Capitolio

El Capitolio de Puerto Rico. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

La presidencia de la Cámara de Representantes contrató dos firmas de cabilderos republicanos para hacer trabajos innecesarios y sin importancia en la capital federal. Una de las firmas pertenece al famoso cabildero republicano Charlie Black, distinguido por exteriorizar en privado su recalcitrante sentir y pensar de derecha. Las firmas de marras son Fulcrum Public Affairs y Prime Policy Group, que facturarán $650 la hora. Algo inaudito en la situación de crisis fiscal que vivimos.

Este despilfarro de dinero no es nuevo en nuestra afectada economía. Cuando el proceso congresional de 1989 al 1991 para atender el asunto del estatus político, el entonces gobernador Rafael Hernández Colón llegó a decir públicamente que a los cabilderos del gobierno de Puerto Rico se les asignaría la tarea de cabildear a favor del Estado Libre Asociado. Igual que ahora, fue dinero público para propósitos políticos en perjuicio de los mejores intereses, necesidades y derechos del pueblo.

Desde hace años el gobierno de Puerto Rico es una industria de contratos activada luego de tomar posesión el nuevo gobernante refrendado en las elecciones. Tanto la rama ejecutiva como la legislativa han abierto el grifo para que de las arcas del erario salga dinero hacia los bolsillos de los grandes contratistas que siempre pasan factura luego de las elecciones. Todo debido a que desde hace años los donativos políticos a través de las actividades de recaudo y de otros métodos son una apuesta que hace el donante para asegurarse el premio de la contratación y el poder satisfacer la úlcera de la codicia.

A través de la historia, el Partido Popular ha sido consecuente en coartar la lucha por la igualdad en derechos civiles de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Su fundador, Luis Muñoz Marín, respaldó en 1960, en vistas congresionales para enmendar la Constitución de los Estados Unidos a los efectos de que los ciudadanos de Washington D.C. pudieran votar por el presidente con igual participación en el Colegio Electoral, la extensión de ese derecho a los puertorriqueños. Sin embargo, sus hijos son un recodo en la lucha por esos derechos. Se olvidaron del ciudadano, del puertorriqueño de carne y hueso, y se convirtieron en un partido folclórico abrazando conceptos antagónicos a los valores políticos del pueblo de Puerto Rico.

Desde finales de la década del cuarenta el Partido Popular ha tenido la costumbre de contratar cabilderos para adelantar sus agendas políticas. Es algo incomprensible cuando una delegación congresional de dos senadores y los correspondientes congresistas, según la población, serían los mejores defensores del pueblo y del interés público, por igual.

La subcultura del contrato tiene varias décadas en nuestra historia. Es una manera expedita para que un alicate político o familiar pueda hacer dinero sin mucho trabajo, y hay un compromiso tácito de contribuir al partido con el dinero que produce la contratación. Esta figura jurídica, que se ha convertido en palabra altisonante y vista con sospecha por la gente de la calle, aumentó de manera alarmante a partir de la gobernación de Pedro Rosselló.  Lo repugnante de todo es que cuando el partido del inversionista político gana de inmediato registran corporaciones en el Departamento de Estado que servirán de entes asesores en las agencias públicas.

En cambio, lo insólito de los contratos otorgados por la presidencia cameral es que no toman en consideración la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en la capital y la oficina de la comisionada residente, que tienen la responsabilidad de defender los asuntos locales. O sea, se trata de un dinero destinado a hacer lo que estas dos oficinas hacen y que por ley están destinadas a la defensa de los mejores intereses de los puertorriqueños.

Fue el representante José Aponte —un estadista de carta cabal consecuente en sus pronunciamientos— quien levantó la voz de alerta sobre este despilfarro de dinero. “Todas las movidas hechas por el presidente (Rafael ‘Tatito’ Hernández) apuntan a su aspiración a comisionado residente en el año 2024”, dijo. Con dinero del pueblo, por supuesto. El resto del liderato de su partido guardó silencio. Nadie salió en defensa del dinero público ni hizo pronunciamiento alguno. Lo que evidencia que el interés político siempre vence a la moral pública.

Igual que el PNP —tampoco exento de culpa—, el Partido Popular es de administración. Su fin es llegar al poder. Por deber favores de campaña se convirtió en esencia en una entidad clientelista que paga sus deudas políticas con contratos otorgados a los grandes intereses que invirtieron su dinero, sin nada importarle la enorme y evidente indigencia que padecemos.

Mario Ramos, Historiador