Manifestaciones

En la última de una imprevista serie de columnas que describen, contextualizan y analizan los eventos extraordinarios de las últimas tres semanas en Puerto Rico, quisiera ofrecer una serie de sugerencias a manera de otorgarle continuidad al movimiento orgánico que, desde la esfera pública, provocó una sacudida sustancial al poder público. La misma pretende instar a la continuidad del movimiento ciudadano, amplio, diverso, firme, de seguir ocupando un lugar prominente, desde lo político, para empujar a la “élite” político-partidista al lugar que le corresponde en virtud, no solo de la carta magna, la constitución colonial, sino del consentimiento de los gobernados. Es decir, nosotros, el pueblo de Puerto Rico.

A medida que pasa el tiempo y el golpe de las sacudidas va amainando, la cotidianidad asoma su faz. Esto no necesariamente es algo malo, todos tenemos obligaciones académicas, laborales y familiares que ocuparán nuestro tiempo llegado agosto. Pero sí podría constituir la coyuntura sobre la cual la clase política —me refiero a gobierno y oposición— retomaría, como ya lo está haciendo, el control de los procesos. El momento es delicado y su fugacidad produce hechos y movidas a finales de la semana pasada que pretendieron ante todo subvertir tanto la institucionalidad como la constitucionalidad del País, precaria como es.

Tuvimos ante la mirada incrédula de la voluntad colectiva una secuencia trágica de eventos formulados desde el poder y que contribuyeron al actual ámbito de incertidumbre. Tras la renuncia, el ahora exgobernador Ricardo Rosselló aprobó una serie de nombramientos y contratos (en tiempos en que la Junta de Control Fiscal evalúa y objeta cada respiro gubernamental) de manera deliberada e imprudente, a sabiendas de que seríamos nosotros, no él, los que tendríamos que lidiar con su último acto. Claro, no nos debe extrañar, el lastre de nombramientos a último minuto está embebido en la cultura gubernamental. Rojos y azules se lo han permitido —y se lo hemos permitido—, es la perversión viciosa del bipartidismo cerrado que tanto damnifica nuestro sistema político (producto de la nefasta ley electoral) y menoscaba el simulacro de democracia contenida en la ley suprema (la Constitución). Es la misma disposición perversa que produjo el nombramiento en receso de Pierluisi como secretario de Estado.

No fue el único disloque, el Senado evadió su responsabilidad fiduciaria, no solo de cumplir con su rol de “consejo y consentimiento”, sino que al aplazar los trabajos de evaluación, permitió la usurpación del poder. Me temo que detrás de ello siempre hubo intención de lanzarle el dilema a la rama judicial. Igualmente, presenciamos una Cámara baja que evaluó el nombramiento del licenciado Pedro Pierluisi, sin ninguna documentación, salvo una declaración jurada, dando su aval al timo que presenciamos el 2 de agosto. Fuimos también testigos de la ascensión de un gobernador ilegítimo que se justificó a sí mismo montando una apología férrea de un estatuto, que ya sabemos, era de validez cuestionable. Al final, prevaleció la prudencia en términos relativos, nunca se debió haber permitido la controversia en primer lugar.

Entonces, ¿qué hacer? Primeramente, el pueblo convocado debe asumirse como tal permanentemente, presto siempre a arrebatarle en las calles, en el espacio público, el consentimiento. Que sepa la clase política que no tiene carta blanca para gobernar ni arbitraria, ni mezquinamente. Precisamos de incomodar a los políticos profesionales, vacíos de sustancia, de manera irreverente e insolente. Tanto gobierno como oposición cuentan con nuestra docilidad e indiferencia para sostenerse; no más. Si no podemos convocar nuevas elecciones, debemos entonces incomodarles, importunarles, en cada instancia de tiempo que les queda en el gobierno, hasta la renovación del mandato electoral. Si las asambleas de pueblo que se convocaron tanto en Caguas como en la placita de la urbanización Roosevelt son un indicio, precisamos de procurar crear un listado de reivindicaciones, no solo para otorgárselas a los políticos, que de seguro, creyéndose dueños exclusivos del poder público, las archivarán, sino para apropiarnos de ellas como plataforma política perenne y mecanismo de presión hasta el cumplimiento pleno de las mismas. No limitemos la ocupación de las calles a sacar a los indeseables que nos gobiernan. Formulemos agendas sociales, políticas, económicas, culturales, producto de la participación directa y múltiples consensos para empujar a los partidos tradicionales a mirarnos las caras contrariadas, deseosas de salir del abismo, para compelerles a asumir sin miramientos el bien común.