Junta Fiscal

Puerto Rico se enfrenta a circunstancias extremas que son el resultado de cuatro eventos catastróficos en las últimas tres décadas: 1) dos décadas de declive económico; 2) la acumulación de una deuda excesiva por parte del gobierno de Puerto Rico para compensar la caída en los ingresos fiscales de esta economía en declive; 3) los efectos de la crisis financiera de 2008 y 4) la devastación del huracán María.

En el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) nos hemos concentrado en promover la capacidad del pueblo para reconstruir su economía y su sociedad luego de estos eventos devastadores. El futuro de nuestro país depende significativamente del ajuste de la deuda de bonos de Puerto Rico en virtud de la ley Promesa impuesta por el Congreso de Estados Unidos en 2016. Es de vital importancia procurar la sostenibilidad de la sociedad civil y la economía a mediano y largo plazo tras el resultado de los procedimientos de Promesa.

Por ello, nuestros miembros han resuelto no negociar con la Junta de Control Fiscal (JCF), sobre todo porque esto no garantiza que la junta buscará niveles de reducción de la deuda que sean justos y razonables y que cumplan con los estándares establecidos por numerosos economistas de renombre, de manera que se viabilice una economía sostenible a largo plazo en Puerto Rico.

Recientemente la JCF aprobó un acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que aumentaría las tarifas de electricidad por los próximos 48 años. La JCF también apoya recortes del 8.5% a las pensiones y avaló un acuerdo con los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) que conlleva el pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de por lo menos 11.5% por los próximos 40 años.

Estos acuerdos también incluyen el recorte de más del 50% de los ahorros generados por los intereses del programa Retiro 2000, ya que lo que se ofrece es pagar solo la cantidad que depositaron de sus bolsillos en esas cuentas de ahorro los trabajadores y trabajadoras, y obligarles a renunciar a los intereses que debieron acumular a lo largo de hasta 18 años. Los acuerdos que se han alcanzado hasta ahora con los bonos de Obligación General (GO) favorecen a los bonistas a costa de imponer una carga onerosa al pueblo y al presupuesto del País, provocando una insuficiencia de fondos mayor de la que tienen importantes agencias como Salud, Educación, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y otras agencias de servicios esenciales.

Insistimos en que la junta debe procurar recortes en la deuda restante que estén más alineados con la realidad económica que enfrentan las familias puertorriqueñas. El SPT se niega a negociar con la junta porque un acuerdo con ese organismo requiere que permanezcamos silentes, en público y en los tribunales, callando nuestra firme opinión sobre la necesidad de una reducción sustancial de la deuda y esto no podríamos hacerlo con la conciencia tranquila.

Creemos que se debe lograr un acuerdo que beneficie a la mayoría de nuestro pueblo, comenzando con una rigurosa auditoría de la deuda. Los fondos para garantizar las pensiones, asegurar los servicios públicos esenciales, evitar más despidos y defender condiciones laborales justas están en el dinero que pueden recaudar las demandas que inició la JCF contra bancos, bufetes y firmas que se lucraron ilegalmente de las emisiones de deuda.

De nuestra parte, nos mantenemos vigilantes y continuaremos abogando por nuestros miembros y por el pueblo de Puerto Rico.

Esta es la posición del SPT Local 1996 y no de cualquier otro comité al que SEIU pueda pertenecer en los procedimientos del Título III de Promesa.