme en mi cara la determinación”.

En fin, ¡el sexismo todavía vive en variedad de rostros, tanto víctimas, como victimarias!