Junta Fiscal

En la foto Andrew Biggs, Antonio Medina, John Nixon, David Skeel y Arthur González. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

Algunos han criticado que esta Asamblea Legislativa haya aprobado el presupuesto del gasto público por este responder al Plan Fiscal planteado por la Junta de Supervisión Fiscal. Estas críticas, en su mayoría, están basadas en premisas falsas y son motivadas por la retórica política que termina por favorecer la permanencia de la Junta de forma indefinida en el escenario político del País.

A pesar de que, por razones políticas y jurídicas, Puerto Rico está subordinado a los designios de las leyes y jurisprudencia de los Estados Unidos, y que la Ley Promesa de 2016 impuso la Junta para establecer controles sobre el cumplimiento del gasto público y el repago a los inversores en bonos y acreencias del País, el presupuesto para el año fiscal 2021-2022 fue certificado incluyendo partidas que la Junta no había considerado y que esta nueva Legislatura añadió. Estas enmiendas reasignaron fondos para la Universidad de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas y garantizarán los salarios y pensiones de los empleados desplazados de la Autoridad de Energía Eléctrica a otras agencias públicas. Estas asignaciones tampoco habían sido incluidas en el documento proforma que sometió el gobernador Pedro Pierluisi y que ni siquiera fue considerado por la Junta de la que él mismo ha sido asesor y contratista.

Reconocemos que la existencia de la Junta, creada por la Ley Promesa, representa un poder exógeno sobre nuestro ordenamiento constitucional. Esta relación de subordinación es, indudablemente, reprobable, pero hasta que no la retemos y prevalezcamos, o cumplamos con lo estatuido en la ley para hacer finita la presencia de la Junta en el país, es el ordenamiento prevaleciente en nuestro contexto de gobierno.

Por encima del designio de Promesa, y distinto al desdén del gobierno de los pasados cuatro años y su Asamblea Legislativa que fue indiferente a cumplir con sus deberes constitucionales, esta nueva Legislatura aprobó el primer presupuesto que cumple con los requerimientos del referido estatuto. Esto significa que, de certificarse tres presupuestos consecutivos por la Junta exógena, Puerto Rico podrá recuperar su facultad constitucional de administrar los bienes públicos sin la intervención de dicho ente. Este trance debe servirnos, como gobierno y miembros de la Asamblea Legislativa, para establecer, por primera vez en mucho tiempo, las prioridades de política pública que deben regir el gasto del gobierno, con énfasis en atender las necesidades esenciales y prioritarias de nuestros ciudadanos en el marco de la sana administración pública, no para llenarle los bolsillos a los amigos o privilegiar a unos pocos.

Con el mismo compromiso, la nueva Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario por primera vez llevó su trabajo de forma presencial a veinte pueblos, ofreciendo orientación a las organizaciones sin fines de lucro, generándose sobre cien solicitudes adicionales a las de años anteriores. Al tiempo, se ha ampliado y estandarizado el sistema de auditoría y monitorización de esta comisión, para asegurar que las organizaciones sin fines de lucro que solicitan donativos cumplen cabalmente con los requerimientos de la ley. A pesar de no haberse aprobado la medida de donativos en la pasada sesión, pasará para aprobación en agosto, y muchas organizaciones pequeñas dedicadas a servir a nuestros viejos frágiles y a personas víctimas de violencia de género, entre otras similares, pudieron completar sus solicitudes y podrán recibir fondos legislativos para continuar su trabajo, que complementa eficazmente y con sensibilidad ese espacio tan necesario en nuestra sociedad.

Por encima de las críticas de los que favorecen el inmovilismo, el presupuesto propuesto por la Asamblea Legislativa certificado por la Junta es el primer paso que marca la salida de la Junta Fiscal de nuestro país, constituyendo esto un gran logro para Puerto Rico.