capitolio

La importancia de la transparencia en la gestión gubernamental ha crecido en relación directa con el aumento de los actos de corrupción de las pasadas décadas. Donde impera la corrupción se ve amenazada la democracia, requisito previo para el desarrollo sostenible e inclusivo, el cual no es solo un objetivo en sí mismo, sino también el antídoto más eficaz contra la corrupción. Por tanto, sin transparencia es imposible propiciar el bienestar de la sociedad y lograr que la lucha anticorrupción sea eficaz.

La transparencia es algo más que la antítesis de la corrupción. Es un principio de política pública, una actitud, una filosofía que guía la conducta de los funcionarios públicos, propicia el crecimiento económico y el desarrollo social, y en definitiva constituye el mejor antídoto de la corrupción. Las prácticas de transparencia y rendición de cuentas garantizan a los ciudadanos el derecho a observar, entender y evaluar las decisiones y la conducta de los funcionarios públicos. En la medida que una entidad pública o empresarial sea más transparente más difícil será que ocurra la corrupción.

Sin embargo, la transparencia en Puerto Rico ha sido víctima de sí misma. El boicot de los gobiernos de turno para evitar que se institucionalice un sistema coherente de transparencia y rendición de cuentas que le ponga un detente a la corrupción y al inversionismo político ha tronchado las iniciativas gestadas desde 2013 por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa y por otros frentes para adoptar el marco jurídico y normativo que nos permita establecer los mecanismos para mejorar la gobernabilidad del País. El bloqueo del gobierno ha obstaculizado que los esfuerzos para educar y alfabetizar a los ciudadanos para que conozcan qué es la transparencia, para qué sirve y cómo se utiliza para equiparlos con el poder que tienen en la democracia han llevado a resultados muy pobres.

En Puerto Rico la corrupción en la gestión pública es uno de los rasgos que ha estado presente como una constante en el ejercicio del poder de los gobiernos, en complicidad con actores privados, estructurando y afirmando un sistema de privilegios y beneficios para el enriquecimiento privado, personal, de sus empresas, de familiares, de amigos y de los partidos políticos en los que militan. El discurso de demagogia política y de propaganda mediática del gobierno que pretende hacerle creer a los ciudadanos que su gestión es transparente y que no existe corrupción en el gobierno es altamente preocupante y engañoso. El uso que le han dado los partidos políticos y los funcionarios gubernamentales al principio de transparencia muestra cierto grado de utilitarismo y cinismo al conocer el despilfarro de recursos públicos que va desde las irregularidades en las contrataciones, el otorgamiento de sueldos preferentes, los contratos de publicidad a quienes corren sus campañas políticas y la negligencia y las irregularidades en el manejo de la emergencia por los desastres naturales que vivimos en 2017.

Estas situaciones continúan restándole potencial para que la transparencia florezca como una estrategia de desarrollo y un mecanismo regulador y fiscalizador de las acciones y resultados del gobierno y en consecuencia de obligatoriedad para la rendición de cuentas. Aún más preocupante es que algunos funcionarios la utilicen como bandera para esconder el mal uso de los recursos públicos, situación que solo propicia indignación social, y en ocasiones actúa como una especie de defensa por parte del ciudadano para justificar sus propias conductas deshonestas y actos de corrupción.

Nuestra sociedad sigue enfrentando en la corrupción un grave impedimento para avanzar en la mejora de la gobernanza pública, la consolidación de los derechos democráticos y de niveles de gobernabilidad que permitan el desarrollo sostenible. Como consecuencia, siguen deteriorándose las condiciones políticas, sociales y económicas que permitirían la implantación de políticas públicas que resuelvan con eficacia las principales necesidades sociales. La lucha efectiva contra la corrupción exige tres elementos esenciales: el más alto nivel de transparencia y divulgación en la vida política, administrativa y económica; una política anticorrupción estratégica, integral y coordinada; y una voluntad política firme y sostenida.

En última instancia la lucha para combatir la corrupción tiene que convertirse en un requisito para fortalecer la democracia. Una mayor transparencia se traducirá en mayor rendición de cuentas y por tanto en mayor confianza y credibilidad en la gestión de los asuntos públicos propiciando la inclusión social en la solución de los problemas que afectan la sociedad y la fiscalización de los recursos públicos. El momento es oportuno para que nos unamos en un rechazo enérgico contra la corrupción y exijamos cambios profundos de política pública para garantizar una gestión pública transparente.

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Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa