Andrea Ruiz Costas

Imagen de Andrea Ruiz Costas. >Facebook

Los asesinatos de Andrea Cristina Ruiz Costas y de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, aunque en hechos separados, son fruto del mismo flagelo letal de la violencia de género y del mismo estado de indefensión institucional en que se encuentra la mujer en una sociedad eminentemente machista y patriarcal.

El País está atónito por las circunstancias que rodean el secuestro y muerte de Keishla y por lo cual fue acusado en la esfera federal el boxeador Félix Verdejo.

Del mismo modo dolido está el País —y a la vez herido en la confianza en sus instituciones— por el asesinato de Andrea, ocurrido un mes después de que recibiera un “no ha lugar” en una sala del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, ante el cual solicitó una orden de protección contra su expareja. Tras ser hallado su cuerpo semiquemado, el individuo confesó el fatídico hecho.

Una tragedia que pudo haberse evitado con un mínimo de empatía y sentido del derecho en el lugar donde ella creyó podía encontrar amparo. Una presunta anormalidad, adversa a la víctima, primó en la vista, vía virtual, presidida por la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, que fue denunciada en una grabación telefónica privada por Andrea, días después de su fallido intento de obtener protección para su vida.

Eso nos lleva a respaldar las medidas tomadas por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, al reasignar directamente a la Sala Especializada de Violencia Doméstica todos los casos de este tipo en la región de Caguas.

Es importante el hecho de que, junto a estas medidas, se haya iniciado una evaluación rigurosa de toda la documentación, información y grabación relativas a la cuestionada vista judicial.

La transparencia es clave para que se identifique todo lo que ha fallado y para que de esa evaluación seria con la participación del País, salgan los cambios que hay que realizar. En honor a Andrea y a todas las víctimas, en honor a la justicia, al deber y a la honestidad, la grabación de la vista debe hacerse pública de inmediato.

Divulgarla es una forma que tiene el tribunal de ayudar la práctica de la justicia, reparando la confianza que su propio proceder ha dañado.

Es obvio que en este caso “el Estado falló”, como justamente expresara el gobernador Pedro Pierluisi, recogiendo en sus palabras el sentir de la mayoría sensible del País.

Estamos precisamente en un estado de emergencia contra la violencia de género. Esa declaratoria solo inducirá a los cambios y rendirá los frutos deseados, en la medida en que —como proyecto de seguridad y transformación social— sea vinculante para las tres ramas de gobierno por igual.

Cuando alguno de esos poderes públicos no asume su parte con la empatía, urgencia y responsabilidad que demandan estos casos “de vida o muerte” —como los sufrimos casi a diario— el Estado renuncia al sentido de la justicia y al postulado de la ley.

Entonces termina ese Estado, no solo convertido en negador de la seguridad que por derecho requieren las víctimas y potenciales víctimas de esta crisis de violencia machista, sino también en propiciador de la expectativa de impunidad que envalentona y transforma en figura cada vez más letal al agresor.

La rama judicial desde ningún nivel puede convertirse en la nota discordante en esta gesta. No pueden ser opción ni la incompetencia ni el déficit de temperamento judicial.

En este campo la desidia cuesta vidas.