Dinero

Las tensiones resultantes de la debacle fiscal que hemos vivido por más de una década nos han llevado a que le prestemos mayor atención a la rendición de cuentas por parte de los gobernantes y los funcionarios públicos y a replantearnos el papel de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones.

No cabe duda de que el complejo contexto de crisis político-institucional y de valores en que desarrolla sus funciones el sector público hace cada vez más necesario el que se desarrollen políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas y se diseñen marcos institucionales y de gestión para implantarlas y asegurar su efectiva ejecución y resultados.

La transparencia y la rendición de cuentas son principios de buen gobierno que fortalecen la gobernanza, las instituciones democráticas y el estado de derecho. Son prácticas de gestión complementarias, están aliadas, pero no deben confundirse. La transparencia es una precondición de la rendición de cuentas. El gobierno debe rendir cuentas para informar y explicar sus acciones. También debe transparentar la información como mecanismo de apertura para mostrar su funcionamiento y ser sujeto al escrutinio público.

La rendición de cuentas se refiere al deber del gobierno de responder y asumir la responsabilidad sobre los resultados obtenidos en la gestión pública. Es la obligación que tiene todo servidor público de responder públicamente, ante las exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en el ejercicio de la función que le ha sido delegada. Si los ciudadanos no tienen acceso a información fidedigna y adecuada de las acciones del gobierno y el Estado no garantiza la rendición de cuentas, existen mayores riesgos de que las instituciones públicas cedan a la corrupción.

En esencia, la rendición de cuentas tiene dos dimensiones básicas: por un lado, incluye la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y justificarlas públicamente y, por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos. Sin embargo, los resultados de los estudios realizados por diversas entidades internacionales revelan que solo el 20% de los gobiernos del mundo ofrece suficiente información a los ciudadanos para poder exigirle rendición de cuentas por el manejo del dinero público.

En el contexto de Puerto Rico vemos cómo los políticos y los funcionarios públicos enarbolan como bandera la transparencia y la rendición de cuentas como términos que están de moda, sin que sus acciones en la práctica los validen y sin distinguir su significado y su verdadera función en el sistema de gobernanza pública. La más reciente discusión del proyecto presupuestario es un vivo ejemplo de las debilidades de la rendición de cuentas que continuamos arrastrando. Nuevamente el proceso presupuestal careció de información, datos y estadísticas claros y precisos para sustentar la priorización de los programas y los proyectos que el gobierno se propone adelantar y viabilizar. Tampoco contamos con información que evidencie la inclusión de espacios de participación, no hay definiciones claras y precisas de conceptos y no se identifican los procedimientos, instrumentos y responsabilidades que orientaron la elaboración presupuestal.

Desde este punto de vista, es esencial mejorar el sistema y los procesos de rendición de cuentas gubernamentales para impulsar el crecimiento inclusivo y el desarrollo social sostenible. Contar con un buen gobierno y con instituciones que rindan cuentas mejora la gobernanza y permite crear un entorno atractivo para la inversión de capital y la creación de empleos. Las prácticas de rendición de cuentas contribuyen a la mejora de la prestación de los servicios públicos; a monitorear el desempeño y los resultados del gobierno y promover la gobernabilidad; a exigir transparencia y evitar la corrupción en el gobierno; a facilitar vínculos efectivos entre los ciudadanos y el gobierno; y a abrir espacios para la participación de los ciudadanos en los procesos de formulación de las políticas públicas.

Como ciudadanos responsables tenemos que exigir información completa relacionada y que contesten las siguientes preguntas: ¿cuáles son los ingresos que sustenta el presupuesto presentado? ¿Cuáles son las prioridades a atender? ¿Cuáles fueron las premisas que apoyaron las decisiones del presupuesto? ¿Cómo se relacionan las partidas asignadas con los resultados esperados? y ¿cómo se mide la efectividad en la prestación de los servicios?

La institucionalización de políticas de transparencia, así como el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas, son indispensables si queremos evitar los riesgos de una catastrófica y costosa involución. Urge que los gobiernos transparenten la información y rindan cuentas por los resultados de su gestión y que los ciudadanos participemos activamente en la solución y la toma de decisiones de los asuntos que nos afectan y fiscalicemos a nuestros gobernantes y funcionarios públicos.

Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

(1) Comentarios

Gardosh El viejo

Oigame que bonito escribe usted, si solamente un 5% de lo que dice fuera cierto esto seria un paraiso. Perdoneme pero despierte de ese sueño, aqui la corrupcion es la que manda. Habria que limpiar la casa completa ( gobernador, legislatura, alcaldes y la judicatura ) para poder comenzar desde cero y ahi si su puede hacer lo que usted propone.

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