Corrección

Los últimos acontecimientos suscitados en las cárceles de adultos y los hallazgos contenidos en el recién divulgado informe federal sobre las instituciones juveniles deben ser detonante para poner en remojo —y someter a un radical tratamiento de rehabilitación— a nuestro sistema correccional.

No responder con la urgencia y acorde a la gravedad de los hechos oficialmente reportados sería normalizar el déficit de dirección y sería, también, endosar como válido el estado de inseguridad en los recintos penitenciarios del País.

Kimberly Tandy, nombrada monitora por el Tribunal Federal en el caso de violación de derechos civiles radicado desde 1994 por el Departamento de Justicia federal contra la Administración de Instituciones Juveniles, detalla en su informe todo un catálogo de incumplimientos con los protocolos que ponen en constante peligro la seguridad y la vida de internos y oficiales.

Como reseña en su edición de este martes EL VOCERO, en las únicas dos instituciones juveniles que quedan operando —en Ponce y Villalba— se registraron alrededor de 10 “perturbadores” incidentes que comprometen seriamente la seguridad, sin que fueran atendidos como dictan los protocolos y sin que hayan sido informados a la oficina de la monitora federal.

Entre los incidentes figuran intentos de suicidio con medicamentos, automutilación, agresiones entre jóvenes utilizando objetos punzantes y navajas de afeitar, intentonas de fuga y golpes a oficiales de custodia en medio de una pronunciada escasez de personal. De hecho, el informe da cuenta de que en cada uno de estos reclusorios de menores se necesitan cerca de 30 custodios adicionales y entre cinco y seis supervisores.

Esta profusión de incidentes se registró en ambas instituciones entre el 1ro de abril y el 30 de junio último, y nada indica que algo haya cambiado.

El documento presentado ya al tribunal señala entre los asuntos que requieren respuesta inmediata “la escasez crítica de personal…, problemas de clasificación…, escasez de personal siquiátrico, inquietudes respecto al aislamiento”, entre otros, todo lo cual ha dejado a la institución en incumplimiento.

Un diagnóstico mucho más crítico es el que arrojan las cárceles de adultos. Con una diferencia de días entre un incidente y otro, tres fatalidades se registraron al interior del sistema carcelario.

En medio de los cambios inexplicables y temerarios en los protocolos de seguridad, el oficial correccional Pedro Joel Rodríguez Mateo murió unos días después de ser atacado a golpes por un confinado que era trasladado sin esposas y solo —sin la ayuda de algún otro custodio— en la cárcel Las Cucharas de Ponce.

Luego el confinado agresor fue encontrado muerto en su celda unos días después.

Sin relación con este incidente, otro recluso perdió la vida en un caso sin esclarecer.

A todo esto, el secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón, solo ha respondido que “en las cárceles muere gente” y que los casos se investigan. Mientras se limitó a generalidades, sin ningún plan correctivo, en ocasión de su participación en una vista ante la Comisión senatorial de Seguridad Pública.

Sin que se obvie la existencia de contados programas de rehabilitación —en carreras técnicas, en las artes y otros— la realidad es que pese a los múltiples casos que se han sometido —como el de Instituciones Juveniles y el Morales Feliciano hace ya cuatro décadas— el sistema carcelario del País sigue sumergido en una crisis.

El pueblo espera una respuesta que restablezca el orden y la dirección, que le quite el mando a la dejadez y que instaure un ambiente seguro para internos confinados y custodios. Que el sistema siga por la libre es un peligro de marca mayor.

(1) Comentarios

Rafael Irizarry

¿De donde provendrá el dinero y a quien o quienes asignarán su administración? La práctica es asignar a cualquier pela gatos y no llevar a cabo auditorías ni investigaciones incisivas...

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