Como un acto de justicia para los miles de hombres y mujeres que tienen sobre sus hombros el peso fundamental de la seguridad ciudadana, tiene que hacerse la asignación presupuestaria que permita la inclusión de todos los miembros de la Policía de Puerto Rico al sistema del Seguro Social.
Esa propuesta, que surge en medio de la incertidumbre que vienen viviendo los miembros de la Uniformada y otros servidores públicos con los golpeados sistemas gubernamentales de retiro, no debe estar sujeta a controversias. Por el contrario, debe ser llevada a feliz término.
En consecuencia y en un acto de buen gobierno, la Junta Federal de Control Fiscal, el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tienen el deber ministerial de ponerse de acuerdo, para que -ni más ni menos- sea habilitada para ello la partida que se requiere.
El temor de que ese esfuerzo se descarrile surge del hecho de que en el presupuesto certificado por la junta fiscal se consignan solo $14 millones, lo que nada más cubriría la aportación patronal para los uniformados con 40 años o menos de edad. Esta deficiencia debe ser subsanada porque para costear su aportación para la totalidad de los agentes, el gobierno de Puerto Rico necesita entre $28 millones y $30 millones, según los cálculos expuestos durante las vistas públicas de la Comisión de Seguridad del Senado.
Y más importante aun, hacer una transición de esa naturaleza a la seguridad social federal no puede conducir a dejar sin esa protección a un segmento de estos servidores públicos, como son el grupo de los que tienen más de 40 años de edad.
Las reglas del Seguro Social prohíben segregar. Prohíben cualquier medida o escenario en el que unos puedan acogerse a ese beneficio y otros no. Pero, aun cuando las normas federales no lo prohibieran, hacerlo sería institucionalizar el discrimen, en un momento crucial en el que más inclusión, oportunidades y reconocimiento de derechos necesitan nuestros policías.
Conscientes de esto, planteábamos a finales del mes pasado en este mismo espacio editorial la urgencia de especializar los recursos para el mejoramiento de los salarios, los beneficios y las condiciones laborales de nuestros policías. De la mano del asunto de los salarios y beneficios, llamábamos la atención sobre la necesidad de recursos que permitan el reclutamiento de más uniformados, en una coyuntura en que la institución sufre la pérdida de los que se han jubilado ahora ante el temor de que las pensiones que puedan recibir en un futuro sean más precarias que las proyectadas. Otros se han ido también en busca de mejor vida a distintas jurisdicciones de Estados Unidos.
Si algo impacta todo en nuestro diario vivir, es la seguridad. Impacta desde nuestra calidad de vida hasta el posicionamiento de nuestro país como destino turístico y de inversión.
Insistimos en que la junta fiscal y las autoridades estatales, en conjunto, deben hacer el ejercicio presupuestario para que se identifique y se asigne el dinero, con el propósito de que los policías tengan un panorama claro al ser consultados en referéndum sobre su cobertura bajo el Seguro Social.
Este proyecto cobra más importancia porque debe ser visto por el gobierno como la primera etapa de un proceso que culmine con la inclusión de todas las agencias en el Seguro Social, en aras de asegurar el futuro de nuestros empleados gubernamentales.
Advertimos que el dinero presupuestario debe moverse con prioridad, partiendo de que se está dirigiendo a atender una necesidad apremiante.
Tomen acción ya, con la seguridad de que con ello atenderán un asunto directamente relacionado con la calidad de la jubilación de quienes, a cada hora, exponen hasta sus vidas para garantizarnos el servicio esencial de la seguridad.
