Último adiós a Arellys Mercado

En una emotiva ceremonia, familiares y amigos dieron esta semana el último adiós a la joven Arellys Mercado Ríos, de 34 años, quien fue asesinada en Villa Marina Boulevard, en Fajardo.

Puerto Rico no descansa ante el ajetreo cotidiano que trastoca nuestra conciencia social. Es sobrecogedor la variedad de asuntos que a diario se atienden en esta colonia en quiebra, cuyo destino fiscal se dilucida en el tribunal federal, y que escasamente hace un mes forzó la renuncia de su gobernante por su quiebra moral. Por un lado, poco duró la complacencia con la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico en defensa de una constitución colonial, para delinear la sucesión a la gobernación. La determinación sostiene el principio de que el partido político que prevaleció en las elecciones este cuatrienio mantiene el cargo del primer ejecutivo. Es decir, quien ocupa la vacante formó parte del equipo del renunciante gobernador. En lugar de criticar la constitución colonial, a menos que la gobernadora Wanda Vázquez Garced revoque las acciones y política pública de su antecesor Ricardo Rosselló Nevares, esta se ha convertido en objeto de crítica de ser la continuación administrativa de Rosselló Nevares.

Dentro de dicho marco constitucional, el pueblo no está satisfecho con solamente la renuncia de Rosselló Nevares. Para limpiar casa, el pueblo está vigilante que la gobernadora constitucional Vázquez Garced destituya a todos los participantes del “chat”. Del grupo #barbabrothers, faltan por remover a Ricardo Llerandi, director, Compañía de Comercio y Exportación, y Anthony Maceira, director, Autoridad de los Puertos. Además, se espera que la gobernadora paralice y revoque, entre otros, los acuerdos con bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y el propuesto Plan de Uso de Terrenos que flexibiliza la explotación de áreas protegidas de recursos naturales, en detrimento de los mejores intereses del pueblo. De nueva cuña está la advertencia reciente de parte del Tesoro de EE.UU. del cese de la anuencia contributiva federal para que Puerto Rico se beneficie del arbitrio (4%) legislado bajo el entonces gobernador Luis Fortuño Burset a las multinacionales foráneas (Ley 154, 2010). Ello representa un recorte de aproximadamente $1,800 millones (20%) del presupuesto del gobierno central. Por otra parte, hay quienes le exigen a Vázquez Garced adoptar una postura crítica cuestionando la constitucionalidad de la Junta Federal de Control Fiscal (JFCF) y que promueva la derogación de la ley Promesa (por sus siglas en inglés). Mientras ocurre este forcejeo político, no menos importante, hay que atender prioritariamente asuntos de seguridad, educación, salud, entre otros, que van al tuétano de la sobrevivencia en Puerto Rico.

En torno a la violencia que nos arropa, el País está cautivado por el derecho a observar por televisión la vista preliminar contra Jensen Medina Cardona. El imputado de asesinar a quemarropa a Arellys Mercado Ríos, el pasado 18 de agosto en una marina en Fajardo, ya no se puede esconder en la oscuridad de la noche. En un despliegue democrático, la tecnología facilita fiscalizar a quienes tienen en sus manos nuestra libertad y vida. La lupa diaria que se tiene sobre el funcionamiento de la rama legislativa se puede ampliar dignamente sobre la rama judicial. Quien no quiera ser fiscalizado en su ejercicio de poder en una democracia, no debe ocupar un puesto público, ni participar de sus trámites. Ello incluye no solo a los(as) fiscales, abogados(as) de defensa, sino a los jueces y juezas cuya función es presidir tribunales que en una democracia son públicos para su debido escrutinio. El pueblo tiene derecho a identificar el rostro y evaluar el comportamiento no verbal de los(as) testigos, y de quienes están a cargo de tomar la determinación judicial. Las juezas no son funcionarias anónimas. Si pesan amenazas de muerte contra estas, la administración de tribunales tomará las medidas correspondientes, pero no puede ser escondiendo su identidad.

En la vista preliminar en contra de Medina Cardona se estableció el requerimiento de la identificación del imputado como autor de los delitos y los elementos que les configuran; encontrándose causa por asesinato en primer grado y dos cargos por Ley de Armas. Tomando en cuenta de que el asesinato en primer grado requiere ser perpetrado “a propósito o con conocimiento” (Art. 93, Código Penal 2012, según enmendado), la prueba desfilada contra el acusado Medina Cardona, evidenció que tenía encima un arma, la sacó, la cargó con bala, le apuntó a la cabeza a la víctima y le disparó, a sabiendas que ocasionaría su muerte. No apuntó a sus pies, para amedrentarla. En el intento trillado de la defensa de responsabilizar a la víctima de su propia muerte por forcejear con el presunto asesino, le salió “el tiro por la culata”.

¡Arellys, la jueza María Rivera Corujo respetó tu memoria!