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Un grupo de mujeres se puso de pie y levantó pañuelos verdes, protesta que se popularizó en Argentina como parte de la lucha en favor del aborto legal. >Brandon Cruz González / EL VOCERO

 

“Aviso: Nadie puede obligarle a tener un aborto”. Si se hace mandatorio ubicar un cartel con dicho mensaje en las clínicas de aborto (Art. 5, P. del S. 950, 7 mayo 2018, p. 11), debe ser obligatorio colocar otro a su lado, igual de grande, con letras idénticas para advertirle a la mujer: “Nadie puede obligarle a parir”.

No jueguen con las palabras. El P. del S. 950 sí es un proyecto de ley que pone mayores tranquillas emocionales para frenar que mujeres libremente podamos controlar nuestros cuerpos. El mal llamado “consentimiento informado” es una trampa bajuna. Por supuesto que todo procedimiento médico requiere un consentimiento informado. No obstante, eso no es su intención. El P. del S. 950 está guiado para despertar el sentimiento de culpa en la mujer embarazada para obstaculizar la toma de decisión libre de todo prejuicio en su intimidad. Toda mujer tiene derecho en su privacidad a no realizarse un aborto. Lo que no es admisible es usar un escaño senatorial para imponer una creencia religiosa a otras mujeres. La libertad de expresión y el derecho a nuestra intimidad nos cobijan al momento de tomar una decisión, junto a un(a) profesional de salud, si dar curso o no a un embarazo no deseado; en particular, si es producto de violencia sexual.

El P. del S. 950 se engendró de forma sexista. Los códigos lingüísticos responden a un discurso en que la mujer no solo se invisibiliza, para quitarnos el control para decidir sobre nuestro cuerpo, sino que erosiona nuestra capacidad para enfrentar nuestra opresión. Desde el título de la ley, las reglas sexistas del léxico castellano y los requerimientos responden a una visión pro vida, en contra del aborto. Veamos.

Su título: “Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida”, supeditando la vida de la mujer a la de un feto, claramente es una consigna antiaborto. ¿No se conoce el trasfondo histórico de cómo cientos de miles mujeres que se practicaron abortos con ganchos de ropa y agujas de tejer murieron desangrándose al perforarse sus úteros? Con excepción de contadas instancias en que se refiere a “la menor”, el proyecto está redactado en la versión sexista del castellano que invisibiliza a la mujer. “Los padres”, “los hijos”, “un menor necesita el consentimiento de sus padres”, “un dentista”, “un oftalmólogo” (Ibid, p. 4-5); “el Juez” (Ibid, p. 15), son algunos ejemplos.

El “consentimiento informado” remacha la mal llamada “objetividad” en torno a los aspectos negativos de un aborto (Ibid, Art. 2, (b), (2), p. 9). No obstante, las bondades del respeto a la dignidad y el derecho a la intimidad a la mujer para decidir sobre su cuerpo no se destacan de forma igualitaria. El proyecto de ley guarda silencio sobre los beneficios de realizarse un aborto, como por ejemplo, liberarse de cargar física y emocionalmente con un feto producto de una violación, amarrándole sicológica y legalmente indefinidamente con su(s) violador(es). El acto criminal de una violación no acaba con los hechos, sino que perdura cuando no se le pone coto a la secuela de un embarazo no deseado, entre otros aspectos que afectan la vida a una sobreviviente de violencia. La criminalización del aborto en el P. del S. 950 incluso pospone el acceso a un aborto a una menor, obligándole a un trámite judicial. El retraso de 10 días para que el tribunal resuelva (Ibid, Art. 10, p. 14-15), no toma en cuenta el tiempo, dinero y recursos adicionales que requiere ir en revisión hasta el Tribunal Supremo de PR y EE.UU., burlando acceder el servicio durante el primer trimestre del embarazo.

Por el peligro que representa de ser confirmado el juez Brett Kavanaugh al Tribunal Supremo de EE.UU., que con su voto erosione el caso de Roe v. Wade, en PR debemos trancar la posible impugnación de una ley retrógrada que podría abrir esas puertas. El fundamentalismo religioso sexista se pone al descubierto como la verdadera agenda del Senado de PR. Hay un vacío en cuanto a promulgar una política pública de educación sexual en las escuelas, incluyendo orientar sobre el derecho del disfrute de una sexualidad responsable, uso de métodos anticonceptivos y acceso a los mismos. El control sobre nuestra salud reproductiva es lo que nos viabiliza a las mujeres el acceso igual a la educación, insertarnos en el mercado de trabajo remunerado desarrollándonos profesionalmente. ¡Quien crea en la igualdad, debe proteger el derecho al aborto!