Juez

En una excelente definición sintetizada de lo que puede ser considerada como la doctrina del derecho penal del enemigo (DPE), el profesor Rodrigo Ríos Álvarez la establece como una manifestación del derecho que se caracteriza por una rebaja de las barreras de afectación de las garantías fundamentales, adelantamiento de las barreras de punibilidad y un marcado rigor punitivo, dentro de otras características que dan vida a esta polémica forma de entender el ejercicio de la fuerza estatal. En Puerto Rico dicha definición muy bien puede ser adaptada a la discusión política, incluyendo la que es realizada públicamente por analistas, “analistos” y comentaristas del quehacer político. En cuanto a la persona como ente creado por el derecho, nos refiere Gunter Jakobs a que “si ya no existe la expectativa seria, que tiene efectos permanentes de dirección de la conducta, de un comportamiento personal —determinado por derechos y deberes— la persona degenera hasta convertirse en un mero postulado, y en su lugar aparece el individuo interpretado cognitivamente”.

En ese aspecto aquí en Puerto Rico podríamos teorizar sobre una doctrina de “la política penal del enemigo” (PPE), en la que hemos caído como sociedad en un relajamiento de las barreras del rigor evidenciario, intelectual y fundamental de los planteamientos que se realizan en la política y en la discusión pública del País. En ese aspecto basta con visualizar al otro como un enemigo para que todo lo que se tenga que decir sobre este públicamente parta de una presunción de incorrección, rechazo, mala fe y corrupción en cuanto a su persona. Basta con que se vea ese otro como adversario o como enemigo político para simplemente hablar y dirigirse respecto a él sin ningún rigor y concluir que todo lo que haga o salga de su boca es malo. No basta con eso, sino que, además, hay que manifestarle rechazo en cada ocasión en que se le vea o sea posible. Esto último se magnifica en la contemporaneidad con la existencia y uso de las redes sociales. De esa manera se renuncia a la vitalidad del debate público profundo de las ideas, socavando así los pilares fundamentales de democracia.

Bernd Schünemann, profesor de la Ludwig-Maximilians-Universität München, realza los rasgos característicos del DPE de Jakobs, indicando —como primero de dichos rasgos— que en él se presenta una anulación de la posición del sujeto de derecho de todos aquellos ciudadanos que hayan sido caracterizados como enemigos por algún representante del poder estatal. En la PPE de Puerto Rico se presenta la anulación del discurso de esa persona al que cierto grupo haya denominado como enemigo y se le pretende borrar de la discusión política del País. Esa degradación sistémica de todo lo que diga en la discusión política aquel al que se le ha categorizado como enemigo, tiene el propósito de despojarle de todo derecho a ser escuchado. El resultado final ha sido un marco jurídico legal deficiente y un entorno administrativo de la cosa pública degradado por carencia del punto de vista de todos los sectores a la hora de evaluar sus aprobaciones y ejecuciones. Teniendo ello como consecuencia el Puerto Rico que vemos cada día al salir el sol; un Puerto Rico, pobre, desigual, subdesarrollado, cercano a un estado primitivo tribal. Con la agravante de que cada día será más difícil reclutar el talento necesario para manejar los asuntos político-administrativos por temor de que al saque sean declarados “enemigos”.

En ese aspecto, los antes mencionados del quehacer mediático han sido y serán, además, responsables por el nivel de deterioro administrativo y político que sufre el País. De no cambiar esos estilos y madurar como en las sociedades desarrolladas, estaremos condenados por siempre a la miseria. La discusión pública de la política del País no puede continuar centrada en el adelantamiento de las barreras de punibilidad y un marcado rigor punitivo. Esa realidad es lo que lleva a un desfase entre la conciencia y la ejecutoria entre los actores políticos puertorriqueños. Son muchos los que en privado admiten un punto de vista como el correcto y adecuado, pero en la práctica actúan de manera contraria al mismo. Tenemos que acabar con la Política Penal del Enemigo.