Abogado

El 1 de enero de 2020 entra en vigor el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El reglamento impone, como regla general, que todo abogado en el ejercicio de la profesión preste hasta un mínimo de 30 horas de servicio pro bono al año. El reglamento invoca el poder inherente del Tribunal Supremo para reglamentar la profesión de la abogacía y de darle curso al deber ético-profesional impuesto por el Código de Ética Profesional. Añade la regla que “recae sobre el Estado el deber de garantizar el acceso a la representación legal a personas de escasos recursos económicos, como corolario al principio constitucional de igualdad ante la ley del Artículo II, Sección 1 de nuestra Constitución”.

Aun cuando uno pueda estar de acuerdo en términos generales con el ánimo y los propósitos que informan este reglamento, hay que advertir que el mismo levanta una serie de interrogantes que obligan a la reflexión, no tan solo sobre el sentido y alcance de varias de sus disposiciones —que inevitablemente invitarán la controversia durante su implementación—, sino también sobre los límites del poder de la Rama Judicial en un sistema republicano de gobierno. Como cuestión de rigor, hay que señalar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido el derecho constitucional de un acusado a tener representación legal en un procedimiento criminal. Los diversos programas de asistencia legal en todas las jurisdicciones de Estados Unidos —con sus correspondientes asignaciones presupuestarias por el Congreso y las respectivas asambleas legislativas estatales— responden a este requerimiento constitucional.

El reglamento viene a llenar el vacío de servicios legales gratuitos en casos civiles y, por supuesto, también los casos criminales, por abogados en la práctica privada. Hay que notar que ninguna otra jurisdicción en Estados Unidos tiene un reglamento que haga mandatorios los servicios legales gratuitos, aun cuando lo reconocen como una aspiración y como un componente ético ineludible en el ejercicio de la profesión.

En varias de las jurisdicciones estatales, y a nivel de Distrito Federal, se ha resuelto que un programa mandatorio de servicios legales gratuitos en casos civiles pudiera suponer una violación a la prohibición constitucional de la servidumbre involuntaria, de constituir una confiscación sin justa compensación del derecho de propiedad bajo un análisis del debido proceso de ley sustantivo, o una violación a la igual protección de las leyes. El interés legítimo de promover el acceso a la justicia no es por sí solo razón suficiente para echar a un lado otros principios constitucionales de igual importancia, máxime cuando se hace a la sombra del poder coercitivo del Estado.

Otros casos —los más— han resuelto que los tribunales tienen la facultad de regular la profesión legal por la naturaleza pública de sus servicios. El ejercicio de la profesión legal, señala esta genealogía casuística, es por la licencia que le conceden los tribunales supremos de cada Estado. Esta facultad se apoya —impropiamente, a mi juicio— sobre la doctrina de poderes inherentes.

Esta doctrina, la cual el Supremo invoca como base para justificar su reglamentación, tiene su origen en el “common law” inglés, y respondía en su momento a la necesidad de regular al “barrister” en sus comparecencias ante los tribunales de la Corona Británica. Desde el siglo XVIII los tribunales han invocado la doctrina de poderes inherentes para justificar su reglamentación de la profesión legal, aun cuando los supuestos históricos que la justificarán en Gran Bretaña ya no están presentes. Como han señalado algunos tratadistas, la doctrina de poder inherente no está concebida como una justificación para obviar otros principios constitucionales.

Desde la perspectiva filosófico-política, la idea de poderes inherentes es contraria a los principios democráticos y republicanos de gobierno que informan un gobierno de poderes limitados. En nuestro modelo constitucional los poderes que ejercen las tres ramas de gobierno derivan de la delegación de poderes hechas por el pueblo, único ente que argüiblemente tiene poderes inherentes en una democracia.

Lo anterior no significa que el Tribunal Supremo no tenga facultad de regular la profesión legal, sino que no debería ser bajo esta cuestionable figura jurídica. En efecto, los respectivos tribunales supremos están llamados a atender los casos y controversias que se les presenten, y de revisar la constitucionalidad de las leyes y reglamentos promulgadas, no tan solo por las otras ramas de gobierno, sino también las suyas propias. Tanto a nivel federal como estatal, la delegación de los poderes conferidos por sus respectivas constituciones a su Rama Judicial suponen de poderes implícitos para descargar sus responsabilidades. Es perfectamente entendible —y deseable— que el Tribunal Supremo regule el ejercicio de la profesión legal, ordenándola y dándole curso a sus funciones dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Claro, siempre bajo el imperio de la ley, y no a partir de atavismos monárquicos.