Violencia de género
>Suministrada

La Ley 54 del 1989, conocida como la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, tiene dos vertientes: civil y criminal. En su aspecto criminal define las acciones consideradas como delito. Entre estas están el maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante amenaza o restricción a la libertad y agresión sexual conyugal.

En lo civil permite al tribunal expedir órdenes de protección a favor de quien alegue ser víctima de violencia doméstica sin que sea necesario presentar un cargo criminal contra la otra parte.

Quien desee solicitar una orden de protección puede hacerlo en horas laborables acudiendo al tribunal más cercano. Fuera de horas laborables puede llamar al 911, o acudir a la Policía o a la fiscalía para que se comuniquen con el juez o jueza municipal que esté de turno para que atienda el caso. La persona completará una petición y el tribunal determinará si expide la orden en ausencia de la otra parte (ex parte) o si citará a las partes para una audiencia en el tribunal. Las órdenes ex parte se expiden por varias razones, entre estas cuando existe la probabilidad de que dar notificación a la otra parte pondría en riesgo inmediato a la parte peticionaria.

En casos citados o cuando se expiden órdenes ex parte, se citará a una segunda vista en sus méritos a la mayor brevedad posible para presentar testimonios y pruebas. Si se otorga la orden, se pueden incluir disposiciones tales como proveer un albergue a la víctima, suspensión o reglamentación de las visitas a los hijos, pensión alimentaria provisional, acomodo para vivienda, uso de vehículos y medidas de seguridad, entre otras determinaciones. Además, si existe prueba suficiente, se podría expedir una orden recíproca.

En su mayoría las vistas son atendidas en las salas municipales, donde el juez debe operar el sistema de grabación, tomar notas y escribir sus determinaciones. El alguacil de sala —nobles empleados públicos— tendrá a cargo la seguridad. Si la parte peticionada se “allana” o sea, acepta que se expida una orden en su contra, no será necesario desfilar prueba. En todo caso, el tribunal notificará a las partes por escrito.

De presentarse un caso criminal, se puede solicitar, además, una orden de protección provisional. El caso criminal continuará su curso en el Tribunal Superior y la vista de seguimiento sobre la orden de protección se citará ante el Tribunal Municipal. Violar una orden de protección es un delito grave y se puede ordenar el arresto de quien viole dicha orden.

En caso de que se desconozca el domicilio de la parte peticionada o no sea posible notificarle, se puede citar a través de edictos (sería bueno que se asignaran fondos para pagar por dichos edictos).

Sugiero respetuosamente que sería recomendable que hubiera un protocolo para los turnos fuera de horas laborables; que la fiscalía esté presente durante la vista criminal inicial aunque esto no es requerido; que cuando un caso criminal esté asociado a una petición de orden de protección ambas audiencias se atiendan en el Tribunal Superior para evitar duplicidad de esfuerzos y que se asignen fondos para que las partes estén representadas por abogados si es que carecen de recursos económicos. Esto se puede lograr asignando abogados de oficio y aumentando el número de intercesoras legales quienes acompañan a la parte peticionaria.

Lo cierto es que las órdenes de protección proveen mecanismos para prevenir desgracias y tragedias personales. Insto a cualquier persona que tema por su seguridad a buscar el amparo del tribunal. Encontrará personal adiestrado, que le proveerá la información requerida, teniendo en cuenta que estos casos deben ser tratados con empatía, voluntad de justicia y respeto hacia las partes.