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El covid-19 nos exige evolucionar en términos sociales, económicos y políticos para acelerar el propósito principal de gestionar el cambio para prosperar como sociedad. La gesta de la prosperidad y el desarrollo inclusivo a emprender requiere —a todo nivel— de buena gobernanza y de un compromiso político en la gestión y el manejo de los cambios disruptivos. La realidad requiere de un esfuerzo concertado e integrado a favor de la voluntad política y de un compromiso firme de la sociedad para impulsar el cambio imprescindible e inaplazable.

La relevancia de la gobernanza y la gestión pública es superior a cualquier otro sector económico, organizativo o social. En Puerto Rico el sector público, de acuerdo con los datos disponibles, representa aproximadamente el 23% del Producto Interno Bruto (PIB) del País. Más allá de lo cuantitativo, este sector es responsable de jugar un papel de catalizador o traba del desarrollo; como facilitador u obstáculo a las iniciativas empresariales, comunitarias y ciudadanas o como impulsor o estorbo a nuevos proyectos. Para ejercer su rol con eficacia es imperativo cambiar enfoques, estructuras y prácticas propias de otros siglos que impiden responder a las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Los impactos de la pandemia y los problemas generados están relacionados con la gobernabilidad en al menos tres dimensiones. Primero, las malas decisiones de política pública, acompañada de una fragmentación y polarización política. En segundo lugar, la falta de balance y equilibrio en la atención a las necesidades en salud pública, alimentada por ideologías políticas sobre cuál es el papel que deben jugar el Estado, los municipios y la Legislatura. Por último, el choque y la ambigüedad de normativas y reglas federales y estatales que ha ampliado de manera crónica y sustantiva las brechas de desigualdad y pobreza y de las ideologías de estatus político.

Más aun, el coronavirus ha puesto de manifiesto la complejidad de lo público en todas sus dimensiones y las paradojas entre la economía, la salud y la ciencia y en las decisiones en los diferentes niveles de gobierno. El coronavirus ha resaltado el enorme contraste entre fortalezas y debilidades de la gobernanza y el liderazgo de lo público en toda su magnitud. En este contexto, las instituciones gubernamentales surgen como protagonistas, obligadas a implicarse en el ejercicio de un rol de liderazgo y coordinación de la reconstrucción; una intensa actividad regulatoria para ajustar las normas y los comportamientos colectivos que mejor satisfagan las demandas de los nuevos escenarios y dotar de recursos económicos para la prestación de servicios esenciales y el financiamiento de la vacunación y los tratamientos.

En esta instancia, la gestión de lo público se hace más presente y visible, lo cual tiene un doble efecto. En primer lugar, incrementa la demanda social de transparencia y rendición de cuentas y los reclamos de acceso a la información para contrastar los datos y conocer los criterios de decisión y la identidad de quiénes son responsables por la toma de decisiones. Asimismo, la pandemia ha resaltado la capacidad y entrega de muchos servidores públicos para adaptarse a los cambios y generar innovación para mejorar la prestación de los servicios. Pero también ha puesto al descubierto las deficiencias y las carencias en el uso prudente de los recursos; la rigidez, la obsolescencia y la lentitud burocrática de muchos procedimientos; los déficits de tecnología y manejo de datos; la redundancia de funciones y la falta de coordinación entre las agencias gubernamentales; la inexistencia de reglas y responsabilidades claras, y los espacios oscuros que propician la corrupción.

Es evidente que vivimos tiempos excepcionales que debemos aprovechar para prosperar y alcanzar niveles elevados de bienestar y calidad de vida. Por ello, no podemos prescindir de una administración y gestión gubernamental ágil y capaz de gestionar lo público con eficiencia y transparencia. Las experiencias vividas nos deben mover a generar el aprendizaje necesario para implantar las reformas de la gobernanza pública para que nuestro sector público sea un agente catalizador capaz de liderar la transformación del País.

El momento histórico nos convoca a aprovechar la coyuntura de la pandemia para romper con el estilo burocrático de administrar y la forma tradicional de gobernar, para encauzar la transición que enfrentamos como humanidad. Personas, comunidades, municipalidades y naciones más resilientes no se construyen de un día para otro. El reclamo urgente es a tomar las acciones requeridas para evolucionar como sociedad y a construir una nueva forma de gobernar para impulsar la prosperidad compartida. El imperativo no es simple... pero es categórico.

 

Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa