Fiscal federal hablará sobre la trata humana

 

De forma figurada, el tráfico humano para la venta de esclavas sexuales en los tribunales existe en Puerto Rico. A diario se canjean mujeres y niñas como esclavas sexuales a cambio de casi nada, y en ocasiones por nada. Rememorando la época de la esclavitud, en que se desembarcaba la “mercancía humana” en los muelles para venderlas como esclavas, a viva voz, una clase togada con su malletazo abre la sesión de compraventa en los tribunales. La angustia de nosotras las mujeres se desvaloriza, difuminándose entre las penurias de los(as) esclavistas entregándoles nuestras almas. “Sí, el patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo, es la violencia que no ves”. “El Estado opresor es un macho violador” (Lastesis, 2019).

Levantamos nuestra voz para derogar la política pública que desvaloriza la severidad de un acto tan abominable, incluso negándolo. Hay que erradicar las “penas agregadas en el concurso real de delitos” legisladas en el Código Penal de 2004, que posterior a haber sido derogadas con la aprobación del Código Penal de 2012, se incorporaron nuevamente por vía de la Ley 246-2014. Hay que prohibir el procesamiento criminal consolidado de agresores sexuales que perpetran violaciones repetidas, en contra de una o más víctimas, si ello obliga a que solamente la primera violación pueda acarrear la pena más alta, en menosprecio del sufrimiento de las demás.

Pueblo v. Acevedo Maldonado (193 DPR 270, 2015) es la voz de alerta en contra del discrimen sexista perpetuado por la Rama Judicial al dictar sentencias carcelarias. El “concurso real”… “comisión por ese sujeto de varios delitos independientes entre sí y un juicio simultáneo” (Ibid) usurpó el poder discrecional al tribunal sentenciador para imponer sentencias consecutivas en dos casos distintos de violaciones por parte de un mismo violador, obligándole a sentenciarle por una pena menor agregada. Como saldo final por mandato legislativo, el Tribunal Supremo de PR (TSPR) menospreció el dolor y agravio que sufren todas las víctimas de violación, favoreciendo que el convicto violador se beneficiaría de una sentencia agregada. En lugar de cumplir un máximo de 40 años —a razón de 20 años consecutivamente por los dos casos de violación a distintas víctimas— el violador solicitó que el dolor de una segunda víctima solo vale el 20% de la pena por cometer la primera violación; sumándole solo cuatro años. En lugar de una pena máxima de 40 años, abogaba por una pena que totalizara 24 años por ambas. No obstante, en un malabarismo interpretativo (Art. 79(c), Código Penal 2004), el TSPR concluyó que como la pena máxima posible para violación es 25 años, al sumarle el 20% o cinco años la sentencia agregada sería de 30 años.

“Así que bajo el escudo del ideal de rehabilitación”… “en casos como este en que las agresiones sexuales fueron parte de un mismo acto y plan”, “nuestro ordenamiento” valora “más la vida, seguridad, integridad y dignidad de la primera víctima de agresión sexual que la de una segunda, tercera o incluso cuarta víctima. De hecho, la pena máxima es la misma si viola dos víctimas o si viola a alguien más. Después de la segunda, ninguna víctima cuenta al momento de imponer la pena. Más aún, el Código de 2004 permitía el absurdo, al autorizar al tribunal a imponerle una pena mayor a una persona que agrede sexualmente a dos víctimas en actos separados que a una que comete esos dos delitos como parte de un mismo acto y plan” (Ibid).

Lo propio ocurrió en el caso en que el TSPR adoptó para la Isla la norma de los veredictos por jurados unánimes (Pueblo de PR v. Torres Rivera, CC-2019-0916, 8/mayo/2020) en que siete menores de edad fueron victimizadas sexualmente por el mismo maestro de matemáticas. Entre los once cargos radicados —tres por actos lascivos, un cargo por su tentativa y siete cargos por maltrato de menores— hubo un veredicto de culpabilidad emitido por mayoría del jurado en los tres cargos de actos lascivos, y por jurado unánime en los otros ocho cargos. Tomando en cuenta que la sentencia máxima para acto lascivo es un término de 15 años, (Art. 133, Código Penal 2012), anterior a la anulación de los veredictos por mayoría, al convicto se le impuso una pena global de 22 años y seis meses de reclusión.

En fin, hay que condenar, en lugar de condonar la esclavitud sexual. ¡Deroguemos el concurso real de delitos e imposición de penas agregadas!