Manifestaciones

Cuando Pedro Pierluisi hizo su conferencia de prensa, autoproclamándose a la ligera gobernador de Puerto Rico, afirmó que su acción buscaba dar estabilidad y seguridad al País. Esa misma justificación se lee en algunos medios y comentaristas que apoyaron su acción y hasta en la voz reciente del sector privado endosando su juramentación, que, como ya decidió el Tribunal Supremo, no cumplió con el procedimiento dispuesto por la Constitución.

Sin embargo, no es momento de tomar decisiones a la ligera. Quien nos gobierne por el próximo año y medio participará de uno de los periodos más importantes para este país: la aprobación del plan de ajuste de la deuda. Ese plan definirá el uso de nuestros fondos públicos por las próximas cuatro décadas. No existirá presupuesto gubernamental ni de agencia alguna o municipio que no se tenga que ajustar a lo que disponga ese documento.

Ese plan de ajuste o nuevo plan de pago es de una deuda que tanto el gobierno como la Junta Federal de Control Fiscal se han negado a auditar y que, para colmo, la junta ya está ofreciendo ofertas de pago a bonistas de deuda que la misma entidad ha reconocido fue emitida ilegalmente. En el caso de la deuda en bonos del gobierno central, este plan de ajuste de la deuda definirá el futuro de las pensiones y el presupuesto del Fondo General disponible para los municipios, la Legislatura, la Rama Judicial, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y demás servicios esenciales.

Durante las vistas públicas de la Cámara de Representantes sobre el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado, se pasó revista sobre su relación directa con la junta fiscal y su actual bufete. Del récord judicial surge que Pierluisi participó en representación de la junta en negociaciones de los planes fiscales y acuerdos terribles para el País como el aprobado para el pago de los bonos de Cofina. Todas estas acciones han sido repudiadas por el pueblo. Ninguna persona con esas credenciales y conflictos de intereses u otras parecidas debe estar habilitada para gobernar el País.

En fin, quien ocupe la gobernación tendrá en sus manos la defensa más importante del futuro de nuestro país, por lo que no debemos tomar la decisión a la ligera. Quien ocupe esa silla debe ser un defensor(a) incuestionable de nuestro pueblo frente a la junta y de nuestros servicios esenciales frente al pago de la deuda.

Debemos aspirar a alguien que se comprometa expresamente a ordenar una auditoría integral de la deuda y la cancelación de la deuda ilegal, a cero recortes a nuestras pensiones y a garantizar nuestros servicios esenciales frente a la junta y el Tribunal Federal. ¡Se nos va la vida en esto!