Fiscalía

Conferencia de Prensa de Fiscalía federal sobre arrestos a involucrados en un esquema de corrupción, conspiración y lavado de dinero con fondos federales.

Independiente de la puerta por donde entre para consumar el crimen de robar el dinero público, la corrupción es una tragedia que hiere al País y priva profundamente – y en el acto – a miles de familias del derecho a recibir del gobierno los servicios que se merecen.

Ante esa realidad, las acciones concertadas contra la corrupción – pública y privada – tienen que escalar a lo implacable, como forma de extirpar ese cáncer que, como negocio cruel, busca hacer metástasis en el gobierno de Puerto Rico.

Si nos basamos en la multiplicidad de pesquisas “en curso” que por mucho tiempo ha estado revelando EL VOCERO con historias exclusivas, los arrestos de ayer en la Isla, en Washington DC y en Connecticut por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal son solo un eslabón de una larga cadena de operativos similares por venir.

Acusados por un gran jurado federal, en esta ocasión han caído la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Dávila; el contratista y el presidente de la firma de consultoría y contabilidad BDO, Alberto Velázquez Piñol y Fernando Scherrer, respectivamente; y las hermanas Mayra y Glenda Ponce.

Nuestro ordenamiento constitucional se funda en que a todo acusado le cobija la presunción de inocencia, hasta que un tribunal competente adjudique lo contrario.

Pero el esquema de conspiración para cometer fraude, fraude electrónico, robo, lavado de dinero mediante conspiración, entre otros delitos que contiene el pliego acusatorio, expone un panorama desgarrador del alcance del fenómeno del tráfico de influencias y de los peligros que asechan – desde adentro y desde afuera –el presupuesto gubernamental.

Expone también lo que debe presumirse como permisividad oficial, cuando figuras ajenas al interés público, movidas solo por el interés particular que representan, sin puesto alguno en el gobierno y con solo el padrinazgo partidista como credencial, son designadas a ejercer autoridad sobre funcionarios de agencias, según reza también en el recurso federal. De la mano, se han burlado los procesos normales de contratación y también las leyes y disposiciones de la sana administración.

Insistimos en que este periódico, en cada reseña, en cada primicia y en cada seguimiento de la corrupción hemos levantado bandera, en la mayoría de los casos en etapas muy tempranas como para – con acciones proactivas y diligentes – prevenir que lleguen al nivel de daño catastrófico a que casi siempre se llega.

Pero ante estas alertas, el País no ha visto la voluntad política, ni el rigor gubernamental, ni la responsabilidad social para enfrentar como se debe este comportamiento infame.

Hay que reconocer, sin embargo, la labor del FBI y su director Douglas Leff, así como de la Oficina del Inspector General porque demuestran empeño, porque han tomado acción y porque tras el operativo en torno al escándalo de los llamados “empleados fantasmas” del Capitolio, estas acusaciones de ayer se traducen en los más importantes resultados de esta etapa de sus investigaciones.

Al gobierno de Puerto Rico le decimos que cuando la prensa informe sobre algún caso, por pequeño, “insignificante” o “inverosímil” que sea, no lo subestime. Averigüe con todos los recursos y con todo el propósito de frenar en seco cualquier indicio del flagelo.

El deber ministerial nos dicta que es mejor pecar de exceso de rigor, que actuar con exceso de confianza cuando de proteger el interés público y custodiar los dineros del pueblo se trata.

En esto hay que actuar con fuerza, porque hay que cuidar la integridad de las instituciones y la confianza de que deben gozar. Esto a sabiendas de que una crisis de confianza fácilmente puede derivar en una crisis institucional.